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MC lleva a la SCJN el blindaje de Nahle contra la revocación
El partido naranja impugnó los candados que la mayoría morenista añadió a la revocación de mandato en Veracruz. La Corte decidirá si el derecho ciudadano a evaluar a la gobernadora queda recortado o se restituye.
Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la reforma que la mayoría de Morena en Veracruz hizo a la revocación de mandato. El partido sostiene que los cambios al artículo 15 de la Constitución local blindan a la gobernadora Rocío Nahle. La Corte deberá admitir el recurso y resolver si esos candados limitan un derecho ciudadano rumbo a 2027.
Movimiento Ciudadano (MC) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la reforma que la mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz hizo a la revocación de mandato. El recurso, promovido dentro del plazo de 30 días naturales, busca tumbar las modificaciones al inciso B de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución local, que según el partido imponen candados para aplicar la medida contra la gobernadora Rocío Nahle.
La acción la firmaron el coordinador estatal Luis Carbonell de la Hoz, el secretario general Agustín Torres Delgado, el presidente del Consejo Estatal Dante Alfonso Delgado Morales y los legisladores Sergio Gil Rullán, federal, y Elena Córdova Molina, local. El partido sostiene que la reforma limita el derecho de la población a evaluar a sus gobernantes y decidir sobre su permanencia en el cargo. Carbonell planteó la disputa en términos de miedo: pidió a los morenistas "no tener miedo al pueblo de Veracruz" y afirmó que están "listos para que el pueblo mande".
El recurso desarrolla siete conceptos de invalidez. Entre ellos destaca la falta de consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas, argumento que MC considera afectado porque la reforma toca sus condiciones de participación. La impugnación no se limita al diseño de la revocación: cuestiona el procedimiento legislativo que la produjo. Ese flanco es relevante porque una consulta omitida es un vicio de forma verificable, mientras que el debate sobre los candados exige que la Corte entre al fondo del derecho a la participación.
Veracruz es una de las plazas donde el partido naranja busca consolidarse como oposición competitiva. La entidad gobierna con Morena y concentra conflictos visibles en salud y servicios, tema que MC ha explotado en el discurso público. La acción de inconstitucionalidad no es un acto aislado: se suma a una serie de frentes legales que el partido abrió en las últimas semanas contra decisiones de la mayoría morenista.
La lectura política
La acción cumple una función que va más allá del litigio. En la práctica, MC convierte un agravio institucional en plataforma de posicionamiento estatal, sin que exista todavía una candidatura formal ni una precandidatura registrada en Veracruz. El partido no postula a nadie con este recurso; construye el argumento de que Morena necesita blindarse porque teme la evaluación ciudadana.
El incentivo es doble. Por un lado, si la Corte admite el recurso y resuelve contra la reforma, MC obtiene una victoria jurídica con efecto político directo sobre Nahle. Por otro, aun si la Corte desestima, el partido conserva el rédito de haber defendido un derecho ciudadano frente a un gobierno que, según su lectura, lo recortó. La apuesta es que el costo de litigar sea menor que el beneficio de aparecer como el actor que pelea por la participación ciudadana.
El equilibrio interno también cuenta. La firma conjunta de dirigencia estatal y legisladores federal y local sugiere una operación coordinada, no una iniciativa suelta. Para MC, ordenar el discurso en Veracruz importa rumbo a 2027, cuando se renuevan gubernaturas y el partido busca capitalizar su distancia de las alianzas tradicionales. La acción envía señal a aliados y adversarios: el partido usa las instituciones para disputar el terreno que no controla.
El límite es claro. La SCJN no ha admitido el recurso ni resuelto el fondo. Nada garantiza que los candados sean declarados inconstitucionales. Y la revocación de mandato, aun sin reforma, exige cumplir requisitos de ley que no desaparecen por una sentencia favorable.
Qué sigue
La Corte debe admitir o desechar la acción de inconstitucionalidad. Si la admite, notificará al Congreso de Veracruz y al Ejecutivo estatal para que rindan informes, y fijará fecha para la audiencia o el proyecto de sentencia. El plazo y el sentido de la resolución son los próximos datos verificables. Mientras tanto, MC mantendrá el tema en su agenda estatal y el Congreso local podría defender la reforma argumentando que la revocación sigue vigente con requisitos adicionales.