MC propone quitar superpoderes al INE y exige transparencia en relevo de Taddei

La diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, presentó una propuesta para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y retirar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) las facultades de contratación y fiscalización en compras, para que sea el Consejo General el que las asuma de forma colegiada. La iniciativa, que toca el artículo 45 de la ley, también plantea que el pleno designe a los directores ejecutivos y a los titulares de unidades técnicas, además de definir el nombramiento de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.

El movimiento no es solo técnico. Ocurre en plena discusión sobre quién sustituirá a Guadalupe Taddei Zavala al frente del INE, y la legisladora lo vinculó explícitamente con ese proceso: exigió que la selección se haga con transparencia, imparcialidad y sin quedar bajo el control de los partidos políticos. Ballesteros Mancilla sostuvo que el Comité Técnico de Evaluación debe integrarse con expertos, ser vigilado por universidades y ciudadanizar el proceso, porque de lo contrario se repetirá un perfil afín al régimen.

La propuesta también responde a una acusación de fondo. La diputada afirmó que el régimen de Morena aprovecha espacios institucionales para desviar recursos mediante perfiles colocados en cargos directivos, y citó el caso de Taddei: “pudo nombrar a sus directores financieros, a sus secretarios técnicos, a sus funcionarios, contratar a quien quisiera”. Es una acusación política, no una resolución judicial, y así debe leerse: no existe en la evidencia aportada una sentencia o dictamen que confirme esos señalamientos.

El paquete incluye devolver al Consejo General las facultades de fiscalización y administración financiera para blindar los mecanismos de control institucional. En la práctica, la iniciativa busca revertir la concentración de atribuciones en la presidencia del INE que, según la legisladora, facilita el manejo discrecional de recursos y nombramientos. El diseño actual permite que la presidencia contrate y fiscalice sin contrapesos internos suficientes, y la propuesta busca que esas decisiones pasen por el pleno.

Ballesteros Mancilla recordó la postura de MC contra el proceso de insaculación de 2023, cuando la bancada naranja sostuvo que los perfiles postulados tenían afinidad con Morena. Ese antecedente importa porque el partido ya había cuestionado la ruta de integración del INE y ahora intenta fijar una posición pública antes de que se defina el relevo.

La lectura política

El movimiento de MC cumple una función práctica: coloca a la bancada naranja en posición de condicionar el relevo en el INE y de marcar distancia de Morena en un tema de alta visibilidad. No es una candidatura ni una precandidatura; es un posicionamiento legislativo con consecuencia institucional. La iniciativa no cambia por sí sola la correlación de fuerzas, pero sí ordena el debate y obliga a los demás grupos a pronunciarse sobre el alcance de las facultades presidenciales del INE.

El incentivo es doble. Por un lado, MC busca capitalizar el desgaste de Taddei y presentarse como el actor que exige transparencia en el árbitro electoral. Por otro, la propuesta de colegiar contratación y fiscalización reduce el margen de maniobra de quien llegue a la presidencia del INE, sea quien sea. Eso envía una señal a aliados y adversarios: el partido quiere reglas que impidan que el próximo titular reproduzca el modus operandi que atribuye a Morena.

El límite es claro. La evidencia no permite afirmar que la iniciativa prosperará ni que el relevo ya esté decidido. Tampoco confirma las acusaciones de corrupción contra Taddei. Lo que sí muestra es que el proceso de sustitución se está politizando y que MC intenta fijar condiciones antes de que el Comité Técnico de Evaluación y la Cámara de Diputados definan la ruta.

Qué sigue

La iniciativa deberá dictaminarse en comisiones de la Cámara de Diputados, donde MC no tiene mayoría. El proceso de selección de la nueva presidencia del INE depende de la integración del Comité Técnico de Evaluación y de los plazos que defina la Junta de Coordinación Política. El punto verificable será si el Comité se integra con perfiles académicos y ciudadanos, como exige MC, o si prevalece una lógica de cuotas partidistas. También queda por verse si la propuesta de retirar “súper poderes” a la presidencia del INE se discute junto con el relevo o se posterga.