RUTA 27 · MEDIUM
Mier pide que la corrupción en el INE no opaque la ruta electoral de 2027
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado separa las indagatorias administrativas del operativo de casillas, pero evita respaldar las voces que piden cárcel para Guadalupe Taddei.
Ignacio Mier pidió que las investigaciones por presunta corrupción en el INE se sancionen sin impunidad, pero sin manchar ni distraer los preparativos de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi 20 mil cargos. Evitó sumarse a quienes piden cárcel para Guadalupe Taddei y admitió que, sin mayoría, el relevo podría resolverse por insaculación.
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, fijó este lunes una frontera política: las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) deben investigarse y sancionarse "sin impunidad, sin privilegios", pero esas indagatorias no deben manchar el proceso electoral ni desviar la atención de los preparativos de 2027. La declaración no es un respaldo al organismo ni una condena a su titular, Guadalupe Taddei: es un intento de administrar el escándalo sin que contamine la elección que renovará 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi 20 mil cargos de elección popular.
Mier sostuvo que la elección de 2027 "está garantizada" y que los problemas administrativos deben seguir el camino legal, sin impunidad ni privilegios. La frase funciona como contención: reconoce que hay un problema real —el video sobre presuntos acuerdos para repartir contratos, la revisión de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos internos del INE—, pero lo confina al terreno administrativo y judicial. Al mismo tiempo, evadió respaldar a quienes, como el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, piden cárcel para Taddei. Esa abstención no es neutralidad técnica: es cálculo político sobre hasta dónde conviene escalar el conflicto.
El senador morenista también propuso una revisión profunda de los procedimientos de contratación, adjudicación y licitación en el INE. A su juicio, las reglas construidas desde la reforma electoral de 2014 favorecieron la centralización de recursos y generaron condiciones que podrían beneficiar a determinados proveedores. La propuesta desplaza la discusión de la persona de Taddei hacia el diseño institucional: si el problema son los procedimientos, la salida no es una cabeza sino una reforma administrativa. Ese encuadre le permite a Morena reclamar transparencia sin cargar con la defensa de una funcionaria cuestionada.
Sobre el relevo en la presidencia del Consejo General, Mier dijo que debe seguirse el procedimiento constitucional, con evaluación de perfiles y la intervención de la Cámara de Diputados y del comité técnico. Pero reconoció que, si no se alcanza la mayoría requerida, existe la vía de la insaculación o tómbola. Ese reconocimiento es la parte más relevante de su intervención: admite que el mecanismo de reemplazo puede resolverse por sorteo, es decir, que la negociación política podría no alcanzar para designar a un perfil de consenso.
Mier diferenció los cuestionamientos financieros del trabajo de organización, capacitación y recepción de votos, y reconoció la labor del personal profesional del instituto y de más de un millón 300 mil ciudadanos que participan en las jornadas electorales. La distinción no es menor: separa la integridad del operativo electoral de la conducta de sus administradores, y permite defender la elección sin defender a la gestión.
La lectura política
El movimiento de Mier cumple una función práctica: ordenar el conflicto interno de Morena alrededor del INE sin que el desgaste se traslade a la elección de 2027. El partido enfrenta un dilema. Si respalda con fuerza a Taddei, hereda el costo de las presuntas irregularidades. Si se suma a las voces que piden cárcel, contribuye a desacreditar al árbitro que organizará la elección donde Morena aspira a conservar la mayoría en Diputados y a ganar gubernaturas. La salida que ensaya Mier es intermedia: exigir sanciones sin impunidad, pero acotar el daño al terreno administrativo.
En la práctica, la declaración funciona como una operación de contención política, no como una candidatura ni una precandidatura. Mier no está posicionándose para un cargo electoral con este pronunciamiento; está administrando una crisis que podría afectar la elección. Su incentivo es preservar la gobernabilidad del proceso y evitar que el escándalo se convierta en el eje de la campaña de 2027. La señal que envía a aliados y adversarios es que el INE puede ser cuestionado, pero no desmantelado.
El equilibrio interno también importa. Mier ha respaldado antes al INE y ha llamado a evitar descalificaciones que minen la confianza ciudadana. Ahora reconoce la gravedad de las indagatorias, pero evita la escalada. Ese doble movimiento —reconocer el problema y contener la solución— sugiere que la dirigencia morenista prefiere administrar el desgaste de Taddei antes que abrir una crisis institucional de consecuencias inciertas.
El límite de la lectura es claro: no hay evidencia de que Mier esté buscando una candidatura con este tema, ni de que exista una negociación para sustituir a Taddei por una vía específica. Lo que sí está documentado es su intención de separar la investigación administrativa del operativo electoral y de admitir la insaculación como escenario posible.
Qué sigue
La ruta verificable pasa por tres frentes. Primero, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos del INE deben pronunciarse sobre el video y los presuntos acuerdos para repartir contratos. Segundo, la Cámara de Diputados y el comité técnico tienen que evaluar perfiles para la presidencia del Consejo General; si no se alcanza la mayoría requerida, la insaculación aparece como escenario. Tercero, el INE deberá instalar más de 170 mil casillas para 2027, según las cifras que expuso Mier. El plazo real es el calendario electoral: cualquier definición sobre la presidencia del instituto tendrá que resolverse antes de que arranque formalmente el proceso.