Monreal y Haces negocian la presidencia del INE rumbo a 2027

La definición de quién presidirá el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó de ser un trámite parlamentario y se convirtió en una negociación política de primer orden. Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, y Pedro Haces, coordinador de Operación Política de la bancada, son quienes conducen las conversaciones para fijar la convocatoria y el procedimiento de selección de la próxima consejera presidenta. El dato no es menor: coloca la ruta del relevo en manos de dos operadores del partido mayoritario, no en un espacio arbitral entre fuerzas.

El contexto inmediato es una crisis abierta por señalamientos de presunta corrupción en la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE. Morena y el gobierno federal se han deslindado con rapidez, mientras la oposición exige explicaciones. En ese escenario, la negociación de la convocatoria adquiere una función doble: resolver el relevo y contener el costo político del escándalo. El PAN ha pedido candados estrictos para evitar perfiles ligados al actual gobierno y revertir las facultades especiales que el Congreso otorgó a la presidencia del INE en octubre de 2024, cuando se permitió a esa figura designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

El diseño institucional ya inclina la balanza: el Comité Técnico de Evaluación estará integrado por cinco personas, tres designadas por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, la mayoría legislativa tendrá participación determinante en el órgano que evalúa a las aspirantes. Monreal ha hablado de consenso, unanimidad e imparcialidad, pero también ha dejado abierta la puerta a los mecanismos legales si no hay acuerdo, lo que en la práctica remite a la insaculación, el mismo recurso que llevó a Taddei al cargo en 2023 tras la falta de mayoría calificada.

El antecedente importa porque fija un precedente verificable: aquel proceso fue legal, pero cuatro de los cinco finalistas mantenían cercanía con Morena, y el resultado quedó rodeado de cuestionamientos opositores. La discusión actual no solo define un nombre; define si el INE recupera autonomía o si el nombramiento se convierte en otra negociación entre grupos políticos.

La lectura política

La mancuerna Monreal-Haces funciona como el centro de gravedad de una decisión que ordena el árbitro electoral de 2027. Monreal aporta la conducción formal de la Jucopo y el discurso del consenso; Haces, la operación política interna de la bancada. Juntos buscan mantener cohesión en la mayoría legislativa mientras negocian con los demás grupos parlamentarios. El incentivo es claro: quien controle la convocatoria y el método puede influir en el perfil de la próxima presidencia del INE sin cargar públicamente con el costo de una imposición.

No se trata de una candidatura formal ni de un acto de campaña, pero la negociación coloca a Morena en posición de decidir el perfil de quien organizará los comicios de 2027. Es una precandidatura de facto, no de una persona, sino de una lógica de control. La diferencia entre el nombre formal de la figura —consejera presidenta— y la función política que cumple en la práctica es decisiva: el cargo es técnico, pero su designación es un acto político que redistribuye poder entre partidos y dentro del propio bloque oficialista.

El equilibrio interno también pesa. La crisis Taddei obliga a Morena a deslindarse sin perder capacidad de decisión. La oposición, con el PAN a la cabeza, intenta convertir el relevo en una oportunidad para revertir los poderes especiales de 2024. En medio aparece Manlio Fabio Beltrones, senador independiente, con una propuesta para devolver al Consejo General del INE la decisión colegiada sobre nombramientos y exigir aprobación para contratos superiores a diez millones de pesos. La iniciativa recupera controles eliminados, pero no resuelve por sí sola la integración del Comité Técnico ni los criterios de evaluación.

La señal que envía la negociación a aliados y adversarios es que el relevo del INE se procesará como acuerdo entre grupos políticos, no como un ejercicio de autonomía ciudadana. Si el mecanismo termina en insaculación o en un reparto de cuotas, el costo político recaerá sobre la credibilidad del organismo ante 2027. Si, en cambio, se acuerdan criterios transparentes y se revierten las facultades especiales, el proceso podría convertirse en una oportunidad de recuperación institucional.

Qué sigue

Monreal ha calculado que el procedimiento tomará alrededor de cinco semanas, con un nombramiento posible entre el 6 y el 7 de diciembre. La aprobación de la convocatoria se ha aplazado en más de una ocasión por falta de consenso, y el PAN ha presentado propuestas de modificación. El siguiente paso verificable es la emisión de la convocatoria y la integración del Comité Técnico de Evaluación. También queda pendiente el destino de la iniciativa de Beltrones y de los candados que exige la oposición. La pregunta de fondo no es solo quién presidirá el INE, sino bajo qué reglas se elegirá y qué margen de autonomía conservará el organismo para 2027.