RUTA 27 · HIGH
Taddei y ocho plazas del INE ligadas a contratos de papelería
Reportes internos ubican personal pagado en la oficina de la presidencia del INE en entidades donde el proveedor Alfredo Hernández Casillas tenía contratos. La Auditoría Superior de la Federación ya revisa al órgano de control interno.
Una investigación periodística reporta que Guadalupe Taddei habría usado al menos ocho plazas de la oficina de la presidencia del INE para personal no visible en funciones, algunas como enlaces en Campeche y Morelos, entidades donde empresas de Alfredo Hernández Casillas atendían contratos de papelería electoral. Taddei renunció en octubre y el INE enfrenta 19 renuncias y auditorías cruzadas rumbo
La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, habría dispuesto de al menos ocho plazas en la oficina de la presidencia para personal que no se le veía ejercer funciones, algunas de ellas colocadas como enlaces en entidades donde empresas del proveedor Alfredo Hernández Casillas tenían contratos de papelería electoral que atender. La revelación, atribuida a fuentes de la que fue su oficina, no es un detalle administrativo: toca el punto donde se cruzan nómina, contratación y geografía electoral del organismo que organizará los comicios de 2027.
El reporte describe pagos de 55 mil pesos mensuales a un empleado en Campeche y 80 mil a otro en Morelos, entidades donde las empresas de Hernández Casillas tenían contratos de papelería electoral ya salpicados por acusaciones de fraude y desvío de recursos. El caso más visible es el de Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer en la oficina de Taddei, aunque excompañeros sostienen que nunca ejerció esas funciones, que realizaba otra persona identificada como Luis Alberto Bustamante. Navarrete Torres tenía representación legal en las empresas del proveedor al mismo tiempo que cobraba en el INE.
El patrón que emerge no es el de una plaza aislada, sino el de una estructura de nómina que funcionaba como interfaz entre la presidencia del INE y los territorios donde el proveedor operaba. El reporte añade que, aun después de renunciar a su puesto de jefe de oficina, Octavio Grijalva siguió cobrando 90 mil pesos mensuales durante al menos seis meses, y que las plazas de personal no visible iban de 38 mil a más de 90 mil pesos. La oficina de la presidencia del INE tiene asignados poco menos de 70 millones de pesos para 2026 entre salarios, materiales y servicios.
La evidencia disponible no permite afirmar que Taddei ordenó personalmente cada colocación ni que exista una resolución administrativa que acredite responsabilidad individual. Lo que sí está documentado es la coincidencia entre plazas, entidades y contratos, y la existencia de investigaciones en curso. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió auditores al edificio Zafiro del INE para revisar a los auditores del Órgano Interno de Control (OIC), en un gesto que revela desconfianza hacia la investigación que el propio OIC hará sobre Taddei.
La lectura política
El movimiento práctico aquí no es una candidatura ni una precandidatura: es la disputa por el control del aparato administrativo del INE en el momento en que se define quién lo presidirá y cómo se organizará 2027. Taddei ya renunció a la presidencia en octubre, pero su huella organizativa sigue operando: 19 renuncias de funcionarios cercanos a su gestión, según reportes acumulados, y un padrón de proveedores bajo revisión. La pregunta política de fondo es si el INE podrá reconstruir la cadena de confianza entre consejeros, área administrativa y proveedores antes de que arranque el proceso electoral.
El incentivo de los actores es claro. Para quienes impulsan la renovación del INE, cada revelación sobre plazas y contratos amplía el margen para exigir una presidencia con perfil distinto y para condicionar la designación a una limpieza administrativa. Para quienes defienden la gestión taddeísta, el costo es que cada nuevo dato refuerza la narrativa de opacidad. Para los partidos, el cálculo es doble: les conviene un árbitro creíble de cara a 2027, pero también les conviene que la crisis no se traduzca en una renegociación de reglas que altere sus expectativas.
La ASF auditando al OIC del INE es una señal de que la rendición de cuentas ya no se resuelve dentro de la institución. Ese desplazamiento importa porque, en la práctica, coloca la investigación fuera del control de los propios consejeros y abre la puerta a que instancias externas fijen plazos y estándares. Rumbo a 2027, el riesgo verificable no es solo reputacional: es que la revisión del padrón de proveedores y las auditorías retrasen decisiones operativas del proceso electoral.
Qué sigue
La ASF continúa la revisión en el edificio Zafiro y el OIC del INE mantiene abierta la investigación sobre Taddei. El proceso de designación de la nueva presidencia del INE, que ya se discute en el espacio legislativo, deberá resolverse antes de que el calendario electoral de 2027 exija un árbitro plenamente operativo. El padrón de proveedores sigue bajo revisión y el plan emergente de compras avalado por el Consejo General marca el ritmo de las siguientes decisiones. Cualquier resolución del OIC o de la ASF será el próximo punto verificable para medir si la crisis se cierra o se profundiza.