Moreira exige remover consejeros electorales y auditar el padrón rumbo a 2027

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, exigió la remoción de funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de los consejeros electorales designados por legisladores de Morena y sus aliados, además de una auditoría al padrón electoral y a las credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral (INE). La demanda no es un trámite: coloca en el centro del debate público la integridad del árbitro a menos de un año del arranque formal del proceso de 2027.

Moreira sostuvo que "está cuestionado todo el sistema electoral de este país" y que cada día se conocen "nuevas transgresiones al Estado de derecho". Su exigencia incluye llamar a cuentas "a todos los rápidamente", con el argumento de que los señalados podrían abandonar el país o destruir información. Planteó que la salida debería provenir de "un gran acuerdo nacional" y tratarse como "un tema de Estado".

El paquete de exigencias abarca tres frentes: la remoción de funcionarios locales, la revisión de la designación de consejeros y la auditoría al padrón, las credenciales y los datos biométricos. Sobre este último punto preguntó si se vulneraron los sistemas de seguridad, quién tiene la información de los ciudadanos y si alguien más cuenta con material para fabricar credenciales de elector.

El legislador vinculó esas irregularidades con la operación política del oficialismo. Afirmó que "quienes manipularon las licitaciones también se entrometieron en la designación de miembros de las OPLEs y también manosearon el padrón electoral". Y advirtió que en 2027 su partido no solo competirá contra Morena: "vamos a competir contra el narcotráfico" y "contra el árbitro ahora".

La exigencia se produce en un momento de alta tensión institucional. La bancada del PRI ya anticipó su voto contra la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Consejo General del INE, y junto con PAN y Movimiento Ciudadano presentó iniciativas para retirar facultades unilaterales a la presidencia del organismo en designaciones y gasto. El PRI también impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resoluciones que le ordenaron retirar mensajes que vinculan a Morena con el crimen organizado.

La lectura política

La exigencia funciona, en la práctica, como una ofensiva política antes que como una solicitud técnica: busca deslegitimar por anticipado la integración del árbitro y preparar el terreno para impugnaciones en 2027. No es una candidatura ni una precandidatura; es un posicionamiento de oposición que apunta a instalar la idea de que el proceso venidero nace viciado.

El incentivo es doble. Por un lado, Moreira capitaliza el desgaste del INE para cohesionar a su bancada y a la oposición en torno a una bandera compartida: la defensa del voto. Por otro, la demanda de remover consejeros elegidos por legisladores oficialistas traslada el conflicto al terreno de la composición política del árbitro, donde el PRI no tiene mayoría para imponer decisiones.

El equilibrio interno del partido también cuenta. Moreira combina la exigencia de auditoría con la promesa de una alianza opositora en los 300 distritos, lo que sugiere que el discurso sobre el árbitro busca ordenar la competencia electoral y no solo denunciar. La señal para aliados y adversarios es clara: el PRI quiere colocar la integridad electoral como eje de campaña.

El límite es igual de relevante. Hasta ahora no existe una resolución administrativa o judicial que acredite las irregularidades que Moreira denuncia; sus afirmaciones son acusaciones políticas. La auditoría al padrón y la remoción de funcionarios locales requerirían decisiones del propio INE, del TEPJF o de una mayoría legislativa que el PRI no controla.

Qué sigue

El calendario electoral marca la pauta. La elección de la nueva presidencia del INE y la definición de la convocatoria son los próximos puntos de conflicto, donde el PRI anticipó voto en contra. En paralelo, las iniciativas para limitar las facultades de la presidencia del INE deberán discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados. Las impugnaciones ante el TEPJF sobre los mensajes que vinculan a Morena con el crimen organizado siguen pendientes de resolución. Y la exigencia de auditoría al padrón no tiene aún una ruta institucional definida: falta saber si el INE la admite, si el TEPJF la ordena o si queda como demanda política sin cauce formal.