RUTA 27 · MEDIUM
Morena mide con encuestas sus coordinaciones en BC rumbo a 2027
La dirigencia nacional confirmó que la selección de coordinadores municipales y distritales en Baja California se hará principalmente por encuestas, con acuerdos de consenso como válvula de escape. El método ya generó una inconformidad interna que Montiel buscó contener.
Morena definirá a sus coordinadores municipales y distritales en Baja California mediante encuestas, anunció Ariadna Montiel en Tijuana. El mecanismo aplicará en todos los municipios salvo acuerdos de consenso y será la vía principal rumbo a 2027. La dirigencia enfrenta ya una inconformidad de la diputada Evangelina Moreno por la integración de la encuesta estatal, que Montiel zanjó sin reabrir la
Morena definirá a sus coordinadores municipales y distritales federales en Baja California mediante encuestas, un mecanismo que la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, presentó como la vía principal para ordenar su estructura territorial rumbo a 2027. La decisión se anunció en Tijuana y abarca todos los municipios del estado, con la posibilidad de que los aspirantes alcancen acuerdos de consenso antes de llegar a la medición.
El anuncio no es un trámite menor. En un estado donde Morena gobierna y donde se renuevan presidencias municipales y distritos federales en el mismo ciclo, la selección de coordinadores funciona en la práctica como una precandidatura de facto: define quién controla la estructura, quién moviliza y quién queda colocado para competir por una candidatura formal, que aún no existe ni ha sido registrada ante autoridad electoral alguna.
Montiel explicó que el procedimiento se apegará a las reglas internas del partido y que la encuesta permitirá que la opinión ciudadana tenga un papel central. La coordinadora estatal, Julieta Ramírez, aseguró que no favorecerá a ningún aspirante y que su responsabilidad será garantizar condiciones de equidad, además de llamar a evitar descalificaciones. La definición de perfiles, subrayó, corresponde a la dirigencia nacional.
La inconformidad que el método ya destapó
El anuncio llegó acompañado de una fisura interna. La diputada federal Evangelina Moreno cuestionó el procedimiento con el que se eligió la coordinación estatal, en particular porque la encuesta definitiva incluyó a dos mujeres y tres hombres. Montiel respondió que primero se hizo una encuesta telefónica de reconocimiento y luego una medición cara a cara, y que la convocatoria no establecía una integración paritaria en la lista de finalistas. Reconoció el derecho de la legisladora a acudir por las vías correspondientes, pero dejó firme la designación de Ramírez.
El episodio muestra el costo político del método: la encuesta no solo mide preferencias, también distribuye culpas y obliga a la dirigencia a administrar inconformidades sin reabrir lo ya decidido. Montiel sostuvo que conversó con Moreno para aclarar dudas, lo que sugiere una contención del conflicto más que una revisión del resultado.
En la misma conferencia, la dirigente nacional expresó su confianza en Ramírez ante señalamientos que la vinculan con personajes acusados de tráfico de drogas en Estados Unidos, y subrayó que cualquier asunto que amerite investigación debe ser atendido por las autoridades. También dijo que valora una posible denuncia penal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien la acusó de tener nexos con el narcotráfico, y rechazó los señalamientos en su contra al exigir pruebas. Sobre la alianza con el Partido del Trabajo, indicó que las conversaciones continúan, aunque avanzan lentamente.
La lectura política
La encuesta cumple una función de ordenamiento interno más que de arbitraje ciudadano: permite a la dirigencia nacional fijar el método, conservar la última palabra y desplazar la disputa por nombres hacia un procedimiento que ella misma controla. El incentivo es claro: en un partido con múltiples aspirantes por municipio, la medición ofrece un criterio aparentemente objetivo para decidir sin que la presidenta nacional tenga que negociar plaza por plaza. La cláusula de consenso opera como válvula: si el conflicto escala, la dirigencia puede cerrar un acuerdo sin desautorizar públicamente la encuesta.
Para Baja California, el movimiento envía una señal a aliados y adversarios: la estructura territorial se ordenará desde el centro, no desde el liderazgo estatal. Ramírez gana margen para presentarse como garante de equidad, pero pierde autonomía real sobre la definición de perfiles. Los aspirantes locales quedan colocados en una posición ambigua: son medidos antes de ser candidatos, y su capital político se cotiza en una encuesta cuyo diseño no controlan.
El precedente verificable es la propia designación estatal: la inconformidad de una diputada federal no reabrió la decisión. Eso anticipa cómo podría procesarse el resto de las mediciones municipales y distritales. También conviene precisar el límite: no hay aún candidaturas registradas, convocatoria publicada ni calendario electoral formal para estos cargos; lo que existe es un método anunciado y una aspiración en curso.
Qué sigue
La dirigencia nacional deberá precisar la convocatoria, las fechas de levantamiento y las casas encuestadoras responsables, así como el mecanismo exacto para validar los acuerdos de consenso. Queda pendiente saber si Evangelina Moreno agota alguna vía interna o jurisdiccional y si la conversación con el PT se traduce en un acuerdo de coalición antes del arranque formal del proceso de 2027. También está por definirse si la valoración sobre una denuncia contra la gobernadora de Chihuahua se concreta o se queda en declaración.