RUTA 27 · MEDIUM
Morena pide al INE revisar 27 años de contratos electorales
Citlalli Hernández solicita investigar a proveedores de materiales electorales y cuestiona la gestión de Lorenzo Córdova al frente del instituto. La petición llega a meses de que arranque formalmente el proceso rumbo a 2027.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pidió al INE profundizar la investigación sobre una presunta red de corrupción de 27 años en la contratación de materiales electorales y revisar gestiones anteriores, en particular la de Lorenzo Córdova. No es una denuncia formal ni una candidatura: es presión política de Morena sobre el árbitro electoral a meses del a
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, Citlalli Hernández, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) profundizar las investigaciones sobre una presunta red de corrupción que habría operado durante 27 años en la contratación de materiales electorales y revisar las gestiones de anteriores administraciones del instituto, en particular la de Lorenzo Córdova al frente del organismo entre 2014 y 2023.
La solicitud no es una denuncia formal ni abre por sí misma un procedimiento: es una exigencia política en entrevista. Hernández sostuvo que las filtraciones de audios atribuidos a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, abrieron la puerta a revisar un esquema empresarial más amplio, con proveedores que habrían simulado competencia en licitaciones de mamparas y papelería electoral. La dirigente habló de un posible oligopolio que concentró contratos y recursos públicos, y afirmó que el Órgano Interno de Control habría recibido 17 denuncias que, según su versión, se desecharon sin investigación profunda.
El señalamiento más directo fue contra Córdova: "Lorenzo Córdova sabía y tiene que responder", dijo. La petición también incluye revisar a los funcionarios que autorizaron y supervisaron esas contrataciones, no sólo a los titulares del instituto. Hernández aclaró que, desde su perspectiva, la situación no pone en riesgo la organización de los comicios, porque el INE tiene alrededor de 12 mil funcionarios y las casillas se instalan con ciudadanos.
El contexto importa: la petición ocurre después de que Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre de 2026, hecho que Hernández celebró públicamente. Días antes, el 2 de noviembre, la propia dirigente había aclarado que Taddei no es militante de Morena y negó estar defendiéndola. El hilo de las declaraciones dibuja una operación política sostenida: primero se celebra la salida de la presidenta del INE, luego se pide revisar a la administración anterior y, con ello, se desplaza el foco de la crisis del árbitro hacia los adversarios internos del morenismo.
La lectura política
En la práctica, la solicitud funciona como un posicionamiento de Morena frente al árbitro electoral en un momento delicado: el partido ya confirmó que contenderá en coalición con el PT y el PVEM en 16 de las 17 gubernaturas en disputa para 2027 y avanza en la definición de coordinaciones municipales y distritales. La dirigente que pide revisar los contratos es la misma que opera la selección de candidaturas.
Eso importa por tres razones. Primera: la presión sobre el INE no es neutral, porque el instituto organiza las elecciones y califica la legalidad de las coaliciones y candidaturas que Morena negocia. Segunda: al enfocar a Córdova, Morena traslada el debate de la corrupción electoral a la administración que le fue adversa políticamente, sin que exista aún resolución judicial o administrativa que confirme la red descrita. Tercera: al afirmar que las elecciones no están en riesgo, el partido intenta separar el desgaste del árbitro de la confianza en el proceso, algo que conviene a quien busca ordenar la sucesión de 2027 sin cargar con el costo de un INE cuestionado.
El incentivo es claro: Morena gana margen para presionar al INE y colocar el tema de la corrupción en la agenda antes de que arranquen formalmente las precampañas. Lo que pierde es la institución, que queda en una posición defensiva frente a señalamientos sin cauce procesal visible. No hay aquí una candidatura formal ni una precandidatura de facto: Hernández no aparece como aspirante a un cargo, sino como operadora política de la elección interna de su partido. La señal para aliados y adversarios es que Morena usará el desgaste del INE como argumento de campaña, y que la revisión de contratos puede convertirse en moneda de negociación.
Lo que falta para sostener una lectura más fuerte es la evidencia documental: no se conoce aún el contenido de las 17 denuncias, ni las resoluciones del Órgano Interno de Control, ni una investigación abierta por la autoridad competente contra las empresas señaladas. Sin esos elementos, la acusación es una declaración política, no una conclusión jurídica.
Qué sigue
- Revisar si el INE o su Órgano Interno de Control emite una respuesta formal a la solicitud y con qué alcance. - Atender la definición de las coordinaciones municipales que Morena prevé anunciar durante las próximas semanas y cerrar antes de finales de diciembre. - Observar si la Secretaría Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera amplían indagatorias sobre los proveedores señalados. - Verificar si las acusaciones escalan a una denuncia formal y si Lorenzo Córdova responde públicamente. - Seguir el calendario electoral: el INE debe arrancar el proceso federal 2026-2027 y el TEPJF podría recibir impugnaciones sobre la legalidad de las coaliciones.