Morena promete filtros anticrimen para 2027 sin decir cómo los aplicará

La dirigencia nacional de Morena reiteró que rumbo a las elecciones de 2027 no habrá candidaturas para quienes tengan antecedentes cuestionables o presuntos vínculos con la delincuencia, incluso si ganan la encuesta interna. La promesa, anunciada por la presidenta del partido, Ariadna Montiel, y por la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, plantea un filtro de elegibilidad que todavía no tiene mecanismo, criterios públicos ni responsable identificable.

El anuncio llega en un momento incómodo. Montiel sigue tocada por las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien la acusó —sin presentar pruebas— de haberse reunido con el narcotraficante Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano". La dirigente rechazó la acusación y respondió con anuncios de acciones legales por violencia política de género y calumnias. En ese contexto, la promesa de filtros anticrimen funciona también como respuesta política: coloca a Morena del lado de la limpieza interna justo cuando una adversaria intenta mancharle el expediente.

Hernández, al frente de la Comisión Nacional de Elecciones, precisó que las revisiones alcanzarán incluso a quienes ya fueron designados coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación. Ese es el punto donde la promesa se vuelve operativa: los llamados coordinadores son, en la práctica, la antesala de las candidaturas, aunque formalmente no lo sean. Si el filtro se aplica ahí, tiene consecuencias reales; si se queda en el discurso, se convierte en un sello de pureza sin llave.

El caso del senador Víctor Mercado Salgado, registrado para buscar la coordinación municipal en Cuernavaca, ilustra la dificultad. Mercado reconoció en mayo pasado haber recibido apoyo político de Mauro Rivera, Pablo Portillo y Horacio Zavaleta, tres personajes detenidos en la Operación Enjambre, estrategia de seguridad que investiga presuntos vínculos entre autoridades locales y redes criminales. Conocer o ser conocido de alguien no constituye delito, y nada acredita responsabilidad penal del legislador. Pero se suman auditorías a la secretaría de Movilidad que encabezó en Morelos y reportes periodísticos sobre presunta propiedad de once residencias en Cuernavaca. Son antecedentes públicos que, sin ser sentencia, permiten preguntas válidas.

La lectura política

El anuncio cumple una función de ordenamiento interno antes que una función jurídica. Morena no ha publicado un protocolo, una lista de supuestos, un plazo de revisión ni una instancia colegiada que resuelva impugnaciones. Sin esos elementos, el filtro es una declaración de intenciones que la dirigencia puede invocar de manera selectiva. Esa discrecionalidad es, a la vez, su fuerza y su riesgo: permite cerrar el paso a nombres incómodos, pero también abre la puerta a que la misma llave no abra todas las cerraduras.

El incentivo inmediato es doble. Hacia afuera, la promesa responde a la acusación de Campos y busca desactivar el tema del narcotráfico como eje de campaña. Hacia adentro, envía una señal a los aspirantes: la encuesta ya no basta. Quien gane un sondeo interno podrá ser coordinador, pero la candidatura formal dependerá de un filtro cuya aplicación no está reglada. Eso redistribuye poder hacia la dirigencia y la Comisión Nacional de Elecciones, que ganan margen para negociar, contener rupturas y medir lealtades en plazas estratégicas.

La distinción importa rumbo a 2027. Una coordinación municipal o estatal no es una candidatura registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero funciona como precandidatura de facto: ordena estructura, define territorialmente y coloca a una persona en posición de salida. Si el filtro se aplica con rigor a esos cargos, Morena habrá creado un mecanismo de selección anticipada. Si se aplica solo a los nombres débiles, el mensaje será que la pureza tiene jerarquías.

El precedente verificable más cercano es la propia Operación Enjambre, que desde finales de 2024 ha detenido a decenas de exservidores públicos municipales, principalmente en el Estado de México. Morena promete revisar lo que la fiscalía investiga, pero no ha dicho si usará expedientes judiciales, reportes periodísticos o criterios políticos para decidir. Esa ambigüedad es la que permitirá saber, cuando lleguen los nombres conocidos, si el filtro es un candado o un adorno.

Qué sigue

La Comisión Nacional de Elecciones debe definir el mecanismo de revisión antes de que avancen los registros para las coordinaciones estatales y municipales. No hay fecha pública para ese protocolo. El caso de Mercado Salgado en Cuernavaca será una primera prueba: aún no gana la encuesta ni es candidato, pero su registro ya obliga a explicar cómo se aplicará el filtro. En paralelo, sigue abierta la disputa legal entre Montiel y la gobernadora Campos por las acusaciones cruzadas. Y en la Cámara de Diputados continúa pendiente el relevo en la presidencia del Consejo General del INE, proceso que Montiel ha vinculado con la certeza jurídica del 2027.