Otálora: TEPJF llega desintegrado a calificar 17 gubernaturas en 2027

La exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora afirmó que el órgano que calificará 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y más de 19 mil cargos en 2027 llega desintegrado al proceso electoral, con dos vacantes en la Sala Superior y una docena en tribunales locales. La advertencia no es un diagnóstico técnico menor: el TEPJF es la última instancia que decide quién gana una elección impugnada y bajo qué criterios se reparten escaños y curules.

Otálora, quien concluyó su mandato de nueve años el 30 de octubre de 2025 y rechazó la prórroga que le ofrecía la reforma judicial, sostiene que el problema no empezó con la reforma de 2024. La Sala Superior nació mal en 2016, cuando el Senado modificó un transitorio para extender mandatos que la ley había fijado en tres y seis años. "Regresaron a tomar protesta, y desde ahí nació mal, porque no se puede rendir protesta dos veces", dijo en entrevista. A esa prórroga original se sumaron las de la reforma judicial y una adicional, además de la renuncia sorpresiva de Mónica Aralí Soto Fregoso en agosto de 2026.

El resultado es una Sala Superior incompleta y con una integración cuya legitimidad de origen está cuestionada por una de sus propias exintegrantes. A las dos vacantes se suma que cuatro magistraturas llegaron o permanecieron por prórrogas que Otálora califica de indebidas. La salida de Soto Fregoso, según la entrevista, ocurrió con "evidente molestia por la nueva integración de la sala", lo que confirma que la fractura no es sólo numérica sino política.

Otálora también advierte sobre las campañas adelantadas: "¿Qué va a pasar cuando vengan a impugnar una gubernatura cuando la ganó alguien que empezó su campaña ocho meses antes? ¿Cuál va a ser el argumento?". La pregunta importa porque en 2024 el tribunal validó procesos internos anticipados para la Presidencia, pero ahora el precedente se aplicaría a gubernaturas y ayuntamientos, donde el conflicto es más local y más difícil de contener.

La lectura política

El TEPJF no es un árbitro neutral en abstracto: es el espacio donde se resuelven las disputas que definen quién gobierna. Cuando la Sala Superior opera con vacantes y prórrogas cuestionadas, el costo no es sólo de imagen: es de margen de maniobra para quien controle la mayoría interna. Un tribunal incompleto y dividido es más vulnerable a la presión política y más proclive a resolver por bloques que por criterio jurídico, como ya ocurrió en 2024 con la sobrerrepresentación y la validación de procesos internos.

La salida de Otálora y la renuncia de Soto Fregoso dejan una Sala Superior donde el bloque que ella identifica como afín a la mayoría morenista conserva peso. La consecuencia electoral es directa: quien califique 17 gubernaturas en 2027 tendrá incentivos para resolver en favor de quien controle el poder político que lo nombró o lo prorrogó. Otálora no afirma que eso vaya a ocurrir; advierte que la estructura está dispuesta para que ocurra. La distinción importa: no es una acusación de parcialidad consumada, sino una alerta sobre el diseño institucional.

El mensaje rumbo a 2027 es que la integración del árbitro electoral es, en sí misma, un botín político. Las prórrogas y vacantes no son accidentes administrativos: son el resultado de negociaciones que ordenan lealtades y preservan equilibrios internos. Quien gane la disputa por integrar la Sala Superior gana también la capacidad de interpretar las reglas en la elección más grande de la historia reciente.

Qué sigue

El Senado tiene pendiente cubrir las dos vacantes de la Sala Superior; no hay fecha confirmada en la evidencia disponible. La renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales está fijada para el 6 de junio de 2027. En los tribunales locales hay una docena de vacantes sin resolver. El primer test verificable será cómo resuelve la Sala Superior las impugnaciones por actos anticipados de campaña en gubernaturas, un asunto que Otálora anticipa como el punto de mayor riesgo.