RUTA 27 · HIGH
PRI y PAN: renuncia de Taddei no basta, exigen investigar al INE
Los opositores piden a la FGR y a la ASF llegar al fondo del caso y advierten que la salida de la consejera presidenta no debe convertirse en impunidad. La sucesión en el árbitro electoral entra en terreno de negociación legislativa.
Dirigentes del PRI y el PAN calificaron de insuficiente la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y exigieron investigaciones de la FGR y la ASF, además de una sucesión transparente. El movimiento opositor busca convertir el escándalo en costo político para Morena y en palanca para influir en el relevo, a menos de un año del arranque formal del proceso electoral de 2027.
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) no cerró el caso. Dirigentes nacionales y legisladores federales del PRI y el PAN la calificaron de “insuficiente” y exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiguen los señalamientos que precedieron su salida. La oposición no quiere que la renuncia funcione como cortina: busca que el escándalo se traduzca en expedientes, sanciones y, sobre todo, en influencia sobre quien ocupará la presidencia del árbitro electoral rumbo a 2027.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, planteó el asunto como una lección para Morena: “Las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio del gobierno de Morena”, dijo. La senadora Claudia Anaya subrayó que el caso no debe quedar en la salida y recordó que Taddei fue la primera mujer en presidir el organismo y será la primera en dejarlo en medio de escándalos. La panista Lilly Téllez recuperó su propia exigencia de comparecencia, hace dos años, por el contrato a la empresa inmobiliaria Altasierra, presuntamente vinculada a la familia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, sostuvo que la renuncia “era impostergable” porque la permanencia de Taddei era “políticamente insostenible”, pero remarcó: “no basta con irse, exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política”. Su correligionario Héctor Saúl Téllez fue más lejos: acusó que “Morena promovió a Taddei y llegó la corrupción rapaz al INE”, pidió que la ASF llegue a fondo y que la FGR inicie una averiguación de oficio, y advirtió que la renuncia “no debe significar impunidad”. El diputado Emilio Suárez, representante del PRI ante el INE, afirmó que existe consenso entre distintas figuras para exigir que Taddei aclare los hechos y que haya sanciones.
La lectura política
El primer movimiento opositor no es jurídico, es de posicionamiento: instalar la idea de que la salida de Taddei es una salida política y no una rendición de cuentas. Si la renuncia se procesa sin investigación, el costo público se diluye; si la FGR y la ASF abren expedientes, el caso se convierte en un activo que la oposición puede administrar durante meses y usar en la negociación del relevo.
Ahí está el segundo incentivo. La sustitución de la presidencia del INE pasa por la Cámara de Diputados, donde ninguna fuerza tiene mayoría suficiente para imponer un perfil sin negociar. PRI y PAN buscan que el escándalo eleve el precio de esa negociación y les permita vetar nombres percibidos como cercanos a Morena. No es una candidatura ni una precandidatura: es una disputa por el control del árbitro que organizará la elección de 2027, con todo lo que eso implica en fiscalización, encuestas, debates y organización electoral.
El equilibrio interno de la oposición también cuenta. El PRI, golpeado por su propia crisis de credibilidad, necesita mostrarse como guardián de las instituciones; el PAN, con mayor presencia legislativa, busca capitalizar el tema sin quedar como socio del desorden. Ambos compiten por el mismo electorado que castiga la corrupción, y por eso la exigencia de “cero impunidad” se repite con distintos énfasis. La señal para Morena es clara: el costo político del caso no termina con la renuncia.
El límite de la evidencia es importante. Hasta ahora no hay resolución judicial ni dictamen de la ASF que acredite responsabilidades; las acusaciones son señalamientos públicos. La oposición exige investigaciones, no las ha obtenido. Y la renuncia, en términos legales, no equivale a una confesión ni a una sanción: abre un proceso de sustitución que aún debe resolverse conforme a las reglas del INE y de la Cámara de Diputados.
Qué sigue
El calendario inmediato pasa por la designación de una presidencia interina en el Consejo General y por la ruta legislativa para elegir al relevo. La FGR y la ASF tienen la pelota: si abren indagatorias o auditorías formales, el caso gana densidad institucional; si no, la oposición quedará con la exigencia pero sin el expediente. En la Cámara de Diputados, la negociación del perfil será la primera prueba de fuerza entre las bancadas y el gobierno. Y en el horizonte de 2027, la pregunta de fondo es si el INE recupera credibilidad o si la elección arranca con su presidencia bajo sospecha.