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PAN acusa censura en Naucalpan y lleva el caso a tribunales
La suspensión de un espectacular del diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera abre un frente legal contra el Ayuntamiento de Naucalpan y anticipa una disputa por el uso de facultades administrativas rumbo a 2027.
El Ayuntamiento de Naucalpan, gobernado por Morena, selló el viernes 23 de octubre un espectacular del diputado federal del PAN Iván Arturo Rodríguez Rivera. El legislador acusó censura, anunció una solicitud de información pública y revisa acciones legales. El caso mide cómo se usan las facultades administrativas municipales contra la oposición y anticipa un conflicto rumbo a 2027.
El diputado federal del PAN Iván Arturo Rodríguez Rivera acusó al gobierno de Naucalpan de censura luego de que personal del Ayuntamiento colocó sellos de suspensión en un espectacular suyo ubicado sobre Súper Avenida Lomas Verdes y Periférico Norte. La medida se ejecutó el viernes 23 de octubre; al día siguiente, el legislador anunció que presentaría una solicitud de información pública y que su equipo jurídico analizaba posibles acciones legales. Hasta ese momento, dijo, no había recibido una explicación clara sobre el fundamento de la suspensión.
El caso no es un trámite menor de imagen urbana. La disputa convierte una facultad administrativa municipal —el retiro de propaganda— en un conflicto político entre un legislador de oposición y un ayuntamiento morenista, y obliga a preguntar bajo qué norma se actuó y si ese criterio se aplicó por igual a todos los anuncios de Naucalpan. Rodríguez Rivera anunció que pedirá los documentos, reglamentos o resoluciones que sostuvieron la medida, así como el número de espectaculares suspendidos por el municipio durante 2026.
El legislador sostuvo que la autoridad municipal debía explicar bajo qué norma actuó y si ese criterio se aplicó de la misma forma a todos los espectaculares instalados en el municipio. “No me sorprende, pero sí me preocupa. Cuando a un gobierno le incomoda un espectacular, el problema no es el espectacular”, declaró. Rodríguez Rivera atribuyó un propósito político a la suspensión y acusó que el gobierno municipal utilizó sus facultades administrativas contra quienes cuestionaron su desempeño.
Según el posicionamiento del diputado, la suspensión ocurrió después de que el alcalde morenista Isaac Montoya difundió mensajes sobre paz y cercanía con la población. “El mismo día que presume paz y cercanía, manda tapar a la oposición. Eso no es cercanía, es abuso de poder. Y no me voy a quedar callado”, afirmó. Se trata de una acusación del legislador, no de una resolución judicial o administrativa que haya determinado que hubo censura.
Rodríguez Rivera también cuestionó las prioridades de la administración municipal. Señaló pendientes en calles, movilidad, servicios y seguridad, y reprochó que se destinara atención a la suspensión de propaganda política mientras persistían problemas cotidianos. “Naucalpan necesita orden, y el orden empieza por atender lo urgente. Orden también es aplicar la ley parejo, no usarla contra quien piensa distinto”, sostuvo. El diputado insistió en que la autoridad debe precisar si otros anuncios en condiciones similares recibieron el mismo trato.
La lectura política
En la práctica, el movimiento del diputado funciona como una ofensiva de posicionamiento más que como una candidatura formal. No hay registro de que Rodríguez Rivera haya anunciado una aspiración a un cargo específico en Naucalpan ni de que exista una precandidatura de facto. Lo que sí hay es un legislador que convierte una suspensión administrativa en una plataforma de confrontación con un ayuntamiento morenista, en un municipio clave del Estado de México.
El incentivo del legislador es claro: trasladar la discusión del terreno administrativo al terreno político y obligar al Ayuntamiento a documentar su criterio, lo que le permite reclamar selectividad si no aparecen expedientes equivalentes. El incentivo del municipio es igualmente identificable: si la suspensión se sostiene con un reglamento claro y aplicado de forma uniforme, el conflicto se desinfla; si no, la solicitud de información puede convertirse en evidencia de trato diferenciado.
El equilibrio interno del PAN en el Estado de México y la disputa por Naucalpan rumbo a 2027 explican parte del cálculo. Un diputado que logra instalar el tema de la censura en la conversación pública gana visibilidad frente a aliados y adversarios, y coloca al alcalde Montoya en posición defensiva. La señal para la oposición es que el uso de facultades administrativas municipales puede ser fiscalizado y litigado; la señal para el gobierno municipal es que cada sello de suspensión deja un rastro documental que puede ser solicitado.
El límite de la lectura política es preciso: no existe aún una resolución que acredite censura ni una candidatura registrada. Lo que existe es una acusación, un anuncio de solicitud de información y la revisión de acciones legales por parte del equipo jurídico del legislador. La diferencia entre el nombre formal de la figura —diputado federal— y la función política que cumple en este episodio es la de un actor que busca ordenar una disputa local con herramientas de transparencia y litigio.
Qué sigue
El primer paso verificable es la presentación de la solicitud de información pública ante el Ayuntamiento de Naucalpan, cuyo plazo de respuesta y eventual reserva o clasificación determinarán si el caso escala a una impugnación. El segundo es la definición del recurso legal que el equipo jurídico del diputado decida promover; Rodríguez Rivera no detalló qué recurso presentaría ni la fecha. El tercero es la respuesta del Ayuntamiento sobre el fundamento normativo de la suspensión y el número de anuncios suspendidos en 2026, dato que permitirá medir si hubo un patrón selectivo o una aplicación general. Sin esos documentos, la acusación de censura seguirá siendo una acusación.