PAN liga inhabilitación de Rivera con el arranque electoral de 2027

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Puebla, Marcos Castro, calificó como "muy extraño" que el escándalo por la inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez se haya dado a conocer en fechas cercanas al inicio del proceso electoral de 2027. La declaración, hecha antes de la sesión ordinaria del jueves, convirtió un asunto de fiscalización en un encontronazo político entre oficialismo y oposición en el recinto legislativo.

Castro sostuvo que llama la atención que la observación de la Auditoría Superior del Estado recaiga precisamente sobre uno de los cuadros mejor posicionados del panismo poblano. Sin afirmar que Rivera vaya a ser candidato, el legislador recordó que el exalcalde capitalino aparece bien colocado en las menciones para el próximo proceso y que se trata de un perfil que puede seguir aportando votos.

Del otro lado, el presidente del Poder Legislativo, Pável Gaspar, rechazó que exista persecución política contra Rivera y defendió el trabajo de la Auditoría Superior del Estado. Sostuvo que nadie está por encima de la ley y que la coincidencia de tiempos entre el informe fiscal y el calendario electoral es fortuita. El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, se deslindó: dijo que el gobierno no interviene en las sanciones y que el caso corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa. El dirigente del Partido Verde, Jaime Natale, acusó al exedil de sacar raja política, y la presidenta del PRI en Puebla, Xitalic Ceja, pidió evitar una "cacería de brujas".

El punto jurídico importa: la inhabilitación no es una sentencia firme y Rivera conserva la vía de impugnación. Esa condición permite a cada bando sostener su relato sin que un tribunal haya resuelto el fondo.

La lectura política

En la práctica, la inhabilitación funciona como un filtro de elegibilidad que se activa justo cuando el panismo poblano empieza a ordenar su oferta para 2027. No es una candidatura formal ni una precandidatura registrada: es una restricción que, mientras no se confirme o se revoque, deja a Rivera en posición de aspirante bajo sombra jurídica. Ese estatus ya redistribuye poder dentro del PAN, porque obliga a los demás cuadros a decidir si esperan la resolución o construyen una alternativa.

El incentivo de Castro es claro: al enmarcar el caso como escándalo oportunista, el PAN traslada el costo político del expediente al oficialismo y protege el capital electoral de su principal activo en la capital. El de Morena también: al presentarse como garante de la ley y no como adversario de un rival, el oficialismo conserva margen para que la sanción avance por vías administrativas sin cargar con la etiqueta de persecución. La descalificación del Verde y el llamado del PRI muestran que la oposición poblana comparte la lectura de un uso político del expediente, aunque con distinta intensidad.

La señal rumbo a 2027 es doble. Para los aliados del panismo, el mensaje es que la fiscalización puede convertirse en arma de competencia y que conviene blindar a sus perfiles con defensa jurídica temprana. Para los adversarios, que el calendario electoral ya opera como variable en decisiones administrativas. Ninguna de esas lecturas sustituye la resolución del Tribunal; mientras no exista, el caso seguirá siendo un activo de narrativa más que un hecho jurídico consumado.

Qué sigue

Rivera debe presentar su impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que revisa el expediente. La definición sobre la firmeza de la inhabilitación marcará si el exalcalde queda fuera o dentro de la contienda interna del PAN. En paralelo, el Congreso local discutirá la revisión de cuentas públicas de administraciones anteriores, incluida la de Rivera, lo que mantendrá el tema en la agenda legislativa y en la conversación electoral poblana.