RUTA 27 · MEDIUM
PAN lleva a la Fiscalía a alcaldes de Morena en Yucatán por proselitismo
La denuncia del representante panista ante el IEPAC apunta a tres presidentes municipales por actos partidistas en horario laboral. El expediente abre un frente legal que también es una disputa por el relato rumbo a 2027.
El PAN denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Yucatán a los alcaldes de Izamal, Ticul y Tekax, entre otros, por presuntamente hacer proselitismo en horario laboral y usar recursos públicos con fines partidistas durante un encuentro de Morena del 19 de octubre. La denuncia no acredita delito: abre una investigación que puede convertirse en presión política y en antecedente para la contienda de
El PAN llevó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán una denuncia contra los presidentes municipales de Izamal, Ticul y Tekax, entre otros, por presuntamente participar en actividades partidistas durante su jornada laboral y por el posible uso de recursos públicos con fines políticos. La denuncia fue presentada por Jorge Antonio Ortega Cruz, representante del PAN ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), y se refiere a un encuentro organizado el 19 de octubre por la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Carlos Bojórquez Urzaiz.
Los señalados son Melissa Mañe Puga Rodríguez, alcaldesa de Izamal; Humberto Parra Sosa, de Ticul, y Hervé Manuel Vallejos Sansores, de Tekax, además de otros ediles que la denuncia no detalla. La acusación no constituye por sí misma una resolución: la Fiscalía deberá investigar si los alcaldes asistieron al encuentro en horario de trabajo y si hubo conducta sancionable.
Según la denuncia, en la reunión se trataron asuntos internos del partido, como la incorporación de nuevos perfiles y los procedimientos para definir futuras candidaturas, y también se expusieron obras, programas sociales y resultados de las administraciones municipales. El representante panista cuestionó que los presidentes municipales destinen tiempo de su jornada a actividades partidistas mientras persisten demandas ciudadanas en sus municipios. El expediente invoca el artículo 134 constitucional, que obliga a los servidores públicos a aplicar los recursos con imparcialidad y sin fines partidistas.
Como pruebas, el PAN entregó videos, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas, con el propósito de que la autoridad determine si los alcaldes participaron en el encuentro durante su horario de trabajo. La Fiscalía tendrá que establecer si existen responsabilidades penales o administrativas; hasta ahora no hay imputación ni sanción contra ninguno de los señalados.
La lectura política
El movimiento del PAN funciona, en la práctica, como una ofensiva de doble filo. Por un lado, coloca en la agenda pública un tema de legalidad electoral y uso de recursos; por otro, es una maniobra de posicionamiento partidista en un estado donde Morena gobierna varios municipios clave. La denuncia no es una candidatura ni una precandidatura: es una acción de control político que busca instalar la sospecha antes de que el calendario electoral de 2027 ordene las candidaturas.
El incentivo del PAN es claro: construir un expediente público que desgaste a los alcaldes de Morena y que, llegado el momento, pueda usarse como argumento de campaña. El incentivo de Morena es contener el daño y demostrar que se trata de una acusación sin sustento. El equilibrio interno de Morena en Yucatán queda expuesto: la dirigencia estatal organizó un encuentro que, según la denuncia, mezcló asuntos partidistas con la exhibición de obras y programas sociales, lo que puede leerse como una precampaña de facto sin que exista aún candidatura formal.
La señal rumbo a 2027 es que la disputa por Yucatán se librará también en el terreno de la fiscalización y la denuncia. Quien logre instalar primero la narrativa de corrupción o de persecución política ganará margen de maniobra. El límite es claro: no hay resolución judicial ni administrativa que acredite los hechos; la denuncia es una acusación, no una condena.
Qué sigue
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deberá integrar la investigación, recabar las pruebas ofrecidas y determinar si cita a los alcaldes o si archiva el expediente. En paralelo, el IEPAC podría revisar si los hechos constituyen infracciones electorales, aunque la denuncia se presentó ante la Fiscalía y no ante el órgano electoral. No hay fecha pública para una resolución. El primer indicador verificable será si la Fiscalía admite la denuncia y abre una carpeta de investigación formal contra los señalados.