PAN pide auditar al contralor del INE por contratos electorales

La diputada federal del PAN Carmen Rocío González Alonso solicitó la comparecencia de Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. El objetivo: que explique, con expedientes en mano, las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el proceso de contratación de material electoral y que, según la legisladora, superan los mil millones de pesos.

La solicitud no es un trámite aislado. Llega en medio del anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del INE y coloca el foco no en quien se va, sino en el aparato de control interno que debió detectar y sancionar las irregularidades mientras ocurrían. La diputada sostiene que la renuncia de Taddei no basta y que la institución debe rendir cuentas antes de que el caso se cierre administrativamente.

González Alonso enumeró lo que, según la ASF, se habría encontrado en el INE: simulación de convenios, triangulación de recursos, conflicto de interés, operaciones con empresas factureras y firmas sancionadas por autoridades fiscales. También pidió que Carvente Contreras informe sobre la vinculación y situación actual de Jonhatan Navarrete Torres, prestador de servicios como chofer de Taddei y, a la vez, apoderado legal del corporativo ZEG, beneficiado con contratos y licitaciones del instituto. Y sobre José Alfredo Hernández Casillas, vinculado a empresas proveedoras de material electoral en varios estados, mismas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también investiga.

"Queremos que explique el estado probatorio, las auditorías y la apertura de expedientes de investigación por la posible red de conflicto de interés, la falta de rigor en los padrones de proveedores y los procesos licitatorios que han sido denunciados", planteó la legisladora. El punto político es que el OIC del INE es la instancia que debía actuar antes de que la ASF y la UIF llegaran al mismo terreno; su comparecencia expone si hubo omisión, lentitud o encubrimiento.

La legisladora advirtió que los señalamientos ponen en entredicho al instituto responsable de organizar las elecciones. "El INE no puede estar bajo la más mínima sospecha de corrupción, irregularidades o beneficios personales", dijo, y agregó un dato con consecuencia presupuestal: para 2027 se contempla una asignación al INE que casi duplicará lo aprobado en 2026.

La lectura política

El movimiento de González Alonso cumple una función práctica: traslada la discusión de la salida de Taddei —un tema de sucesión y equilibrio interno— al terreno de la fiscalización y la responsabilidad administrativa. Eso cambia el incentivo de los actores. Si el caso se procesa como una renuncia política, se resuelve con una negociación entre grupos y un relevo; si se procesa como una comparecencia con expedientes, el costo se distribuye entre el OIC, la Junta General Ejecutiva y los mandos medios que firmaron contratos.

Para el PAN, la solicitud es también posicionamiento: no requiere mayoría para convocar una comparecencia, pero sí para fijar agenda. En la práctica, funciona como una precandidatura temática: coloca a la diputada como la voz que vigila al árbitro electoral de cara a 2027, sin que exista aún una candidatura formal ni un proceso interno definido. El límite es claro: una solicitud de comparecencia no es una sanción, no abre por sí misma un procedimiento y no sustituye la resolución que, en su caso, emita el OIC o la ASF.

El equilibrio interno del INE queda expuesto. La salida de Taddei puede leerse como una salida ordenada o como una contención de daños; la comparecencia del contralor obliga a precisar cuánto sabía el órgano de control y cuándo lo supo. La señal para aliados y adversarios es que el costo de la elección de 2027 no se medirá solo en boletas, sino en la capacidad del INE para explicar sus contratos ante el Congreso.

Qué sigue

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción debe discutir y, en su caso, aprobar la solicitud de comparecencia; no hay fecha confirmada en la evidencia disponible. Si se aprueba, Carvente Contreras tendrá que comparecer y entregar el estado probatorio de las auditorías, los expedientes abiertos y la situación de los prestadores de servicios señalados. En paralelo, la ASF y la UIF mantienen sus propias investigaciones, y la renuncia de Taddei deberá procesarse conforme a las reglas del INE. El elemento que falta para una lectura más fuerte es la respuesta formal del OIC: sin ella, no puede afirmarse que hubo omisión institucional, solo que existe una solicitud para verificarlo.

Actualización

El hecho nuevo amplía la acción del PAN al incluir a Ricardo Monreal, quien también exige esclarecer irregularidades ante el Órgano Interno de Control del INE, sumándose a la presión por auditar al contralor Carvente. Leer el nuevo desarrollo.