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Partidos respaldan al IEPC Durango antes de la batalla por 25 curules
Los 11 partidos que competirán en 2027 expresaron confianza en el árbitro electoral estatal en pleno arranque del proceso. El respaldo llega mientras el instituto define un presupuesto con 154 millones para prerrogativas.
Los 11 partidos que competirán por las 25 diputaciones locales en Durango respaldaron al IEPC que preside Roberto Herrera Hernández durante una reunión de trabajo. El gesto ocurre tras el arranque formal del proceso 2026-2027 y mientras el instituto prepara un presupuesto con 154 millones de pesos para prerrogativas partidistas.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) reunió a las representaciones de los 11 partidos que competirán por las 25 diputaciones locales con su Consejo General. Los partidos expresaron respaldo y confianza en el organismo que preside Roberto Herrera Hernández, en un encuentro que buscó estrechar la comunicación de cara al proceso electoral 2026-2027, ya formalmente iniciado desde el 1 de noviembre.
La reunión no produjo acuerdos vinculantes ni resolvió controversias concretas. Su valor es otro: los partidos reconocieron públicamente el trabajo del árbitro electoral y se comprometieron a mantener comunicación permanente con él, en un año en que el instituto deberá organizar la renovación completa del Congreso local y administrar el dinero público que repartirá entre las fuerzas políticas.
El respaldo tiene un contexto material que conviene precisar. El IEPC contempla en su anteproyecto de presupuesto para 2027 destinar 154 millones de pesos a prerrogativas de los partidos con registro, cerca de 100 millones al gasto operativo ordinario y el resto a actividades del proceso electoral, según lo informó el propio Herrera Hernández. Quien reparte 154 millones de pesos entre 11 partidos no es un actor neutral en abstracto: es un administrador de incentivos que cada fuerza quiere cerca.
La composición del universo partidista también explica el tono del encuentro. Ocho partidos de registro nacional —PAN, PRI, Morena, PT, Verde, Somos México, PAZ y Movimiento Ciudadano— y tres locales —Villista, Encuentro Solidario y Regeneración— competirán en condiciones desiguales de estructura, militancia y financiamiento. Para los partidos pequeños, la relación con el árbitro electoral es casi su única palanca de visibilidad y equidad; para los grandes, es una vía para anticipar criterios de fiscalización, tiempos de radio y televisión y reglas de coalición.
La lectura política
El gesto funciona, en la práctica, como una señal de estabilidad institucional más que como una prueba de imparcialidad. Los partidos no respaldan a un árbitro porque confíen en su autonomía, sino porque necesitan que el árbitro no se convierta en un actor de la contienda. En un estado donde el Congreso local se renueva por completo, cualquier sospecha de parcialidad del IEPC se traduciría en impugnaciones, recursos ante el Tribunal Electoral y un desgaste que ninguna fuerza quiere cargar en 2027.
El respaldo también ordena el equilibrio interno del propio instituto. Herrera Hernández llega a este proceso con un anteproyecto presupuestal que ya generó conversación pública por el monto de prerrogativas. La reunión con los partidos le permite mostrar que su relación con ellos es de coordinación institucional, no de subordinación. Es una precandidatura de facto a la legitimidad: el presidente del IEPC se coloca en posición de árbitro reconocido antes de que empiecen las quejas.
Para los partidos, el cálculo es distinto según su tamaño. Los nacionales con estructura territorial usan el encuentro para medir la disposición del instituto a negociar criterios operativos. Los locales, en cambio, necesitan que el IEPC los trate como interlocutores válidos y no como invitados de segunda. La reunión no cambió reglas ni resolvió conflictos: fijó el tono de una relación que se pondrá a prueba cuando lleguen las candidaturas, las coaliciones y las impugnaciones.
El límite de la lectura es claro: no hay evidencia de que los partidos hayan condicionado su respaldo a decisiones específicas del instituto, ni de que el IEPC haya ofrecido algo a cambio. Lo que sí es verificable es que el respaldo se expresó en el mismo periodo en que el instituto define su presupuesto y arranca la organización de la elección más grande de Durango en el sexenio.
Qué sigue
El IEPC deberá concretar su presupuesto 2027, incluida la bolsa de 154 millones para prerrogativas, y publicar el calendario electoral con las fechas de precampañas, registro de candidaturas y campañas. Los partidos, por su parte, definirán sus coaliciones y perfiles para las 25 diputaciones. La primera prueba real del respaldo expresado será la fiscalización de los gastos de precampaña y la resolución de las impugnaciones que inevitablemente llegarán al Tribunal Electoral local.