PRI Coahuila mide a sus alcaldes y condiciona la reelección a resultados

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila comenzó a medir a sus gobiernos municipales para definir en qué ayuntamientos apostará por la reelección en 2027, informó el dirigente estatal del partido, Carlos Robles Loustanau. La decisión no es un trámite: la continuidad de los alcaldes priistas quedó condicionada a una evaluación de gestión y a las posibilidades reales de triunfo, no a la simple pertenencia partidista.

Robles Loustanau, también diputado, sostuvo que donde sea posible la reelección la habrá, pero aclaró que durante los consejos políticos municipales el partido está midiendo la respuesta hacia sus principales figuras y el desempeño de quienes actualmente gobiernan. El dirigente reconoció que un mal gobierno puede costarle una elección al partido, porque el electorado no solo toma en cuenta al candidato, sino también la gestión y la marca política que representa.

El PRI coahuilense se prepara para disputar las ocho diputaciones federales y los 38 ayuntamientos del estado. La apuesta declarada es ganar la totalidad de las posiciones en disputa: "Vamos por los ocho y por los 38", afirmó Robles Loustanau. En ese marco, el gobierno estatal de Manolo Jiménez Salinas es presentado por el dirigente como un activo electoral, y ese mismo criterio deberá aplicarse para determinar qué alcaldes tienen condiciones para buscar la continuidad.

Sobre las candidaturas a diputaciones federales, el dirigente dijo que aún no existen definiciones sobre los perfiles, pero que a partir del próximo mes comenzarán a revisar posibles candidaturas. En el escenario nacional, consideró que Morena podría perder gubernaturas en la próxima elección y ubicó a Nuevo León como una de las entidades donde observa al PRI con una posición importante rumbo al siguiente proceso electoral.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica clara: el PRI de Coahuila está construyendo un filtro interno para ordenar su oferta municipal antes de que la ley y los plazos electorales lo obliguen a definir candidaturas. Medir a los alcaldes en los consejos políticos municipales funciona como una evaluación anticipada de elegibilidad política, aunque todavía no constituya una candidatura formal ni una precandidatura registrada. Es, en los hechos, un mecanismo de selección anticipada que permite al partido conservar margen de maniobra y evitar compromisos prematuros con administraciones que podrían arrastrar costo electoral.

El incentivo del dirigente es doble. Por un lado, protege la marca partidista al desligar la reelección del derecho de antigüedad y ligarla al desempeño, lo que le permite negociar con alcaldes y aspirantes sin aparecer como el actor que bloquea aspiraciones. Por otro, envía una señal a los gobiernos municipales de que su continuidad depende de resultados y no de lealtades, lo que puede contener rupturas internas y medir lealtades en un estado donde el PRI gobierna y donde el gobernador Manolo Jiménez se perfila como el principal activo electoral.

La comparación con el gobierno estatal no es casual: al presentar a Jiménez como referente, el partido establece un estándar de evaluación que coloca al Ejecutivo estatal en el centro de la jerarquía política local. Eso fortalece la posición del gobernador como árbitro de la continuidad municipal, pero también lo expone: si los alcaldes evaluados no rinden, el costo político se distribuye hacia arriba. El límite de la lectura es que la evidencia no permite saber aún qué alcaldes serán medidos, con qué instrumentos ni con qué criterios exactos, ni si el partido tiene facultad formal para negar una reelección que la ley electoral permite.

Qué sigue

A partir del próximo mes, el PRI coahuilense comenzará a revisar posibles candidaturas a las diputaciones federales, según su dirigente. El partido deberá definir también, en sus consejos políticos municipales, qué alcaldes quedan en posición de buscar la continuidad y cuáles no. La ruta verificable pasa por esas definiciones internas y por el calendario electoral que las autoridades estatales y federales establezcan rumbo a 2027.