PRI exige investigar al INE y pone la mira en 2027

El coordinador parlamentario del PRI, Arturo Medina, exigió que se investiguen y sancionen posibles irregularidades y actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), incluida la gestión de su expresidenta Guadalupe Taddei, y advirtió que una renuncia no puede operar como vía para evadir responsabilidades. La demanda no es un trámite: coloca al árbitro electoral en el centro del debate público a un año del arranque formal del proceso de 2027 y obliga a las instituciones fiscalizadoras a pronunciarse sobre un organismo cuya credibilidad es condición de la contienda.

Medina sostuvo que los cuestionamientos por posibles conflictos de interés, contrataciones irregulares y manejo indebido de recursos públicos ameritan la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, en su caso, de la Fiscalía General de la República (FGR), ambas con independencia plena. El legislador pidió que las investigaciones no se limiten a la actuación de la expresidenta del organismo, sino que alcancen a cualquier funcionario, particular o empresa que pudiera estar involucrado. Hasta ahora no existe en la evidencia disponible una resolución judicial o administrativa que acredite los hechos señalados; se trata de una exigencia política de investigación, no de una sanción consumada.

El tono del planteamiento apunta a un problema de simetría. "La justicia no puede utilizarse para perseguir adversarios y proteger aliados", expresó Medina, al pedir que las autoridades actúen con el mismo rigor frente a cualquier señalamiento de corrupción, sin importar la filiación partidista ni la cercanía con el gobierno en turno. La advertencia sobre una justicia selectiva funciona como mensaje doble: al gobierno federal, sobre el uso político de las fiscalías, y a su propio partido, sobre el costo de quedar fuera del tema.

La lectura política

El movimiento de Medina cumple una función práctica antes que jurídica: instala al PRI como fiscal de la cancha electoral en un momento en que el partido negocia con el PAN una posible coalición rumbo a 2027 en Chihuahua. Quien exige transparencia en el árbitro gana posición para discutir después las reglas de la contienda, los tiempos de fiscalización y el terreno donde se medirán las alianzas. No es una candidatura ni una precandidatura: es un posicionamiento temático que busca margen de negociación.

Hay un incentivo adicional. La salida de Taddei del organismo deja un flanco abierto: si la investigación no prospera, el costo político recae en las autoridades fiscalizadoras; si prospera, el desgaste alcanza al INE y a quienes lo defendieron. En ambos escenarios el PRI aparece como el actor que anticipó el reclamo. La exigencia de que la ASF y la FGR actúen sin consideraciones políticas es, en los hechos, una prueba de lealtad institucional que el partido podrá cobrar en la discusión presupuestal y en la integración de los órganos electorales.

El límite es claro: no hay evidencia pública en este expediente de que existan procedimientos formales abiertos contra la expresidenta ni de que la FGR haya iniciado una carpeta de investigación. La exigencia de Medina es una demanda política; su peso dependerá de si las instituciones responden con actos verificables.

Qué sigue

La ASF tiene en su calendario de fiscalización superior la revisión de las cuentas públicas del INE; cualquier informe con observaciones sería la primera señal institucional. La FGR, por su parte, no ha confirmado públicamente una investigación sobre los señalamientos mencionados. En el Congreso, la ruta previsible es que la exigencia se traduzca en puntos de acuerdo o solicitudes de información formalizadas ante ambas instancias. El calendario electoral de 2027, que arranca con la integración de los órganos desconcentrados, será el primer test de si el reclamo de transparencia se traduce en reglas o queda como discurso.