PRI pide separar al presidente del IEE Sonora por contratos

El representante propietario del PRI ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE Sonora), Luis Donaldo Coronado Rey, presentó el 27 de octubre un escrito para pedir la separación del cargo del consejero presidente Nery Ruiz Arvizu mientras se esclarecen señalamientos sobre contrataciones del organismo. El documento no acusa formalmente ni abre un procedimiento: coloca sobre la mesa del Consejo General una exigencia política de transparencia en un año en que el árbitro local empieza a cargar el peso del calendario 2027.

El escrito pide explicaciones sobre la intervención de Ruiz Arvizu en contrataciones con empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, y plantea un posible conflicto de interés y una eventual colusión con Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de señalamientos propios. Coronado Rey sostiene que Ruiz Arvizu trabajó bajo las órdenes de Taddei en el IEE Sonora como asesor de Presidencia, titular de la Unidad de Transparencia, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos y secretario ejecutivo.

Como antecedentes, el representante priista cita la licitación pública IEEPC-LP-003-2017, para material electoral del proceso 2017-2018, adjudicada a Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., por 27 millones 387 mil 938 pesos más IVA. También menciona una sesión de fallo del 3 de febrero de 2021, cuando Ruiz Arvizu era secretario ejecutivo, en una licitación donde participaron Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Formas Inteligentes, y que fue declarada desierta.

La solicitud no equivale a una remoción: el IEE Sonora tendrá que definir si admite el escrito, si lo turna a su contraloría o a la autoridad competente, y si abre un periodo de defensa para el consejero presidente. Hasta ahora no existe resolución que acredite irregularidad alguna, y el propio promovente plantea que sean las autoridades las que investiguen. La diferencia entre señalamiento y sanción es el punto que definirá si el conflicto se procesa por vía institucional o se convierte en una disputa política prolongada.

La lectura política

En la práctica, el escrito funciona como un golpe de posicionamiento del PRI en Sonora sobre la mesa del árbitro electoral, más que como una impugnación jurídica cerrada. El partido no busca una resolución inmediata: busca fijar agenda, obligar al Consejo General a pronunciarse y dejar constancia de que cualquier decisión del IEE en 2027 podrá ser cuestionada por su origen. Es una jugada de bajo costo formal y alto rendimiento político, porque no requiere probar nada para instalar la duda pública.

El incentivo priista es doble. Por un lado, el partido llega a 2027 con necesidad de mostrar músculo institucional y de marcar distancia frente a la administración electoral heredada de Taddei, hoy bajo escrutinio nacional. Por otro, la referencia a Taddei conecta el caso local con una discusión más amplia sobre la integración y la credibilidad de los organismos electorales, lo que permite al PRI sonorense presentarse como vigilante de la autonomía sin cargar con el costo de una acusación formal que no puede sostener ante un tribunal.

El costo lo absorbe el IEE Sonora. Su presidente queda en una posición incómoda: cualquier contrato que firme en el arranque del proceso 2027 será leído bajo la sombra del escrito, y cualquier decisión del Consejo sobre la solicitud será interpretada como señal de autonomía o de captura. El equilibrio interno del organismo se mueve: los consejeros electorales tendrán que decidir si respaldan a su presidente, si abren una investigación interna o si dejan el asunto en manos de la contraloría estatal.

La señal rumbo a 2027 es clara: los partidos están dispuestos a usar la transparencia como herramienta de desgaste anticipado. No es una precandidatura ni una candidatura formal —no hay actor electoral en disputa—, pero sí es una operación de posicionamiento que busca condicionar la neutralidad percibida del árbitro antes de que empiecen las precampañas. Quien gane la narrativa de la limpieza institucional en Sonora llegará con ventaja al momento de impugnar resultados.

Qué sigue

El Consejo General del IEE Sonora deberá dar trámite al escrito y definir si lo admite, lo turna a su órgano interno de control o lo remite a la autoridad competente. No hay fecha pública confirmada para esa determinación. En paralelo, el consejero presidente conserva su cargo y sus funciones, salvo que el propio Consejo acuerde una medida cautelar, lo que no ha ocurrido. La investigación sobre las contrataciones citadas —incluida la de 2017 y la de 2021— tendría que ser atraída por la contraloría estatal o por la autoridad ministerial para tener efectos jurídicos. El calendario electoral 2027 en Sonora avanza y cualquier resolución sobre este expediente marcará el tono del arranque del proceso.