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Propuesta de Flor Enríquez al IEEPCO: doblete electoral rumbo a 2027
La aspirante a consejera del órgano electoral de Oaxaca fue señalada por haber ocupado simultáneamente un cargo administrativo electoral y la consejería del PRD estatal. La designación queda en manos de un Congreso local que también define las reglas del próximo proceso.
Flor Enríquez fue propuesta como consejera del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, el órgano que organizará los comicios de 2026-2027. La propuesta, atribuida a la salida de Guadalupe Taddei, se cuestiona porque Enríquez habría ocupado a la vez un cargo administrativo electoral y la consejería del PRD estatal. El Congreso local debe decidir la designación en un contexto de alta competencia p
La propuesta de Flor Enríquez como consejera del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca (IEEPCO) coloca en el centro del debate la integración del árbitro que organizará los comicios de 2026-2027 en una de las entidades con mayor complejidad política del país. El señalamiento público es concreto: Enríquez habría "dobleteado" como funcionaria electoral y consejera del PRD en Oaxaca, una combinación que, de confirmarse, tensiona los requisitos de imparcialidad que la ley exige a quienes integran los consejos electorales locales.
El hecho no es menor porque el IEEPCO no es una oficina administrativa más: es la autoridad que califica candidaturas, organiza la jornada, administra el financiamiento público y resuelve las controversias locales en un calendario que ya corre hacia 2027. La designación de una consejera con un pasado partidista documentado y un presunto traslape de funciones envía una señal sobre el tipo de perfil que se está priorizando en la integración del órgano.
La propuesta se atribuye a la salida de Guadalupe Taddei, quien antes de dejar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) habría impulsado la postulación de Enríquez García para Oaxaca. Ese detalle importa: la designación de consejeros locales suele ser un espacio de negociación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los grupos parlamentarios en el Congreso local, y la huella de una figura nacional en la propuesta sugiere que la operación no se limita al ámbito oaxaqueño.
El expediente público no permite afirmar que Enríquez haya sido designada ni que exista una resolución que acredite el doblete. Lo que hay es una propuesta y un señalamiento periodístico. La diferencia entre una propuesta y una designación es la misma que hay entre una aspiración y un cargo: el Congreso de Oaxaca todavía no ha consumado la decisión.
La lectura política
En la práctica, la integración del IEEPCO funciona como una pieza de la disputa más amplia por el control de los árbitros electorales en el ciclo 2026-2027. Oaxaca es un territorio donde el PRD ha tenido peso histórico y donde el partido enfrenta una crisis nacional de representación; colocar a una consejera con vínculos partidistas en el órgano electoral local puede leerse como un intento de conservar influencia en un espacio que, formalmente, debería ser neutral.
El incentivo para el PRD es claro: mantener presencia en un órgano que decide sobre candidaturas, coaliciones y financiamiento en un estado donde el partido se juega su supervivencia electoral. El incentivo para quienes impulsan la propuesta desde el ámbito nacional es menos visible, pero igual de relevante: asegurar que el IEEPCO no quede en manos de un bloque adversario de cara a 2027.
El costo político también es identificable. Una designación cuestionada por imparcialidad puede convertirse en un pasivo para el propio órgano electoral, sobre todo si la oposición la impugna ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o si el Congreso local la aprueba sin un debate público suficiente. La señal que se envía a los aliados es que el perfil partidista no es un obstáculo; la que se envía a los adversarios es que el árbitro local puede ser objeto de disputa.
No hay que confundir el señalamiento con una resolución. La evidencia disponible no acredita que Enríquez haya incurrido en una incompatibilidad legal ni que su designación esté consumada. Lo que falta es la decisión del Congreso de Oaxaca y, en su caso, la revisión jurisdiccional que confirme o deseche la propuesta.
Qué sigue
El Congreso del Estado de Oaxaca debe discutir y votar la propuesta de integración del IEEPCO. La ruta verificable es la siguiente: primero, la Comisión de Gobernación o la instancia legislativa correspondiente debe dictaminar la propuesta; después, el pleno debe votarla; finalmente, la designación puede ser impugnada ante el TEPJF. El plazo relevante es el calendario de integración del órgano electoral local, que debe quedar completo antes del arranque formal del proceso 2026-2027.
La pregunta que queda abierta es si el Congreso local asumirá el costo político de avalar un perfil cuestionado o si la propuesta se ajustará antes de la votación. Esa decisión dirá más sobre el equilibrio de fuerzas en Oaxaca que cualquier declaración pública.