Puebla respalda pesquisa de contratos electorales rumbo a 2027

El gobierno de Puebla respaldó las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y ofreció colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para deslindar responsabilidades. Lo hizo por voz del coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien sostuvo que las indagatorias deben avanzar "sin excepciones" y que la entidad colaborará para que los comicios del 6 de junio de 2027 se realicen con certeza y respeto al voto.

El funcionario retomó los señalamientos sobre una red de proveedores de material electoral que habría operado en varias entidades y que, según dijo, se habría fortalecido desde la gestión de Lorenzo Córdova al frente del entonces Instituto Federal Electoral y luego del INE, y no solo durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala. "Se ha destapado la cloaca de la mafia electoral en nuestro país", afirmó en rueda de prensa.

De acuerdo con cifras de Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia citadas por García Parra, Puebla registró contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, y por 129.7 millones en 2024-2025, lo que elevaría el monto referido para la entidad a más de 179 millones de pesos. En el primer periodo, Veracruz encabezó la lista con 570 millones y Nuevo León sumó 314 millones; también se mencionaron contratos en Hidalgo, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Chiapas y Baja California.

El coordinador de Gabinete también respaldó que los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla sean públicos y revisables. El gobierno estatal plantea así una revisión que toca a la autoridad electoral local, no solo al árbitro federal, a menos de un año de la jornada en la que se renovarán ayuntamientos y el Congreso local.

La lectura política

El respaldo tiene una función práctica: traslada el costo político de la revisión a las autoridades electorales y coloca al gobierno de Puebla en el papel de colaborador, no de señalado. Al pedir transparencia sobre los contratos del IEE, el Ejecutivo estatal anticipa que la discusión sobre proveedores y gasto electoral llegará al terreno local, donde Morena y sus aliados definirán candidaturas a los 217 ayuntamientos.

El movimiento envía una señal a dos públicos: a la federación, de alineamiento con la pesquisa anunciada tras la salida de Taddei; y al electorado local, de que el gobierno de Alejandro Armenta no protege a nadie. No es una candidatura ni una precandidatura: es un posicionamiento de gobierno en un tema de integridad electoral, con incentivos claros para que la revisión no se perciba como selectiva.

El antecedente inmediato ayuda a leer el ritmo: García Parra ha sido el vocero del gobierno estatal para confirmar la salida de al menos diez funcionarios que buscan candidaturas de Morena rumbo a 2027. La misma voz que ordena la salida de cuadros ahora marca distancia de las irregularidades administrativas. Esa coincidencia no prueba coordinación alguna, pero sí muestra que el gobierno estatal administra el calendario político y el discurso de integridad al mismo tiempo.

El límite es verificable: no existe aún resolución que determine responsabilidades, y las cifras citadas provienen de registros administrativos, no de una auditoría concluida. La investigación anunciada por autoridades federales sigue en curso.

Qué sigue

La ASF deberá definir el alcance de la revisión de contratos y notificar resultados; el IEE de Puebla enfrenta la exigencia de publicar sus contratos. En paralelo, Morena definirá candidaturas municipales, lo que podría ampliar las salidas de funcionarios estatales. La fecha ancla es el 6 de junio de 2027.

Actualización

El INE ratifica multas por afiliaciones indebidas, un hecho sancionador que se suma a las investigaciones por irregularidades en contratos electorales en Puebla mencionadas en la historia previa. Leer el nuevo desarrollo.