Riva Palacio pide investigaciones penales para aislar al INE de su crisis

El columnista Raymundo Riva Palacio planteó que el conflicto que envuelve al Instituto Nacional Electoral (INE) debe desahogarse por la vía penal, no sólo por la política o la administrativa. En una intervención televisiva, sostuvo que hacen falta "una serie de investigaciones penales" para "purificar lo que sucedió" y establecer un "cordón sanitario" que evite que el desgaste "brinque al instituto electoral como instituto". La frase importa porque desplaza el debate del terreno de la reputación al de la responsabilidad jurídica individual: si hay delitos, que los paguen personas; si no, que el árbitro quede a salvo.

La declaración no acusa a nadie por nombre ni presenta pruebas. Es una opinión periodística sobre cómo debería procesarse una crisis, y conviene leerla con ese límite. Pero su valor político está en el diagnóstico implícito: Riva Palacio asume que existe un "tema del INE" lo bastante grave como para requerir investigación criminal y lo bastante contagioso como para necesitar aislamiento. No describe el expediente; describe el riesgo de que el instituto entero quede marcado por lo que hagan o hayan hecho algunos de sus integrantes o de quienes operan a su alrededor.

El planteamiento se produce en un calendario incómodo. El proceso electoral de 2027 ya está en fase de preparación y los organismos públicos locales electorales (OPLE) enfrentan sus propias presiones. El propio columnista ha advertido que las medidas de "purificación" podrían no llegar a tiempo a los órganos locales antes de los comicios. Esa advertencia y la de este martes se complementan: no basta con limpiar la cúpula del INE si el desorden se reproduce en los institutos estatales que organizan las casillas.

La lectura política

La propuesta funciona, en la práctica, como una operación de contención. Un "cordón sanitario" es un concepto de salud pública aplicado a la política: se acepta que hay un foco de infección y se busca que no se propague al cuerpo sano. Trasladado al INE, implica distinguir entre la institución y las conductas de quienes la ocupan o la rodean. El movimiento le ofrece al árbitro una salida defensiva: cooperar con investigaciones penales para preservar su legitimidad institucional, en lugar de blindarse con la autonomía constitucional y quedar expuesto a la sospecha.

Los incentivos son claros para todos los actores. Para el INE, aceptar la ruta penal significa someterse a un escrutinio que puede escalar y alcanzar a consejeros, funcionarios o a los partidos que operaron con recursos o favores cuestionados. Para el gobierno federal y Morena, una investigación penal selectiva podría convertirse en instrumento de presión sobre el árbitro en vísperas de 2027. Para la oposición, exigirla es una forma de obligar a la institución a deslindarse de cualquier complicidad. Ninguna fuerza política queda automáticamente bien parada si el expediente se abre: todas tienen algo que perder o que ganar según el alcance de las indagatorias.

El equilibrio interno del INE también se mueve. Un consejo que se percibe dividido o que responde a cuotas partidistas difícilmente puede erigirse en garante de una elección presidencial anticipada por la sucesión. La exigencia de investigaciones penales presiona a la presidencia del instituto a fijar postura pública y a los consejeros a definirse. Es, en los hechos, una prueba de lealtad institucional: quién está dispuesto a que se investigue y quién prefiere que el tema se enfríe.

Rumbo a 2027, la señal es que la disputa por el árbitro electoral ya no se libra sólo en el terreno de los nombramientos o del presupuesto, sino en el de la responsabilidad penal. Eso eleva el costo de cualquier irregularidad y también el riesgo de que la justicia se use como arma política. La diferencia entre una investigación que purifica y una que intimida dependerá de la autonomía real de las fiscalías y de que los procesos se apeguen a derecho, no de la etiqueta que se les ponga.

Qué sigue

No hay una denuncia formal conocida ni una carpeta de investigación abierta a partir de esta declaración. Lo verificable en los próximos días es si el INE emite una postura sobre la propuesta, si algún partido o legislador la retoma para presentar una denuncia o solicitar comparecencias, y si la Fiscalía General de la República (FGR) confirma la existencia de indagatorias relacionadas con el instituto. También habrá que observar el calendario de los OPLE: si las medidas de depuración local no se concretan antes del arranque formal del proceso, el "cordón sanitario" que propone Riva Palacio llegará tarde a la parte del sistema donde se organizan las casillas.