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Partidos acusan al IEEBC de ocultar informe y cerrar el PREP a la UABC
El análisis que advertía riesgos del proyecto universitario estuvo dos meses sin compartirse a los representantes partidistas, que se enteraron cuando ya se alistaba un proveedor externo.

Representantes de partidos ante el IEEBC acusaron al consejero Javier Bielma de ocultar desde el 7 de septiembre un informe que advertía la inviabilidad del PREP con la UABC. La información se compartió hasta el 4 de noviembre y al día siguiente se aprobó el órgano técnico que abre la puerta a un proveedor externo para 2027.
Representantes de partidos políticos ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) acusaron al organismo de ocultar deliberadamente durante casi dos meses un informe técnico que advertía la inviabilidad de desarrollar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). El documento, fechado el 7 de septiembre, se compartió a los representantes hasta el 4 de noviembre, un día antes de que el Consejo General aprobara la integración del órgano técnico que encamina la contratación de un proveedor externo para el proceso electoral 2026-2027.
La acusación no es un desacuerdo técnico: es una disputa sobre cuándo y cómo se informó a los partidos de una decisión que ya estaba tomada en los hechos. Joel Abraham Blas Ramos, representante del PRI ante el IEEBC, lo planteó sin matices: "Nos mintieron, nos engañaron, ocultaron la información deliberadamente". Su correligionario del PT, Julio Rodríguez Villareal, reprochó que el Instituto argumentara "marrullerías" y postergara el acuerdo, y sostuvo que el organismo debió notificar al Congreso del Estado, desde la presentación del exhorto, sobre la viabilidad o inviabilidad del proyecto universitario.
El expediente que describen los partidos tiene fechas concretas. El 9 de julio, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, envió al IEEBC la propuesta técnica y económica: 4 millones 500 mil pesos para desarrollar el sistema y 32 millones 431 mil 755 pesos para implementarlo durante el proceso 2026-2027. El 19 de agosto, Palafox advirtió que la ventana se cerraba y que la Universidad no podía esperar más allá de octubre. El 29 de septiembre reiteró el plazo. El 28 de octubre, consultado por medios locales, confirmó que el Instituto no se había comunicado con la institución para darle respuesta.
El informe del 7 de septiembre ya contenía el argumento que después se usó para descartar a la UABC: el tiempo. La Coordinación de Informática y Estadística Electoral del IEEBC señaló que la propuesta cumplía los aspectos técnicos del Reglamento de Elecciones, pero la consideraba "riesgosa": la Universidad exigía seis meses ininterrumpidos de desarrollo y, si el convenio se firmaba a finales de septiembre, la entrega ocurriría a mediados de marzo de 2027, dejando menos de un mes para auditoría y corrección de vulnerabilidades antes de la prueba funcional obligatoria ante el Instituto Nacional Electoral (INE) del 15 de abril de 2027. En lo económico, el documento apuntaba que la cifra no generaba una reducción presupuestal inmediata frente a los 33 millones 999 mil 600 pesos de 2024 y los 35 millones de 2021.
Los representantes partidistas insistieron en el tema durante las sesiones ordinarias del Consejo General del 24 de septiembre y del 29 de octubre. Fue hasta la reunión de trabajo del 4 de noviembre, convocada por el consejero Javier Bielma Sánchez, presidente de la Comisión Especial de Innovación Tecnológica, cuando conocieron la existencia del análisis. Los partidos señalan directamente a Bielma de obstaculizar la alternativa universitaria. Blas Ramos añadió su lectura del calendario: "¿Qué es lo que creo yo? Que definitivamente lo ocultaron para estar en el límite legal".
La lectura política
En la práctica, el episodio ordena la relación entre el árbitro electoral y los partidos de cara a 2027: quien controla la información controla el margen de negociación. El PREP no define el resultado de la elección, pero sí la narrativa de la noche electoral y la confianza en el conteo. Al cerrar la vía universitaria y avanzar hacia un proveedor externo, el Instituto gana discrecionalidad sobre un servicio sensible y concentra la decisión en una comisión presidida por un solo consejero.
El costo político es doble. Hacia adentro, los partidos pierden la alternativa de menor gasto que habían respaldado y quedan ante un proceso de contratación que no pudieron discutir con la información completa. Hacia afuera, la acusación de ocultamiento —aún no resuelta por ninguna instancia— desgasta la credibilidad del organismo justo cuando debe auditarse ante el INE. El precedente verificable es el calendario: el informe existía desde el 7 de septiembre y el plazo que la propia UABC fijó para recibir respuesta venció en octubre.
La señal rumbo a 2027 es que el IEEBC optó por la ruta de menor riesgo operativo declarado y mayor riesgo reputacional, sin construir un acuerdo previo con las fuerzas políticas. Eso no constituye por sí mismo una irregularidad, pero sí deja a los partidos en posición de impugnar o de condicionar su respaldo al órgano técnico. Falta un elemento para sostener una lectura más fuerte: no hay evidencia pública de que la retención del informe haya tenido otra motivación que la administrativa.
Qué sigue
El órgano técnico aprobado el 5 de noviembre debe definir el mecanismo de contratación del proveedor externo y publicar las bases correspondientes. Los partidos tienen la vía de solicitar formalmente al Consejo General una explicación por escrito sobre la retención del informe y, eventualmente, acudir a instancias de control. La UABC queda fuera del proceso 2026-2027, aunque el rector dejó abierta su disposición para jornadas posteriores. El hito que ordenará la discusión es la prueba funcional obligatoria ante el INE prevista para el 15 de abril de 2027.
