Comisión de presupuesto quita 618 millones al INE y los manda a Cendis del PT

La comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el 6 de noviembre de 2026 reasignar 618 millones de pesos del rubro "Organización de procesos electorales" del Instituto Nacional Electoral (INE) al programa de Expansión a la educación inicial, partida que financia los Centros de Educación Infantil (Cendis) administrados por el entorno familiar de Alberto Anaya, senador y líder del Partido del Trabajo (PT). La propuesta la presentó el petista Reginaldo Sandoval y la defendió la morenista Andrea Navarro; la mayoría de Morena, Partido Verde y PT la avaló.

El movimiento no ocurre en el vacío. Un día antes, la misma comisión ya había retirado 5 mil millones de pesos al INE, de modo que en dos días el árbitro electoral acumula un recorte de 5 mil 618 millones y queda con 36 mil 656 millones para 2027. El programa de educación inicial pasará de 866 millones a más de mil 484 millones. El panista Federico Döring criticó la reasignación y recordó que el año pasado el PT pidió 628 millones para el mismo fin, diez más que ahora, pese a que el presupuesto global crece.

El destino del dinero tiene historia documentada. Los Cendis que maneja el PT en Nuevo León, Zacatecas y Nayarit recibieron más de 4 mil millones de pesos entre 2011 y 2017. En 2018 la entonces Procuraduría General de la República abrió una investigación contra la esposa de Anaya por presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de esos recursos y, sobre 747 millones auditados en 2017, halló 119.1 millones mal ejercidos y pidió su restitución a la Tesorería de la Federación.

La lectura política

En la práctica, la reasignación funciona como un doble movimiento: debilita la capacidad operativa del INE a un año del arranque formal del proceso 2027 y consolida una red de financiamiento paralelo para un partido aliado del bloque gobernante. No es un ajuste técnico. El rubro afectado es precisamente el que sostiene la organización de procesos electorales, es decir, la infraestructura que el árbitro necesita para operar casillas, capacitación y logística.

El incentivo del PT es claro: asegura recursos para una estructura educativa que administra su liderazgo familiar y que ya carga señalamientos de la ASF y una investigación abierta en 2018. El incentivo de Morena y el Verde es distinto: mantener contento a un aliado parlamentario cuyo respaldo necesita para aprobar el presupuesto y, de paso, mandar una señal de que el INE no tiene protección política suficiente para defender su techo presupuestal.

El dato que refuerza esa lectura es que ningún funcionario del INE acudió a defender su propio presupuesto en un año electoral. El Instituto atraviesa una crisis por los contratos otorgados a empresas de Alfredo Hernández Casillas, proveedor vinculado a la expresidenta Guadalupe Taddei, bajo sospecha de conflicto de interés. Un árbitro debilitado financieramente y sin defensa pública en el Congreso entra al ciclo 2027 con menos margen para resistir presiones y con más dependencia de la negociación política.

Aquí conviene distinguir: no hay candidatura formal ni precandidatura de facto en juego. Lo que se ordena es el financiamiento de una estructura partidista y la correlación de fuerzas frente al árbitro. El precedente verificable es el del año pasado, cuando el PT pidió una cantidad casi idéntica para el mismo programa: el patrón sugiere una práctica recurrente de usar el presupuesto electoral como moneda de cambio en la negociación legislativa.

Qué sigue

La reasignación debe discutirse y votarse en el pleno de la Cámara de Diputados como parte del paquete presupuestal 2027, con plazo constitucional al 15 de noviembre. El INE puede impugnar o solicitar ampliaciones en el proceso de discusión, aunque su capacidad de negociación depende de quién lo defienda políticamente. La ASF mantiene pendiente la restitución de 119.1 millones de 2017, y la investigación de 2018 sobre los Cendis no ha tenido resolución pública conocida. El punto a vigilar es si el recorte se mantiene intacto en el pleno o si se modera, y si el INE presenta una postura formal antes de la votación.