SCT estatal frena gratuidad del transporte que MC propone para la elección de 2027

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, Araceli Martínez Acosta, declaró que la gratuidad general del transporte público el 6 de junio de 2027, día de la jornada electoral, "no es una alternativa viable", como propone el Partido Movimiento Ciudadano (PMC). La respuesta de la funcionaria convierte una iniciativa partidista de movilidad en un diferendo político sobre quién define las condiciones de acceso al voto en San Luis Potosí.

La propuesta la había planteado días antes Marco Antonio Gama Basarte, dirigente estatal y diputado local del PMC, con el argumento de garantizar condiciones que faciliten la participación ciudadana durante la elección. La funcionaria estatal sostuvo que no es necesario generar ese tipo de políticas públicas porque la zona metropolitana de San Luis Potosí ya cuenta con un servicio público subsidiado a través de Metro Red.

Martínez Acosta añadió que la ciudadanía puede consultar rutas y conexiones para llegar a sus casillas, y advirtió que un esquema generalizado de gratuidad generaría mayores problemas e inconvenientes logísticos, sobre todo con los empresarios del sistema concesionado. El argumento oficial desplaza la discusión del derecho al voto hacia el costo fiscal y la relación con los concesionarios del transporte.

El intercambio ocurre a más de un año de la jornada comicial y sin que exista todavía una iniciativa formal aprobada ni un dictamen legislativo en la materia. Hasta ahora se trata de un planteamiento partidista y de una respuesta desde el Ejecutivo estatal, no de una política pública en operación ni de una negativa jurídica formal.

La lectura política

El movimiento de Movimiento Ciudadano tiene una función práctica de posicionamiento temático. Al proponer gratuidad el día de la elección, el partido coloca un asunto de movilidad y participación en la conversación pública y se presenta como facilitador del voto, sin que ello constituya aún una candidatura ni una plataforma registrada. La propuesta funciona como un gesto de perfilamiento político: mide la disposición del gobierno estatal a negociar y obliga a la administración a fijar postura ante un tema con costo fiscal y electoral.

La respuesta de la SCT también cumple una función. Al calificar la medida de inviable y defender el subsidio existente de Metro Red, el gobierno estatal delimita el terreno: reconoce que hay un servicio subsidiado, pero rechaza extenderlo de forma generalizada. El Ejecutivo estatal gana margen para no comprometer recursos extraordinarios y conserva su relación con los concesionarios, aunque queda expuesto a la crítica de que prioriza el costo sobre el acceso al voto.

El incentivo de Movimiento Ciudadano es claro: si el gobierno rechaza la gratuidad, el partido puede capitalizar el rechazo como evidencia de falta de voluntad para facilitar la participación. El incentivo del gobierno es igualmente visible: evitar un precedente de gratuidad general que podría replicarse en otras jornadas y en otros servicios. Ninguno de los dos actores ha presentado un cálculo de costo, cobertura o demanda que permita verificar la viabilidad técnica de la propuesta, lo que deja el debate en el terreno de la declaración política.

Rumbo a 2027, el episodio envía una señal a aliados y adversarios: el transporte público se perfila como un eje de disputa estatal, y la relación con los concesionarios será un factor que cualquier aspirante tendrá que considerar. Falta saber si el Congreso local retoma el tema y si el PMC insiste con una iniciativa formal.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es si Movimiento Ciudadano presenta una iniciativa formal ante el Congreso de San Luis Potosí o si mantiene la propuesta como posicionamiento público. También queda por verse si la SCT estatal hace público algún estudio de costo o cobertura que sustente su calificación de inviable, y si el tema se incorpora a la agenda legislativa antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.