Sheinbaum apunta a Córdova por el duopolio de materiales electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este miércoles al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova por haber permitido, durante su gestión, que dos empresas concentraran los contratos de materiales electorales. El señalamiento no es un dato aislado: llega el mismo día en que el INE anunció que prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de corrupción en sus contrataciones, caso que involucra a la consejera Guadalupe Taddei.

En la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que Córdova conocía la existencia del duopolio y no actuó para impedirlo. «Porque él no hizo nada, sabiendo él que había solamente dos empresas que se estaban beneficiando de los materiales electorales, cobrando lo que quisieran. Si a él le tocaba incluso la revisión del financiamiento de las elecciones», expresó. Más adelante añadió: «Es curioso que Lorenzo Córdova no haya hecho nada para evitar que este duopolio se mantuviera produciendo los materiales electorales. Porque ayer todavía lo volvió a reconocer».

El detonante inmediato fue el anuncio de Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, sobre el acuerdo de diez consejeros para llevar a la FGR documentación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo. El caso menciona a Taddei, a funcionarios que ocuparon cargos administrativos y al empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con compañías beneficiadas con contratos para producir materiales electorales. El Instituto también solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente.

Sheinbaum pidió ampliar la indagatoria más allá del periodo reciente y rastrear cómo se consolidó el dominio de dos compañías sobre la fabricación de urnas, mamparas y otros insumos. «¿Cómo se hicieron estas empresas, quién las hizo, cómo las hizo? ¿Por qué concentran todo el material? ¿Por qué ganan todos los contratos?», planteó, al pedir que la ASF estudie el origen y la trayectoria de esas contrataciones.

La presidenta enlazó el asunto con la reforma electoral de 2014, que otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a los integrantes de los organismos electorales estatales. Según su lectura, ese cambio concentró poder en los consejeros nacionales, quienes nombraban a los funcionarios locales que después contrataban a los proveedores. Puso como ejemplo a Taddei, designada consejera electoral de Sonora por el Consejo General presidido entonces por Córdova.

En el mismo mensaje, la mandataria acusó a Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), de haber sido «el ejecutor» del presunto fraude de 2006, y cuestionó su «calidad moral» para hablar de democracia. También consideró adecuado que la presidencia provisional del INE busque acuerdos entre consejeros para realizar nombramientos y garantizar la organización de los comicios de 2027.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica: desplazar el foco del caso Taddei hacia una genealogía más larga del problema, en la que el árbitro electoral aparece como un sistema de contrataciones opaco que precede a la actual conducción. Al pedir que la ASF revise «no solo del 24, sino qué pasó antes», la presidenta convierte una investigación en curso sobre su propia administración en una revisión histórica del INE. Es una operación de encuadre: el presente se explica por el pasado, y el pasado tiene nombres propios del bloque opositor.

Córdova es una figura con alto valor simbólico para la oposición: encabezó el INE en el ciclo que desembocó en 2018 y 2024 y se ha convertido en una voz crítica del gobierno. Señalarlo por el duopolio de proveedores no constituye una imputación jurídica ni una candidatura: es un posicionamiento político que busca erosionar su autoridad moral como referente de la defensa institucional. La distinción importa: no hay resolución judicial ni administrativa que lo responsabilice, y la evidencia disponible es la declaración presidencial, no una sanción.

El equilibrio interno también cuenta. La presidenta respaldó la conducción provisional del INE y la búsqueda de acuerdos entre consejeros, al tiempo que cuestiona a quienes lo dirigieron antes. Esa combinación envía una señal a los aliados de la reforma electoral: el problema no es el Instituto como institución, sino las administraciones que lo capturaron. Rumbo a 2027, el oficialismo gana margen para exigir una fiscalización profunda sin cargar con la etiqueta de haber debilitado al árbitro.

Qué sigue

El INE deberá formalizar ante la FGR la denuncia y entregar la documentación sobre las contrataciones; la ASF, por su parte, tiene pendiente definir el alcance de la fiscalización emergente solicitada. La pregunta verificable es si esa revisión se limita al periodo reciente o se extiende, como pidió la presidenta, a las administraciones anteriores. De esa decisión depende que el caso Taddei se convierta en una revisión histórica del INE o quede acotado a la conducción actual. En paralelo, el Instituto debe resolver sus nombramientos internos para llegar con estructura completa a la organización de los comicios de 2027.