Sheinbaum evade hablar de la salida de Taddei del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada este sábado sobre la inminente salida de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y sobre si esa salida —o su permanencia— da certeza al proceso electoral de 2027. Su respuesta, durante una gira por Michoacán, fue una sola frase: "Después platicamos".

Los reporteros insistieron: si el tema sigue escalando, si Taddei tiene que irse, si debería separarse del cargo. La mandataria no ofreció ninguna de esas respuestas. El silencio presidencial llega un día después de que Sheinbaum respaldara auditorías al INE y advirtiera que no debe haber "ninguna sombra de corrupción" en el organismo.

El contexto de la pregunta no es menor. Las revelaciones periodísticas sobre la consejera presidenta incluyen videos y fotografías que muestran al contratista José Alfredo Hernández Casillas —apoderado de Cajas Graf, empresa que ha ganado al menos 245 millones de pesos en contratos con Taddei, tanto en el INE como en el Instituto Electoral de Sonora— costeando viajes y convivencias con la familia de la consejera, incluido un viaje de su hijo a París. Las imágenes fueron difundidas en el noticiero de Carlos Loret de Mola.

La pregunta que los reporteros formularon tiene una dimensión técnica que va más allá del escándalo: la presidencia del INE es la instancia que conduce la organización del proceso electoral federal. Si la titular del árbitro está cuestionada por presuntos conflictos de interés con proveedores, la pregunta sobre la certeza de 2027 deja de ser retórica.

La lectura política

El "después platicamos" no es una respuesta menor: es una decisión de dosificación. La víspera, la presidenta había fijado una posición clara —auditorías, cero sombras de corrupción— que colocaba el costo del escándalo del lado de Taddei. Un día después, ante la pregunta directa sobre la salida, se retiró al terreno de la conversación privada.

En la práctica, esa fórmula funciona como una pausa calculada: no desmiente la salida, no la confirma y no fija plazo. Deja el costo político de la decisión en el INE y en el Consejo General, no en el Ejecutivo. Si Taddei se va, no será porque la presidenta lo pidió; si se queda, no será porque la presidenta la respaldó.

El incentivo es comprensible. Una salida ordenada desde Palacio Nacional expondría al gobierno a la acusación de intervenir en la autonomía del árbitro justo cuando se prepara la elección de 2027. Una permanencia sin desgaste, en cambio, traslada el riesgo de legitimidad al instituto y a los partidos que deberán competir bajo sus reglas.

El movimiento también envía una señal a los aliados y adversarios del gobierno: la suerte de Taddei no está resuelta, y quien quiera influir en ella tendrá que moverse antes de que la conversación pendiente ocurra. Para Morena y sus aliados, la indefinición abre espacio para presionar por una salida sin cargar con el costo de haberla pedido. Para la oposición, el silencio presidencial es material para argumentar que el gobierno calcula el costo electoral de su propia narrativa anticorrupción.

El límite legal es claro: la remoción de la consejera presidenta del INE no depende de la voluntad presidencial. Corresponde al Consejo General y, en su caso, a los procedimientos previstos en la ley. Lo que la presidenta puede hacer —y lo que su silencio administra— es el costo político de que esa remoción ocurra o no.

Qué sigue

El Consejo General del INE es la instancia que tendría que pronunciarse sobre la situación de Taddei. No hay, en la evidencia disponible, una fecha fijada para una sesión sobre el tema. La pregunta sobre la certeza del proceso de 2027 seguirá abierta mientras la titular del árbitro no aclare los señalamientos o se resuelva su permanencia. La conversación que la presidenta dejó pendiente tiene un calendario que no controla del todo: el proceso electoral federal avanza y cada semana sin definición suma presión sobre el instituto.

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