FGR abre línea por casinos contra Jáuregui, exfiscal de Chihuahua

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, confirmó el 23 de octubre de 2026 la apertura de una nueva línea de investigación contra César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, por presuntos actos de corrupción vinculados con casinos y el uso de prestanombres. La indagatoria se suma a los cargos que ya enfrenta por violación a la Ley de Seguridad Nacional y traición a la patria, derivados de la presunta autorización de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico en la sierra de Chihuahua.

El anuncio no es un dato aislado. Llega seis meses después del accidente del 19 de abril en la sierra chihuahuense, donde murieron cuatro agentes —dos mexicanos y dos estadounidenses—, y a menos de una semana de que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aprehendiera a Jáuregui el 17 de octubre por ejercicio ilegal del servicio público y traición a la patria. El 18 de octubre, un juez local lo dejó en libertad condicional por el fuero estatal, pero elementos de la FGR lo detuvieron al salir y lo trasladaron al Altiplano. El 22 de octubre fue vinculado a proceso penal por ejercicio ilegal del servicio público.

La nueva línea de la FGR convierte a Jáuregui en el punto donde convergen dos narrativas: la responsabilidad por la operación extranjera y la corrupción patrimonial que la gobernadora Maru Campos atribuyó a su exfiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relató en conferencia matutina que, en el encuentro del 19 de septiembre, Campos le dijo que no sabía de la entrada de agentes extranjeros y que el responsable era su exfiscal; añadió que le informó de presuntos actos de corrupción, incluida la posesión de casinos. La gobernadora, en entrevista con Carlos Loret de Mola, confirmó el reclamo presidencial por la presencia de la CIA sin permiso y la falta de fuerzas federales en la Sierra Tarahumara.

El expediente, sin embargo, no es solo judicial. Jáuregui era una figura con peso propio en Chihuahua: se le llegó a mencionar como posible sucesor de Campos y, aun bajo investigación, mantenía aspiraciones de contender por el PAN a la alcaldía de Chihuahua. Su renuncia al cargo, el 27 de abril, diez días después de asumir la responsabilidad política por omitir la presencia de estadounidenses, no cerró su carrera; la aprehensión del 17 de octubre sí reordenó ese escenario.

La lectura política

En la práctica, la nueva línea de la FGR funciona como un mecanismo de presión sobre el equilibrio interno del PAN en Chihuahua y sobre la relación entre la gobernadora y el gobierno federal. No es una candidatura ni una precandidatura: es una investigación en curso que, sin resolución, ya coloca a Jáuregui fuera de cualquier contienda formal y obliga a Campos a administrar el costo político de haber señalado a su propio exfiscal.

El incentivo de la FGR es acumular causas que impidan una salida rápida del caso y mantener el control federal sobre un expediente que toca a una gobernadora panista. El de Campos es deslindarse: si la corrupción y la operación extranjera son atribuibles a su exfiscal, ella preserva margen para 2027; si la investigación escala hacia su administración, el deslinde se vuelve insuficiente. El de Jáuregui es resistir en el fuero local mientras el fuero federal lo mantiene en el Altiplano.

El movimiento también envía una señal a los aliados y adversarios del PAN: el caso no se cerrará con una salida negociada ni con una embajada, versión que Sheinbaum desmintió el 20 de octubre. Para Morena, el expediente permite exhibir corrupción panista sin asumir el costo de una acusación directa contra Campos. Para el PAN, obliga a decidir si Jáuregui sigue siendo un activo o un pasivo en la sucesión de 2027.

Qué sigue

La FGR deberá definir si la nueva línea se traduce en imputaciones formales y si solicita vinculación a proceso por los delitos federales. Jáuregui permanece en el Altiplano mientras avanza el proceso local por ejercicio ilegal del servicio público. El caso de traición a la patria y violación a la Ley de Seguridad Nacional sigue su curso en el fuero federal. La gobernadora Campos no ha precisado si su administración entregará expedientes adicionales a la FGR. El calendario electoral de Chihuahua y la definición de candidaturas del PAN para 2027 dependen, en parte, de cómo evolucione este expediente.