Sheinbaum pide sanear al INE y acusa a Córdova por contratos

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este 6 de noviembre al Instituto Nacional Electoral (INE) sanear sus contrataciones y arremetió contra su expresidente Lorenzo Córdova, a quien acusó de conocer los negocios de empresas proveedoras de materiales electorales que obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos. La acusación se formuló en la conferencia matutina, sin que se presentara una resolución judicial o administrativa que impute responsabilidad al exconsejero presidente.

El señalamiento no llega aislado. En los días previos, la presidenta había pedido al Consejo General del INE fijar lineamientos claros de contratación para el proceso de 2027, transparenciar el gasto electoral —que situó en torno a 37 mil millones de pesos— y anunció un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México. La ofensiva presidencial combina una demanda de austeridad y transparencia con una acusación nominal contra quien encabezó el árbitro electoral entre 2014 y 2023.

El vínculo que planteó la mandataria es de conocimiento, no de responsabilidad jurídica: sostuvo que Córdova sabía de los negocios de las proveedoras. No presentó documentos, nombres de empresas ni el periodo exacto de los contratos. La diferencia importa: una acusación política en conferencia no equivale a una imputación formal, y el propio INE no ha emitido una respuesta pública sobre el señalamiento en la evidencia disponible.

La lectura política

El movimiento funciona como presión política sobre el árbitro electoral en el momento en que se define el presupuesto y el calendario de 2027. Al poner el foco en las contrataciones, el gobierno desplaza el debate de la reforma electoral a la gestión administrativa del INE, un terreno donde la institución tiene menos defensa pública y donde cualquier opacidad documental se convierte en costo político.

La acusación contra Córdova cumple una segunda función: convierte al expresidente en el rostro de la resistencia institucional a la transformación y ordena el relato oficial sobre el pasado del organismo. Córdova es una figura con alta visibilidad y ha sido crítico del gobierno; vincularlo con contratos millonarios permite al oficialismo presentar la defensa del INE como defensa de una red de intereses, no como defensa de una institución autónoma.

El incentivo es doble. Por un lado, el gobierno gana margen para exigir recortes y lineamientos de contratación que reduzcan el costo del proceso y, con ello, el peso del aparato electoral en la negociación presupuestal. Por otro, la acusación sin resolución previa envía una señal a los consejeros en funciones: la autonomía técnica no protege frente al escrutinio político de la mañanera.

El límite es claro. No existe en la evidencia una candidatura, una precandidatura ni un posicionamiento electoral de Córdova; tampoco una sanción o procedimiento abierto contra él. Lo que hay es una acusación presidencial que opera, en la práctica, como desgaste público de un adversario institucional. El costo para el INE es de credibilidad: si las contrataciones no se transparentan con documentos, la acusación quedará sin respuesta verificable y el organismo cargará con la duda.

Qué sigue

El Consejo General del INE tiene pendiente pronunciarse sobre los lineamientos de contratación que la presidenta solicitó y sobre el presupuesto del proceso 2027. La ruta verificable es la publicación de los contratos de material electoral y la eventual respuesta institucional al señalamiento contra Córdova. También queda por verse el decreto anunciado para Talleres Gráficos de México, que el gobierno presentaría esta semana. Sin documentos públicos, la acusación permanece en el terreno político y no en el jurídico.

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