RUTA 27 · MEDIUM
Edomex respalda a Sheinbaum por contratos electorales y apunta al INE
El gobierno mexiquense cerró filas con la Presidenta y, en el mismo comunicado, cuestionó la concentración de proveedores y la gestión de Guadalupe Taddei al frente del árbitro electoral.

El gobierno del Estado de México respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum por cómo ha enfrentado el caso de contrataciones de materiales electorales y exigió investigar hasta las últimas consecuencias. El pronunciamiento también cuestionó la red de proveedores que concentró compras del INE y la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto. Es una señal de alineamiento rumbo a 2027.
El gobierno del Estado de México expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la forma en que ha enfrentado el caso de las contrataciones de materiales electorales, en un pronunciamiento que no se limitó al gesto de lealtad: también cuestionó la concentración de proveedores en los organismos electorales y la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
El respaldo mexiquense llega acompañado de una acusación política: que una misma red de proveedores concentró durante décadas las compras de los organismos electorales. El comunicado sostiene que los primeros señalamientos se remontan a 1999 en la propia entidad, que en 2005 un nuevo escándalo provocó la renuncia de consejeros electorales y que a partir de 2014 el esquema se extendió al INE y a los organismos estatales.
El texto, difundido por la administración que encabeza Delfina Gómez Álvarez, afirma que la mandataria federal solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, a la Fiscalía General de la República investigar hasta las últimas consecuencias. Añade que las pruebas ya obran ante instancias fiscalizadoras para esclarecer la actuación de exfuncionarios.
El pronunciamiento traza una cronología que coloca a Taddei en el centro del cuestionamiento: recuerda que en 2014 fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE que encabezaba Lorenzo Córdova, y que en 2023 llegó a la presidencia del instituto mediante insaculación. El gobierno mexiquense subraya que corresponde a las autoridades competentes deslindar responsabilidades individuales conforme a derecho.
El comunicado establece un contraste explícito entre administraciones: "Durante años se acumularon denuncias, se archivaron expedientes y los mismos proveedores continuaron obteniendo contratos; hoy, con la Cuarta Transformación, la Presidenta presenta la información de frente, las autoridades investigan y quien encabezaba el INE ha dejado su cargo".
La lectura política
El respaldo funciona, en la práctica, como una operación de alineamiento anticipado rumbo a 2027. El Estado de México es la entidad con el padrón electoral más grande del país y su gobierno pertenece al mismo partido que la Presidenta. Un pronunciamiento de este tipo no es una declaración menor: ordena a la estructura local detrás de la versión federal del caso y deslinda al gobierno estatal de cualquier sospecha de complicidad con el esquema de contrataciones que él mismo denuncia.
El movimiento tiene un incentivo claro. Al condenar la concentración de proveedores y señalar la llegada de Taddei al INE, el gobierno mexiquense contribuye a construir una narrativa en la que la actual administración federal heredó y enfrenta un problema estructural, mientras la oposición y los anteriores titulares del árbitro electoral cargan con el costo político. Esa narrativa importa porque el INE será el árbitro de la elección de 2027 y porque la credibilidad del organismo es un activo en disputa.
No se trata de una candidatura ni de una precandidatura de facto: es un posicionamiento de gobierno que busca fijar la línea política del caso. La gobernadora Delfina Gómez no compite por un cargo federal en este momento; lo que hace su administración es respaldar a la Presidenta y, con ello, preservar margen de maniobra para la entidad en la negociación de candidaturas y recursos rumbo al proceso electoral.
El límite es verificable: no existe aún resolución administrativa o penal que determine responsabilidades, y el comunicado lo reconoce al remitir el deslinde a las autoridades competentes. La indagatoria sobre el destino del erario en materia comicial sigue abierta, y la eventual sanción o exoneración de los señalados definirá si el respaldo se convierte en capital político o en un pasivo.
Qué sigue
Las investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República deberán arrojar resultados verificables sobre los convenios asignados a un grupo específico de empresas. El gobierno mexiquense pidió que se conozca "toda la verdad" y se sancione a quien resulte responsable.
En paralelo, el INE enfrenta el reto de sostener la certidumbre de la organización electoral mientras su pasada presidencia es objeto de cuestionamientos. La postura de la gobernadora Delfina Gómez de cara a 2027 —"elecciones limpias, en paz y con plena certeza"— fija una expectativa que su administración tendrá que sostener cuando arranque formalmente el proceso electoral.
