Sheinbaum sostiene dichos sobre el INE y reta a Somos a probar difamación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este viernes 6 de noviembre al partido Somos, que anunció una demanda por daño moral y difamación en su contra y de la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, por los señalamientos sobre una presunta red de corrupción en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Desde Palacio Nacional, la mandataria no matizó: “Sólo dijimos hechos. No tengo ningún problema, defiendo mis dichos, los sostengo porque tengo pruebas de todo lo que digo”. La frase convierte una acusación política en una disputa probatoria que, de un lado, deberá sostenerse ante un juez y, del otro, ante la opinión pública que votará en 2027.

El conflicto no nació con la demanda. En los días previos, la presidenta presentó una investigación sobre una red empresarial vinculada a contrataciones con organismos electorales, cuestionó las compras de materiales durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE y vinculó esa red con el partido Somos. También señaló que las presuntas irregularidades no comenzaron con Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, sino que se remontan hasta 27 años atrás. Somos rechazó las acusaciones y sostuvo que el Ejecutivo busca desviar la atención de las irregularidades detectadas durante la administración de Taddei.

La presidenta insistió en que las investigaciones deben sustentarse en pruebas y que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades, una fórmula que traslada la carga de la verificación a instancias distintas de la conferencia matutina. Al mismo tiempo respondió al expresidente del INE Lorenzo Córdova, quien pidió que las pesquisas incluyan a cualquier persona involucrada sin importar su afiliación. “No cubrimos a nadie”, afirmó Sheinbaum, y sostuvo que su gobierno no protege a funcionarios o militantes de Morena cuando existen elementos que los vinculan con actos de corrupción.

El tramo más relevante para el calendario electoral es el que sigue. Sheinbaum pidió a los actuales consejeros del INE transparentar las licitaciones previstas para las elecciones de 2027 y fijar mecanismos claros para la contratación de materiales electorales. También consideró necesario que las auditorías abarquen administraciones anteriores y no solo el periodo de Taddei, y defendió fortalecer Talleres Gráficos de México como parte de la cadena de producción de materiales. Son solicitudes que, en la práctica, presionan al árbitro electoral a abrir sus procedimientos de compra a escrutinio público en pleno año preelectoral.

La lectura política

El movimiento tiene una función doble. Hacia afuera, la presidenta convierte la transparencia en bandera y coloca al INE en posición de tener que demostrar que sus contrataciones son limpias. Hacia adentro, la demanda de Somos le permite presentarse como blanco de una represalia partidista y, con ello, reforzar la narrativa de que la oposición protege una red de corrupción que el gobierno está desmantelando. Ninguna de esas dos lecturas está resuelta jurídicamente: no existe aún resolución que acredite la red ni sentencia que confirme la difamación.

El incentivo de Somos es distinto. Al demandar por daño moral, el partido busca trasladar la discusión del terreno político al judicial y obligar a la presidenta a exhibir sus pruebas ante un juez, no solo ante la prensa. Si la demanda prospera o si el expediente se estanca, el costo político se reparte de manera desigual: una presidenta con alta visibilidad mediática puede sostener una acusación sin sentencia; un partido pequeño depende de que el proceso judicial avance para no quedar como el acusado que nunca se defendió. Esa asimetría es parte del cálculo.

El equilibrio interno también cuenta. La mención de Córdova y de Taddei permite al Ejecutivo trazar una línea de continuidad entre administraciones del INE de distinto signo, lo que debilita la lectura de que se trata de una vendetta contra una sola persona. Pero la misma amplitud obliga a la presidenta a sostener que no protege a nadie, incluidos los suyos, en un momento en que la fiscalización de las contrataciones electorales será un tema central de la contienda de 2027.

No hay aquí una candidatura formal ni una precandidatura de facto: el hecho es una declaración presidencial en respuesta a una demanda anunciada. Lo que sí hay es un posicionamiento que ordena el debate preelectoral en torno a la limpieza del árbitro y que obliga a los partidos a definirse sobre el uso de recursos públicos en la organización de los comicios.

Qué sigue

La demanda de Somos deberá admitirse y notificarse; a partir de ahí se abrirá un plazo para que la presidenta y Buenrostro respondan y ofrezcan pruebas. En paralelo, el INE tendrá que pronunciarse sobre la revisión de licitaciones para 2027 que pidió la mandataria, y las auditorías sobre administraciones anteriores deberán tener un responsable y un calendario verificable. La pregunta que queda abierta es si las pruebas que la presidenta afirma tener se presentan en el expediente judicial o se quedan en la conferencia matutina.