Taddei no entrega oficina del INE y la transición electoral queda en el aire

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que no se ha formalizado la entrega-recepción de la oficina y los bienes que estaban bajo resguardo de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala. El dato no es un trámite menor: sin acta de entrega no hay corte de responsabilidades sobre bienes, contratos y documentos de un área que administró recursos para la organización electoral, y la transición del árbitro queda formalmente incompleta a menos de un año del arranque del proceso 2026-2027.

Cruz García explicó que la obligación recae en la funcionaria saliente y que el procedimiento debió realizarse el último día de funciones o dentro de los cinco días posteriores. Aclaró que no se puede pedir al Órgano Interno de Control (OIC) un informe sobre el estado de los bienes como si fuera el resguardante, porque esa calidad corresponde a quien deja el cargo. La oficina permanece cerrada y la presidenta provisional sigue trabajando desde su oficina habitual, sin mudanza ni posesión física de las instalaciones.

"Nosotros no hemos recibido, o sea, todavía no se ha hecho", dijo Cruz García. Su argumento para no ocupar el espacio es operativo: el nombramiento es provisional y, a su juicio, no requiere cambio físico de instalaciones. "Creo que mi deber es ponerme, pues, con toda puntualidad a sacar el trabajo que nos compete", sostuvo.

El episodio se inserta en una transición más áspera de lo que sugiere el lenguaje administrativo. En días recientes, la propia Cruz García anunció que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en contrataciones de material electoral, y que las contrataciones para 2027 permanecen suspendidas temporalmente mientras se revisan requisitos técnicos. También se remitió información a la FGR sobre presuntos actos de corrupción atribuidos a Taddei, sin que exista aún resolución judicial que acredite delito alguno.

La lectura política

La entrega-recepción funciona, en la práctica, como el primer acto de rendición de cuentas de la nueva presidencia y como señal hacia adentro del Consejo General. No es una mudanza: es la fijación de un corte documental que determina qué se hereda, qué se reclama y qué se investiga. Mientras el acta no exista, la frontera entre la gestión de Taddei y la de Cruz queda difusa, y esa ambigüedad beneficia a quien quiera evitar una trazabilidad incómoda sobre contratos y bienes.

El incentivo de Cruz es claro: acumular evidencia administrativa antes de que el OIC y la FGR actúen, sin cargar con la responsabilidad de bienes que no ha recibido. Su decisión de no ocupar la oficina refuerza esa posición: no toma posesión de lo que no le han entregado formalmente. El costo es que la institución opera con una oficina presidencial cerrada en plena ruta crítica hacia 2027.

El equilibrio interno del INE también está en juego. Las diez consejerías acordaron impulsar la denuncia ante la FGR, lo que sugiere un bloque dispuesto a marcar distancia de la gestión anterior. Pero la denuncia aún no se presenta y las contrataciones siguen frenadas: el organismo enfrenta el riesgo de que la revisión de su pasado se convierta en retraso de su futuro operativo.

La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió al Instituto Nacional de Migración informar sobre el paradero de Taddei y de los hermanos Hernández Casillas, añade un componente político externo. Al remitir la pregunta a Migración, el Ejecutivo evita pronunciarse sobre el fondo y traslada la carga a otra autoridad. Es una fórmula de contención, no una respuesta.

Rumbo a 2027, la señal es doble: el INE quiere mostrar que ordena su casa antes de organizar la elección, pero cada día sin acta de entrega alimenta la percepción de que la transición interna es frágil. No hay candidatura ni precandidatura en juego aquí; lo que se disputa es la credibilidad administrativa del árbitro electoral en el momento en que debe preparar el proceso más grande del país.

Qué sigue

El OIC deberá verificar si la entrega se realizó dentro del plazo legal y, en su caso, determinar las acciones correspondientes. La presentación formal de la denuncia ante la FGR por las contrataciones de material electoral sigue pendiente. El Consejo General tiene pendiente definir la reanudación de contrataciones para 2027 y el calendario electoral no se ha modificado, según lo comprometido por Cruz García. La pregunta abierta es si el acta de entrega se formaliza antes de que el OIC intervenga o si la ausencia de documento se convierte en el primer expediente de la nueva gestión.