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Inhabilitan 10 años a exalcaldesa de Cuautlancingo; frena su ruta a 2027
El TJA de Puebla acreditó desvío de recursos y le impuso multa de 7.6 millones de pesos. Su aspiración a la Coordinación Municipal de Morena queda condicionada a la defensa que presente.
La Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla inhabilitó por 10 años a María Guadalupe Daniel Hernández, exalcaldesa de Cuautlancingo, por desvío de recursos, con multa de 7.6 millones de pesos. La sanción llega cuando buscaba la Coordinación Municipal de Morena rumbo a 2027. No pierde derechos políticos automáticamente, pero no puede ocupar cargos públicos mientras el fa
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Puebla notificó una resolución que inhabilita por 10 años a María Guadalupe Daniel Hernández, exalcaldesa de Cuautlancingo, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. El expediente 85/2024-PRA-SERA-2 acreditó una falta administrativa grave consistente en desvío de recursos públicos y contempla además una multa de 7.6 millones de pesos, con fundamento en el artículo 78, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El momento del fallo no es menor: la sanción se notifica cuando la exalcaldesa había manifestado su intención de competir por la Coordinación Municipal de Morena en Cuautlancingo, una posición que en la práctica funciona como plataforma para posicionarse de cara a las elecciones de 2027. La inhabilitación no equivale a la pérdida automática de los derechos políticos electorales, pero sí constituye un impedimento legal directo para ocupar cargos públicos bajo los términos dictados por el tribunal, a reserva de que su defensa interponga recursos para revertir o suspender el fallo.
El grupo político de Daniel Hernández ya evalúa alternativas para mantener vigencia dentro de Morena. En el mismo proceso interno se registró Alberto Vázquez, identificado como yerno de la exalcaldesa y pareja sentimental de la regidora Ana Laura Papaqui Hernández, figuras que contarían con el respaldo operativo y político de la exmandataria. Es decir, la estructura local no desaparece con la sanción: se reacomoda en un nombre con menor exposición jurídica.
El escenario se desarrolla en paralelo a las tensiones dentro del Cabildo de Cuautlancingo. La regidora Papaqui Hernández y la edil de Movimiento Ciudadano, Evelyn Camela, han mantenido una postura abiertamente crítica frente al gobierno municipal que encabeza Omar Muñoz. Las diferencias al interior del cuerpo edilicio han escalado con cuestionamientos constantes a la administración actual, en un ambiente donde las fuerzas políticas locales ya se disputan el control político del municipio.
La lectura política
La inhabilitación cambia los términos de la contienda interna: pasa de una disputa entre corrientes a un proceso marcado por la fiscalización del pasado reciente del Ayuntamiento. Para Morena en Puebla, el costo no es solo la salida temporal de un cuadro con arraigo municipal; es la obligación de decidir si conserva o no la estructura de Daniel Hernández bajo otro rostro. La respuesta visible —el registro de Alberto Vázquez— sugiere que la apuesta es preservar la operación y trasladar el capital político a un perfil sin la carga del expediente.
Hay que distinguir con precisión qué es y qué no es cada figura. La Coordinación Municipal de Morena no es una candidatura registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ni ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla; es una posición partidista que ordena la operación territorial y suele anteceder a una candidatura. En ese sentido, la aspiración de Daniel Hernández era una precandidatura de facto, no formal. La inhabilitación no la expulsa del partido ni le retira el derecho a militar, pero le cierra la vía para ocupar el cargo público al que esa coordinación conduce, salvo que la sanción se revoque o suspenda.
El incentivo de los adversarios internos es claro: usar la resolución como filtro de elegibilidad y como argumento de rendición de cuentas frente a la militancia. El incentivo del grupo de la exalcaldesa es ganar tiempo procesal y mantener la operación con un sustituto. El incentivo del partido, a nivel estatal, es evitar que un caso de desvío de recursos contamine su narrativa de combate a la corrupción en un municipio del área metropolitana de Puebla, donde cada alcaldía pesa en la geografía electoral de 2027.
La señal hacia aliados y adversarios es doble: las autoridades administrativas de Puebla están dispuestas a sancionar a cuadros con capital político activo, y las estructuras locales sobreviven a sus liderazgos mediante relevos familiares o de confianza. Lo que falta por verificar es si la defensa logra una suspensión y si el partido valida o bloquea el registro de Vázquez.
Qué sigue
La defensa de Daniel Hernández tiene la vía de impugnación abierta para intentar revertir o suspender la resolución; el plazo y la ruta procesal dependen de lo que notifique el propio tribunal. En paralelo, el proceso interno de Morena en Cuautlancingo deberá resolver la situación del registro de Alberto Vázquez y definir si la Coordinación Municipal queda en manos de la estructura de la exalcaldesa o de otra corriente. El Cabildo, mientras tanto, sigue operando con una oposición interna que ya cuestiona al alcalde Omar Muñoz. El desenlace de esos tres frentes definirá quién llega con posición a 2027 en uno de los municipios con mayor peso del área metropolitana poblana.