TEV pide 25 plazas eventuales para un 2027 que anticipa litigios por IA

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) planea contratar alrededor de 25 trabajadores eventuales para reforzar sus áreas jurídicas y administrativas durante el proceso electoral 2026-2027, pero la decisión no está tomada: depende de que le autoricen el presupuesto que solicitó. El magistrado presidente, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, lo planteó el jueves 29 de octubre como una medida de contención ante una carga de trabajo que el propio tribunal prevé creciente.

El TEV pidió 110 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, frente a los 93 millones que ejerce actualmente; sin esa ampliación, las plazas no se abren. El destino del personal sería principalmente las ponencias y la Secretaría General de Acuerdos, con perfiles jurídicos, es decir, abogados para atender los asuntos que lleguen al organismo jurisdiccional. Salazar Ceballos fue explícito en que todavía no puede hablar de sueldos ni confirmar la convocatoria: primero necesita saber con cuánto cuenta.

El calendario que describió es tentativo y está atado a esa condición. La convocatoria se publicaría en el primer trimestre de 2027 y las contrataciones se concretarían entre mayo y septiembre del mismo año, en plena preparación de las precampañas y campañas locales. En Veracruz se renovarán las diputaciones del Congreso estatal, comicios que suelen concentrar litigios por registros, spots, encuestas y actos anticipados de campaña.

El argumento de la inteligencia artificial

El magistrado presidente colocó un factor nuevo en el centro de la previsión: la posibilidad de que aumenten los procedimientos especiales sancionadores por uso y manipulación de información mediante inteligencia artificial. "Precampañas, campañas, añadiendo este componente de la posibilidad de que haya esta manipulación de información, prevemos que puede haber mucha más carga de trabajo en procedimientos especiales sancionadores", dijo.

La advertencia sobre desinformación generada con IA funciona como justificación presupuestal y, a la vez, como señal de hacia dónde se moverá la conflictividad electoral en Veracruz. El propio tribunal identifica la IA como un reto doble: herramienta útil para el trabajo institucional y fuente de riesgos por noticias falsas, desinformación y manipulación de contenidos. Es una lectura razonable, aunque el hecho verificable hoy es la solicitud de recursos, no la existencia comprobada de una ola de litigios por IA.

La lectura política

Un tribunal electoral que pide más dinero y más personal no está tomando partido, pero sí está haciendo política institucional. La solicitud de 110 millones de pesos coloca al TEV en una negociación con el Ejecutivo y el Congreso de Veracruz sobre el costo de arbitrar una elección que se anticipa disputada. Quien autoriza el presupuesto condiciona, en los hechos, la capacidad de respuesta del árbitro: menos recursos significan menos ponencias, resoluciones más lentas y mayor margen para que los conflictos se resuelvan fuera de la vía jurisdiccional o lleguen tarde a la boleta.

El incentivo del magistrado presidente es claro: blindar la operación del tribunal antes de que el volumen de expedientes lo desborde. El de los actores políticos es distinto. Un TEV reforzado eleva el costo de las campañas sucias, de los actos anticipados y del uso de contenido manipulado; un TEV desfinanciado, en cambio, favorece a quien pueda sostener litigios largos o a quien apueste a que la sanción llegue después del día de la elección.

Las 25 plazas eventuales no son una candidatura ni un posicionamiento partidista, pero sí son una precandidatura institucional: el tribunal se está preparando para ser protagonista del 2027 veracruzano. La distinción importa. No hay aquí una aspiración electoral, sino una apuesta administrativa que, si se concreta, definirá la velocidad y el rigor con que se resolverán las impugnaciones de diputaciones locales. Si no se concreta, el mensaje que envía a aliados y adversarios es que el arbitraje electoral opera al límite de su capacidad.

El equilibrio interno del tribunal también queda expuesto. Concentrar el refuerzo en ponencias y en la Secretaría General de Acuerdos sugiere que el cuello de botella está en la resolución, no en la recepción de quejas. Es una confesión operativa: el TEV anticipa que el problema no será cuántos asuntos llegan, sino cuántos puede resolver a tiempo.

Qué sigue

El primer paso verificable es la definición del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal: de ella depende que existan o no las plazas. Si los 110 millones de pesos se aprueban, la convocatoria deberá publicarse en el primer trimestre de 2027 y las contrataciones se ubicarían entre mayo y septiembre. Si el monto autorizado se acerca a los 93 millones actuales, el refuerzo de 25 personas quedaría, en los hechos, sin base financiera. Conviene seguir también si el tribunal detalla protocolos o criterios propios para atender los procedimientos sancionadores relacionados con inteligencia artificial, un terreno donde la ley electoral mexicana aún se está construyendo.