RUTA 27 · MEDIUM
Trabajadores del INE alertan que la crisis de credibilidad acecha 2027
Personal del instituto, que pidió anonimato por temor a represalias, advierte que los señalamientos de corrupción ya erosionan la confianza ciudadana de cara al proceso electoral federal. La designación de la nueva presidencia será la prueba de si la institución recupera su papel
Trabajadores del INE, que pidieron anonimato, advirtieron que los escándalos de corrupción y la pérdida de credibilidad ciudadana ya repercuten en el Proceso Electoral Federal de 2027. Señalan abusos en áreas clave bajo la presidencia de Guadalupe Taddei y piden que la próxima presidencia del Consejo General sea imparcial, con trayectoria electoral y sin vínculos partidistas. La designación en la
Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron, bajo condición de anonimato por temor a represalias, que la pérdida de credibilidad ciudadana derivada de los escándalos de corrupción ya tiene consecuencias sobre el Proceso Electoral Federal de 2027. No es una queja gremial: es el diagnóstico de quienes operan la maquinaria que deberá organizar la elección y, al mismo tiempo, una señal sobre el costo político que la crisis interna del árbitro puede trasladar a la contienda.
El personal consultado sostiene que la crisis de confianza no es un problema de percepción externa, sino una erosión que ya toca la capacidad del instituto para presentarse ante la ciudadanía como autoridad imparcial. Una de las trabajadoras entrevistadas describió "un problema de confianza gravísimo" y planteó la pregunta que, en su lectura, definirá los próximos dos años: cómo volver a decirle a la ciudadanía que crea en el INE. Otro colaborador fue más lejos: afirmó que lo que percibe la gente es que el instituto "se ha vuelto una institución mal manejada".
Las acusaciones internas apuntan a áreas específicas: la Secretaría Ejecutiva, la Presidencia del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Una de las entrevistadas vinculó el deterioro con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General y habló de "abuso de las atribuciones", de los recursos y del personal. Son señalamientos de trabajadores que pidieron no ser identificados; no constituyen, por sí mismos, una resolución administrativa o judicial sobre esos hechos.
El malestar convive con una defensa cerrada de la institución. Los consultados insistieron en que el INE no se reduce a su presidencia ni a su Consejo General, sino a más de 17 mil funcionarios y funcionarias. "Sólo se va la persona que dirigía el barco, pero los tripulantes nos quedamos", resumió una de ellas. Otro colaborador dijo que, pese a la crisis, prefiere no portar el logo institucional porque la percepción pública ya lo castiga.
La lectura política
El señalamiento de los trabajadores funciona, en la práctica, como presión directa sobre la negociación de la próxima presidencia del Consejo General, que ocupará el cargo hasta 2032 y que debe designarse en la Cámara de Diputados. Al fijar criterios —trayectoria electoral, ausencia de vínculos con fuerzas políticas y de antecedentes de escrutinio público—, el personal del instituto intenta acotar el margen de maniobra de los legisladores y enviar una señal a las dirigencias partidistas: cualquier nombramiento percibido como cercano al oficialismo sería leído, dentro del propio INE, como un golpe a la credibilidad del árbitro.
La advertencia de que una presidencia cercana al oficialismo sería "catastrófica" y "la crónica de una muerte anunciada" es una opinión de la trabajadora consultada, no un hecho verificado. Pero revela un equilibrio interno frágil: parte del funcionariado ya no confía en la conducción y, al mismo tiempo, necesita que la institución llegue fortalecida a 2027. Ese dilema es políticamente relevante porque el INE no solo organiza la elección: califica coaliciones, fiscaliza campañas, administra prerrogativas y resuelve disputas en primera instancia. Si la confianza en esas funciones se deteriora, el costo recae sobre la legitimidad de los resultados y sobre la capacidad de las autoridades electorales para contener impugnaciones.
La demanda de recuperar la colegialidad del Consejo General y el trabajo territorial de los consejeros apunta a un problema de diseño práctico: un árbitro percibido como dependiente de una sola persona pierde margen para ser aceptado por todas las fuerzas políticas. En un sistema donde los partidos suelen impugnar todo, la imparcialidad no es solo un requisito legal, sino un recurso político que el INE necesita para que sus resoluciones sean acatadas sin crisis de legitimidad.
El movimiento también envía una señal hacia adentro: el personal que pide anonimato por temor a represalias describe un clima donde la crítica interna tiene costo. Eso importa para 2027 porque la operación electoral depende de miles de funcionarios locales y de una estructura desconcentrada que, si se percibe abandonada o castigada, puede resentir la coordinación en la jornada electoral.
Qué sigue
La definición de la nueva presidencia del Consejo General del INE en la Cámara de Diputados es el próximo punto de verificación. Los trabajadores consultados pidieron a los legisladores analizar la probidad e imparcialidad de los candidatos y actuar con responsabilidad. También queda por verse si el Consejo General recupera la colegialidad y el trabajo territorial que los consultados reclaman, y si el instituto logra reconstruir la confianza ciudadana antes del arranque formal del Proceso Electoral Federal de 2027. La evidencia disponible no permite aún saber si esas demandas serán atendidas ni cómo se resolverá la designación.