425 menores deportados a Tijuana en 2026; alertan por captación criminal

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIFBC) reportó la deportación de 425 niñas, niños y adolescentes a Tijuana en lo que va de 2026, una cifra que, aunque menor a la de 2025, coloca a la frontera ante un problema persistente: la llegada de menores solos o separados de sus familias a una ciudad donde las organizaciones advierten riesgos de desaparición y captación por el crimen organizado.

La directora del DIFBC, Diana Asunción Pérez Álvarez, explicó que en 2025 se atendieron 603 menores repatriados, mientras que este año la cifra se ubica en 425, una reducción de 29 por ciento. La reducción respecto a 2025 no elimina el riesgo: cada menor deportado sin red familiar inmediata queda expuesto a un periodo de incertidumbre en una ciudad fronteriza con presencia de grupos criminales.

Según la funcionaria, en cuatro de cada diez casos los menores son reintegrados con sus familias; el resto permanece de manera temporal en el Albergue Jason & Alexander mientras se concreta la reunificación. Las edades de los atendidos van de los 12 años en adelante y provienen principalmente de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, estados desde donde intentan cruzar la frontera para reunirse con algún familiar en Estados Unidos.

Pérez Álvarez calificó como situaciones aisladas los casos de menores de menor edad, como el de una niña de tres años deportada por autoridades estadounidenses, y aseguró que la menor ya se encuentra con su familia. La afirmación no estuvo acompañada de datos que permitan verificar cuántos casos de ese tipo se han registrado.

La alerta de las organizaciones

La coordinadora de Casa YMCA para la niñez y juventud en movilidad, Valeria Ruiz, advirtió que la falta de información sobre menores migrantes desaparecidos representa uno de los principales obstáculos para dimensionar los riesgos que enfrenta esta población. Sin registros sistemáticos de menores desaparecidos en rutas migratorias, la reducción en las deportaciones no puede leerse como una mejora en la protección de la niñez.

Ruiz mencionó reportes de entre 4 mil y 5 mil menores fallecidos identificados en diversas rutas migratorias del mundo, cerca de 500 en el continente americano y al menos 200 en la frontera entre México y Estados Unidos. A esas cifras se suman más de 800 jóvenes desaparecidos, de quienes se desconoce cuántos continúan con vida.

La coordinadora recordó el caso de Jason y Alexander, adolescentes hondureños que fueron atraídos con ofertas de mejores oportunidades, vivían en un albergue de Tijuana y, tras ser engañados y extorsionados por personas relacionadas con el crimen organizado, terminaron quitándose la vida. El albergue que hoy lleva sus nombres surgió de ese caso.

Ruiz explicó que los menores están expuestos a mecanismos de captación a través de redes sociales y videojuegos, donde personas entablan contacto con ellos para ofrecerles empleos, dinero fácil o ayuda para cruzar la frontera. La captación digital de menores migrantes opera como una vía de reclutamiento que las autoridades no han cuantificado públicamente.

Agregó que las restricciones migratorias y el temor a acercarse a las autoridades han llevado a algunos adolescentes a permanecer por su cuenta o buscar alojamiento con conocidos en lugar de acudir a albergues. Como ejemplo, señaló que Casa YMCA recibía alrededor de mil menores al año y actualmente atiende entre 20 y 30, lo que ha obligado a la organización a reorientar su trabajo hacia procesos de integración comunitaria: acceso a educación, empleo y servicios de salud, además de la regularización migratoria.

La lectura

El dato del DIFBC y la alerta de Casa YMCA describen dos dimensiones del mismo fenómeno. La primera es administrativa: cuántos menores llegan, cuántos se reúnen con sus familias y cuántos pasan por un albergue. La segunda es de protección: qué ocurre con quienes no entran en ningún registro, no se acercan a una autoridad o son contactados por redes criminales.

La caída de 29 por ciento en las deportaciones es un dato verificable, pero no equivale a una reducción del riesgo; la propia organización reporta que menos menores acuden a albergues, lo que puede indicar mayor desprotección y no menor flujo.

El caso Jason y Alexander muestra que el riesgo no es hipotético: dos adolescentes bajo resguardo institucional fueron captados y extorsionados. La existencia de un albergue con sus nombres es una respuesta institucional, pero también un recordatorio de que la protección llega después de que el daño ocurrió.

Qué sigue

Queda por esclarecer cuántos de los 425 menores deportados en 2026 carecían de red familiar en México, cuántos permanecieron en el albergue y por cuánto tiempo, y qué seguimiento reciben tras la reunificación. También falta información pública sobre menores migrantes desaparecidos en la frontera y sobre investigaciones por captación de adolescentes en Tijuana.

La respuesta institucional reportada se limita a la atención del DIFBC y al trabajo de Casa YMCA. No hay en la evidencia disponible datos sobre coordinación con fiscalías, protocolos de búsqueda o mecanismos de alerta temprana para menores no localizados. Sin esos elementos, la reducción en las deportaciones seguirá siendo una cifra sin lectura de protección posible.