Brigada de Búsqueda arranca en Guerrero sin la FGR y con familias expuestas

La VIII Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas inició operaciones en Guerrero el 12 de noviembre de 2026 sin el respaldo ni la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), que canceló de última hora su intervención en campo. El hecho tiene una consecuencia inmediata: las familias buscarán a sus desaparecidos en Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo sin Ministerios Públicos federales que den fe de los hallazgos, cuando la Fiscalía es la autoridad que lleva el caso de la familia Trujillo, uno de los expedientes que motivan la brigada.

La FGR canceló su participación en la búsqueda en campo pese a que la Comisión Nacional de Búsqueda confirmó que mantendría su asistencia. Juan Carlos Trujillo Herrera, integrante de la brigada, explicó ante la prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que la ausencia de la Fiscalía arrastra a otras instancias: "Hay instituciones como la Comisión Ejecutiva que si FGR cancela, se anula automáticamente todo en consecuencia". La Comisión Nacional de Búsqueda, dijo, comunicó que seguiría. La evidencia disponible no permite establecer por qué la FGR canceló ni si medió una instrucción formal; ese es uno de los puntos que quedan por esclarecer.

La brigada no es un operativo improvisado. Las familias, organizadas en la Red de Enlaces Nacionales —más de 140 colectivas—, sostendrán una reunión de trabajo en Acapulco y realizarán búsquedas en ese puerto, en Atoyac de Álvarez y en Chilpancingo. En la brigada hay 170 familias registradas a nivel nacional, 67 de ellas en Guerrero, y 93 participarán en el encuentro nacional con sede en Acapulco. Trujillo Herrera enmarcó la edición en una década de búsqueda: "Entre la búsqueda 2016 a 2026, hoy tenemos un país lleno de buscadoras y buscadores que no existían en 2016".

El costo de esa labor recae en las familias. "Nuevamente, somos las familias las que tenemos que poner el cuerpo y alma; cubrir los gastos de las búsquedas de nuestros familiares, lo que nos deja vulnerables ante el empobrecimiento sistemático y pone en riesgo nuestra salud física, mental y nuestro patrimonio", señalaron. Las familias advirtieron que salen sin protección estatal y responsabilizaron al Estado de cualquier incidente que ocurra durante la brigada. "Nuevamente salimos sin ninguna protección, y los hacemos responsables de cualquier situación que llegue a pasar en estas brigadas, porque ellos son los que deberían protegernos y nos están dejando solos", dijo una de las participantes.

María Herrera, madre de ocho hijos, cuatro de ellos desaparecidos, puso cifras al silencio que rodea la búsqueda. Sus hijos Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera desaparecieron en agosto de 2008 en Guerrero; Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, en Veracruz en septiembre de 2010. "En mi pueblo hay más de 100 desaparecidos. ¿Y saben cuántas denuncias existen? Nada más la nuestra. ¿Y saben por qué no denuncian? Porque les da miedo", reclamó. La ausencia de denuncias que describe María Herrera no equivale a ausencia de desapariciones, y la brigada opera justamente donde el miedo inhibe la denuncia.

La lectura

El episodio expone un patrón institucional verificable en la evidencia: la búsqueda de personas desaparecidas queda a cargo de las familias cuando la autoridad federal se retira del campo. La FGR lleva el caso de la familia Trujillo y, según el testimonio recogido, tendría que intervenir en la labor de búsqueda; su cancelación deja la diligencia sin Ministerios Públicos y, según los organizadores, arrastra a la Comisión Ejecutiva. La Comisión Nacional de Búsqueda confirmó su asistencia, lo que sugiere una coordinación fragmentada entre instancias federales. No hay en la evidencia una explicación oficial de la FGR ni un documento que confirme el alcance de la cancelación; sin esos elementos, no puede afirmarse que exista una decisión deliberada de desamparar a las buscadoras, pero sí que el operativo se realiza sin la autoridad que debía acompañarlo.

Qué sigue

La brigada continuará sus búsquedas en Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo con las 67 familias guerrerenses registradas y el encuentro nacional en Acapulco. Queda por esclarecer si la FGR explicará públicamente los motivos de su cancelación, si la Comisión Nacional de Búsqueda mantiene su respaldo en campo y qué instancia dará fe legal de los hallazgos. Las familias anunciaron que seguirán "con o sin estado".