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CDH Puebla acumula 32 quejas contra penal de San Miguel; 18 con medidas cautelares
Familiares de internos exigen la destitución del director tras denunciar extorsiones y cobros ilegales; la Comisión confirma expedientes abiertos durante 2026.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla informó que acumula 32 quejas contra el penal de San Miguel por presuntas extorsiones y cobros ilegales; 18 tienen medidas cautelares para proteger a internos. Las denuncias derivaron en protestas y bloqueos que exigen la destitución del director Jorge Ortiz Delgadillo. Las autoridades no han acreditado las irregularidades ni respondido públicamente a la e
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla acumula 32 quejas contra el penal de San Miguel por presuntas extorsiones y cobros ilegales, de las cuales 18 cuentan con medidas cautelares para proteger la integridad y la vida de las personas privadas de la libertad. La cifra fue dada a conocer por la presidenta del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya, después de las recientes protestas de familiares de internos que exigen la destitución del director del reclusorio, Jorge Ortiz Delgadillo.
El dato no es menor: la acumulación de 32 expedientes en un solo año y la activación de 18 medidas cautelares convierten al penal de San Miguel en un foco de atención para el sistema de derechos humanos en Puebla. Las medidas cautelares no prejuzgan sobre el fondo, pero su número sugiere que la Comisión identificó riesgos para la seguridad de los internos mientras investiga.
La lectura
Las quejas, según la información disponible, se refieren a presuntos pagos obligatorios para evitar agresiones, permanecer en determinadas áreas y acceder a servicios dentro del penal, así como a exigencias económicas que pueden alcanzar miles de pesos. Estos señalamientos no son nuevos: desde 2025 se han registrado movilizaciones y denuncias por cobros por artículos básicos, visitas y otros servicios. Las protestas de familiares incluyeron bloqueos en la autopista México-Puebla, el Periférico Ecológico y la Vía Atlixcáyotl, además de manifestaciones frente a las oficinas de la CDH.
La respuesta institucional se ha limitado, hasta ahora, a la apertura de expedientes y al despliegue de medidas cautelares; no hay evidencia pública de que las presuntas irregularidades hayan sido acreditadas ni de que se haya fincado responsabilidad alguna. La propia presidenta de la CDH explicó que las medidas buscan prevenir riesgos, lo que confirma que se trata de protección mientras se investiga, no de una conclusión sobre los hechos. Tampoco se conoce una respuesta pública del director señalado ni de las autoridades penitenciarias ante la exigencia de destitución.
El caso plantea un problema de control interno en un centro penitenciario y, al mismo tiempo, una prueba para las instituciones: la acumulación de quejas y la persistencia de las protestas indican que las familias no han encontrado cauces efectivos para que sus denuncias se traduzcan en cambios concretos. La CDH puede emitir recomendaciones, pero la destitución del director corresponde a otras instancias, cuyo pronunciamiento no se ha hecho público.
Qué sigue
Queda por esclarecer si las 32 quejas darán lugar a recomendaciones formales, si las medidas cautelares se mantendrán o ampliarán, y si las autoridades penitenciarias o la fiscalía local abrirán investigaciones penales por las presuntas extorsiones. También falta conocer si el gobierno estatal responderá a la exigencia de destitución del director y si se permitirá el acceso de organismos externos al penal para verificar las condiciones. La evidencia disponible no permite afirmar que los cobros ilegales estén probados; la cobertura debe distinguir entre denuncia, investigación y sanción.