Víctimas de tortura de la era Calderón exigen a FGR cerrar sus procesos penales

Dieciocho víctimas de tortura y sus familiares, agraviados durante la 'guerra contra el crimen organizado' lanzada en el sexenio de Felipe Calderón, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir los procesos penales que mantienen abiertos en su contra, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos y garantizar la reparación integral del daño. La demanda, respaldada por el Centro de Acompañamiento y Representación Integral en Derechos Humanos y la Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura, confronta al Estado mexicano con una deuda de justicia que persiste más de una década después de los hechos.

Las víctimas señalan que la tortura y las violaciones a derechos humanos fueron cometidas con toda la fuerza del Estado bajo una política de fabricación de culpables para demostrar resultados en una guerra que nadie ganó. En un comunicado, los firmantes identificaron al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino como operadores de una maquinaria dedicada a cometer violaciones a derechos humanos para validar la estrategia de seguridad calderonista. Ambos se encuentran en prisión, pero las víctimas advierten que aún tienen cuentas pendientes con la justicia, mientras que Calderón nunca ha sido investigado por las miles de personas torturadas e injustamente encarceladas bajo su cadena de mando.

El documento sostiene que la extinta Policía Federal, creada el 1 de junio de 2009 con facultades de investigación preventiva y auxilio a las policías estatales y municipales, cometió violaciones a derechos humanos de manera sistemática y generalizada. Como prueba, citan los registros de 802 quejas presentadas contra esa dependencia en 2012 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que emitió 14 recomendaciones a la corporación policial en 2013. Asimismo, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), también operada por García Luna, se caracterizó por la fabricación de culpables a través de detenciones arbitrarias, tortura y otras violaciones, utilizando a los medios de comunicación para exhibir como culpables a personas detenidas que ni siquiera habían sido puestas a disposición de una autoridad judicial.

Las víctimas advierten que el actuar sistemático de la Policía Federal pone en profundo cuestionamiento al sistema penal ante la valoración de pruebas obtenidas por violaciones a derechos humanos. En su comunicado, alertaron que existe una deuda social histórica al no conocer la verdad de lo ocurrido en ese periodo, lo que deja a las víctimas de delitos sin justicia y genera nuevas víctimas de violaciones a derechos humanos. Los casos reseñados, dicen, son sólo algunos de los cientos de personas cuyas vidas fueron fracturadas por la corporación que, al mando de García Luna y Cárdenas Palomino, detuvo arbitrariamente, torturó y fabricó pruebas con el principal objetivo de mostrar a la sociedad que la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado funcionaba.

Entre las víctimas que reclaman justicia se encuentra Israel Vallarta Cisneros, detenido en diciembre de 2005 por elementos de la AFI en el operativo en el que también fue detenida la francesa Florence Cassez, acusados de secuestro. Vallarta fue liberado el 1 de agosto de 2025 al determinarse que la acusación se sostenía en pruebas obtenidas bajo tortura, inducción de testigos y testimonios falsos. Relacionados con ese caso están los hermanos Alejandro y Juan Carlos Cortés Vallarta, detenidos en 2009 y liberados siete años después; Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, detenidos en 2012, que continúan privados de libertad sin sentencia; Abel Silva Petriciolet, detenido en 2009 acusado de secuestro tras haber sido torturado y obligado a autoincriminarse, y que sigue privado de libertad. Otras víctimas de tortura obligadas a autoincriminarse son Rogelio Amaya Martínez y Noé Fuentes Chavira, detenidos el 11 de agosto de 2010.

La lectura

El caso no es un episodio aislado, sino la evidencia de un patrón institucional: la tortura como herramienta de investigación y la fabricación de culpables para exhibir resultados en la guerra contra el crimen organizado. Las 802 quejas ante la CNDH y las 14 recomendaciones de 2013 contra la Policía Federal confirman que las violaciones fueron sistemáticas y generalizadas, no excesos individuales. La exigencia de las víctimas coloca al Estado mexicano ante la disyuntiva de reconocer que las pruebas obtenidas bajo tortura contaminaron los procesos penales o de mantener una justicia que se sostiene en violaciones a derechos humanos. La mención de García Luna y Cárdenas Palomino, ambos en prisión, pero sin que la cadena de mando haya sido investigada hasta el nivel presidencial, subraya la selectividad de la justicia.

Qué sigue

Las víctimas y sus familias solicitaron ser recibidas por la titular de la FGR, Ernestina Godoy, para que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) considere presentar conclusiones de inculpabilidad en los casos de quienes siguen bajo proceso penal, y que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) investigue la responsabilidad de todos los involucrados, incluyendo la cadena de mando hasta los niveles más altos. También pidieron al Poder Judicial de la Federación concluir las acciones administrativas necesarias para que los procesos pendientes, que llevan más de 14 años en instrucción, se resuelvan de inmediato, y a la Secretaría de Gobernación garantizar la pronta reparación integral a todas las víctimas por todos los daños causados, incluido el periodo de privación de libertad cuando existan sentencias absolutorias que acrediten que fueron sujetos a proceso penal con pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos. Falta por esclarecer si la FGR accederá a una reunión y si las fiscalías especializadas actuarán de oficio para revisar los casos.