Armenta confirma traslados en San Miguel y revisión a funcionarios del penal

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó el traslado de personas privadas de la libertad del penal de San Miguel, luego de que familiares de internos señalaron a tres reclusos por actos de extorsión, amenazas e intimidación. El anuncio convierte una protesta de familiares en una decisión operativa del gobierno estatal y abre una revisión sobre el funcionamiento interno del centro penitenciario, incluida la actuación de sus servidores públicos.

El mandatario estatal confirmó que la reubicación de internos señalados podría concretarse en los próximos días. En declaraciones recogidas el jueves 12 de noviembre en el Congreso del Estado, Armenta Mier sostuvo: "Es muy probable que en estos días se trasladen algunos reos que son los que presuntamente han estado realizando estos actos que generan intimidación y amenaza". La frase ubica el traslado como medida en preparación y no como una acción consumada; no se precisó el número de personas ni los penales de destino.

El origen del conflicto es una manifestación realizada el lunes 9 de noviembre por familiares de personas privadas de la libertad. Según los reportes, los familiares exigieron el traslado de tres internos identificados como "El Picos", "El Primo" y "Juanca del Sur", a quienes acusaron de participar en extorsiones y amenazas contra otros reclusos. Durante la protesta también denunciaron presuntos cobros ilegales, venta de drogas y agresiones al interior del penal, y pidieron la destitución del director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, Jorge Ortiz Delgadillo.

El gobernador vinculó el traslado con una investigación sobre posibles irregularidades de funcionarios del centro penitenciario. Armenta Mier señaló que se revisan las denuncias relacionadas con el funcionamiento del penal y la actuación de los servidores públicos, por lo que cualquier determinación deberá sustentarse en las investigaciones correspondientes y el marco legal. Sobre la exigencia de destituir al director, subrayó que las indagatorias deben respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos laborales: "Cualquier queja la investigamos", aseguró.

La respuesta institucional incluye coordinación con el Gobierno federal. Según lo expuesto por el mandatario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció respaldo para atender los conflictos del penal, y Armenta Mier agradeció la disposición: "Claro que agradecemos, y claro que necesitamos el apoyo, claro que contamos con el apoyo y claro que trabajamos en equipo". El gobernador detalló que la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina participan en labores de vigilancia y supervisión de los penales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante recorridos y visitas periódicas.

La mesa de trabajo entre autoridades estatales y familiares ya fue instalada para dar seguimiento a las denuncias. Armenta Mier informó que el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, trabaja con el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, para escuchar las inquietudes y atender las quejas. "Somos un gobierno que siempre está abierto a dialogar, escuchar, conciliar en el marco de la ley", afirmó.

La lectura

El caso de San Miguel muestra un patrón institucional que conviene precisar: la denuncia de extorsión y cobros ilegales proviene de familiares de internos, no de una resolución judicial ni de una investigación concluida. Hasta ahora hay señalamientos públicos, una exigencia de destitución y la confirmación de que se revisan posibles irregularidades; no existe, en la evidencia disponible, una imputación formal contra los internos señalados ni contra el director del penal. La distinción importa: el traslado anunciado es una medida administrativa y de seguridad, no una sentencia.

La decisión del gobernador tiene consecuencia política porque traslada el conflicto del ámbito de la protesta al de la gestión penitenciaria. Al involucrar a la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina en la vigilancia, el gobierno estatal admite que el control interno del penal requiere apoyo federal, aunque no se detalló si esas fuerzas participarán en el traslado mismo o solo en la supervisión. El respaldo ofrecido por la Federación también coloca el asunto en la agenda nacional de política penitenciaria.

Qué sigue

Falta esclarecer cuántos internos serán trasladados, a qué centros y bajo qué protocolo de seguridad; si el traslado incluye a los tres señalados por los familiares; y si la investigación sobre funcionarios derivará en procedimientos administrativos o penales. También queda pendiente saber si la mesa de trabajo con familiares producirá medidas verificables más allá del diálogo, y si la revisión alcanzará al director del Cereso, cuya destitución se exige pero cuya situación jurídica y laboral no ha sido definida públicamente. El gobierno estatal no ha precisado plazos para ninguna de estas definiciones.