SEGURIDAD · MEDIUM
Autogobierno en penal de San Miguel: extorsiones de hasta 100 mil pesos a familias
La activista Saskia Niño de Rivera denunció que internos controlan la zona W del penal de Puebla y cobran a familiares para evitar agresiones. La CNDH calificó el centro con 5.31 de 10.
Saskia Niño de Rivera denunció que internos del penal de San Miguel, en Puebla, ejercen autogobierno y extorsionan a familias con pagos de hasta 100 mil pesos para no golpear a los reclusos. El diagnóstico 2025 de la CNDH calificó el centro con 5.31 de 10 y documentó hacinamiento, falta de personal y actividades ilícitas. Familiares bloquearon ocho puntos de la ciudad para exigir el cese de las ex
Internos que controlan el penal de San Miguel, en Puebla, exigen entre 30 mil y hasta 100 mil pesos a las familias de otros reclusos para no golpearlos, según denunció la activista Saskia Niño de Rivera en sus redes sociales. La fundadora de la organización Reinserta sostuvo que en el centro penitenciario existe un autogobierno y que las autoridades no tienen el control de las instalaciones. La denuncia describe una red de extorsión y violencia operada desde el interior del penal, con cobros escalonados según la capacidad de pago de cada familia.
Niño de Rivera detalló que quienes no logran cubrir las exigencias económicas sufren represalias. En su publicación también describió la zona W del penal como un espacio con condiciones inhumanas y de hacinamiento, donde los internos permanecen recluidos sin salir a la luz del día. La activista cuestionó además las condiciones de seguridad y recordó el hallazgo de un bebé muerto en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla.
El diagnóstico que respalda el patrón
La denuncia no llega aislada. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en octubre, otorgó al centro una calificación de 5.31 sobre 10. El documento oficial documenta problemas de atención médica, alimentación e higiene, hacinamiento, falta de personal de seguridad y presencia de actividades ilícitas. También señala deficiencias en la prevención de agresiones y violaciones a derechos humanos, problemas en la clasificación de las personas privadas de la libertad y fallas en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias.
La coincidencia entre la denuncia de la activista y el diagnóstico de la CNDH permite leer el caso como un patrón institucional y no como un episodio aislado. El autogobierno que describe Niño de Rivera supone que el control interno del penal no está en manos de la autoridad, sino de grupos de internos que administran la violencia y cobran por ella. Esa estructura explica por qué las familias, que no son parte del conflicto penal, quedan expuestas a extorsiones con montos que superan con creces el ingreso promedio de un hogar.
Tras las revelaciones, familiares de los reos bloquearon ocho puntos importantes de la ciudad de Puebla, lo que desquició la movilidad en la capital. La protesta exigió el cese de las presuntas extorsiones, mayor seguridad y la destitución del director del centro penitenciario. La respuesta de los familiares convirtió una denuncia difundida en redes en un conflicto público con efectos sobre el conjunto de la ciudad, y colocó la gestión del penal en la agenda de las autoridades estatales.
La lectura
El caso de San Miguel muestra cómo el deterioro penitenciario se traslada a las familias. Cuando el control interno pasa a manos de los propios internos, la extorsión deja de ser un delito excepcional y se vuelve un mecanismo de gobernanza informal: se cobra por no golpear, se golpea para cobrar y se sostiene el sistema con la falta de personal de seguridad que la CNDH documenta. La calificación de 5.31 no es un dato menor: es el registro oficial de que las condiciones que la activista denunció ya estaban identificadas por el organismo autónomo.
La evidencia disponible permite afirmar que existe una denuncia pública, un diagnóstico oficial que la respalda y una movilización de familiares. Lo que no consta todavía es una investigación formal de la fiscalía sobre los cobros, la identificación de los internos que controlan la zona W ni una evaluación independiente de las condiciones de esa área. Sin esos elementos, la denuncia permanece en el terreno de la acusación pública y del diagnóstico institucional, no en el de imputación o sentencia.
Qué sigue
La presión de los familiares, que ya bloqueó la ciudad, apunta a tres demandas concretas: frenar las extorsiones, reforzar la seguridad y remover al director del penal. La respuesta institucional está por verse. También queda por esclarecer qué medidas adoptó la autoridad penitenciaria después de la publicación del diagnóstico de la CNDH y por qué persisten las condiciones que documentó. La denuncia de una organización con trabajo directo en reinserción y el respaldo documental del organismo autónomo configuran una base suficiente para exigir una investigación sobre los hechos, no solo sobre la difusión de la denuncia.