SEGURIDAD · HIGH
Captura de los Estrada en Panamá expone la narcopolítica en Manabí
Jaime Estrada Bonilla y su hijo Jaime Estrada Medranda, acusados en Nueva York por narcotráfico y armas, fueron arrestados en Panamá. El caso reaviva la historia de penetración criminal en las élites políticas y empresariales de la provincia.
La captura en Panamá de Jaime Estrada Bonilla y su hijo Jaime Estrada Medranda, acusados en Nueva York por narcotráfico y tenencia de armas, evidencia la continuidad de la penetración criminal en las élites políticas y empresariales de Manabí. El expediente estadounidense señala que una empresa pesquera de Manta habría servido para enviar cocaína de las FARC a Norteamérica. El caso se suma a una s
La captura en Panamá de Jaime Estrada Bonilla y su hijo Jaime Estrada Medranda, acusados por narcotráfico y tenencia de armas de fuego en Nueva York, evidenció una vez más el nivel de penetración criminal en las élites políticas y empresariales de Manabí. El arresto, conocido este noviembre, no es un episodio aislado: se inscribe en una trama de más de dos décadas en la que la provincia ha visto desfilar gobernadores, alcaldes, jueces y empresarios vinculados al crimen organizado.
El expediente estadounidense revela cómo una de las principales empresas pesqueras de Manta sirvió de plataforma para el envío de cocaína de las FARC hacia Norteamérica. Los Estrada habrían operado aliados a 'Patucho Celso', narcotraficante y financista de Los Choneros, según la información conocida. La acusación en Nueva York incluye narcotráfico y tenencia de armas, delitos que, de comprobarse, confirmarían la conexión entre la actividad empresarial legal y el tráfico internacional de drogas.
El caso de los Estrada se suma al de Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, procesada por la Fiscalía como líder de una red de corrupción ligada a Los Choneros que habría cobrado USD 5 millones en coimas de tránsito. Plúa logró medidas sustitutivas con grillete en 2026, lo que generó cuestionamientos sobre la eficacia de la justicia para frenar la infiltración criminal en los gobiernos locales. La mención de Los Choneros en ambos casos sugiere una trama de alianzas entre empresas, políticos y organizaciones narcodelictivas que operan en la provincia.
La historia de la narcopolítica manabita arrancó hace más de 20 años con las caídas del exembajador ecuatoriano en México, Medardo Cevallos Balda, y del exgobernador César Fernández Cevallos. Cevallos Balda fue investigado por la DEA por presunto narcotráfico a través de buques pesqueros, y su nombre se vinculó al asesinato del diputado Jaime Hurtado. Fernández Cevallos, por su parte, fue detenido en 2003 con 430 kilos de cocaína en Portoviejo y recapturado en 2012 por el envío de 115,8 kilos en contenedores portuarios. Desde entonces, la estructura mutó desde los cargamentos aéreos de los cárteles mexicanos hasta la cooptación de alcaldías, concejalías y cortes de justicia.
En las últimas dos décadas, Manabí enfrentó una seguidilla de crímenes, cobro de coimas en entidades de tránsito y manipulación de medidas judiciales. El sicariato cobró la vida de la fiscal provincial Luz Marina Delgado, del precandidato Gerardo Delgado, del candidato Omar Menéndez, del alcalde Agustín Intriago, de la alcaldesa Brigitte García y del fiscal Marcelo Vásconez, entre otros. Estos hechos, documentados por la Fiscalía y registros judiciales, configuran un patrón de violencia política que ha afectado la institucionalidad democrática de la provincia.
La lectura
La captura de los Estrada confirma que la penetración criminal en Manabí no se limita a actores marginales, sino que involucra a sectores empresariales y políticos de larga data. El expediente estadounidense, al señalar el uso de una empresa pesquera para el envío de cocaína, sugiere que la actividad económica formal ha sido utilizada como fachada para el narcotráfico. Esto plantea un desafío para las autoridades ecuatorianas, que deben investigar si existieron cómplices locales y si la estructura sigue operando.
El caso también pone en evidencia la dificultad de las instituciones judiciales para desmantelar estas redes. La medida sustitutiva otorgada a la alcaldesa Plúa, pese a la gravedad de las acusaciones, refleja las limitaciones del sistema para retener a los imputados mientras avanzan los procesos. La ciudadanía manabita ha sufrido las consecuencias de esta impunidad, con una ola de violencia que ha cobrado la vida de líderes políticos y funcionarios judiciales.
Qué sigue
Las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado sobre si solicitarán la extradición de los Estrada o si abrirán una investigación local por los vínculos con 'Patucho Celso' y Los Choneros. Tampoco se conoce si la empresa pesquera involucrada enfrenta algún proceso en Ecuador. La Fiscalía debería informar si existen otras personas imputadas en el país y si se ha solicitado cooperación internacional para acceder al expediente de Nueva York.
Queda por esclarecer el alcance de la red: si los Estrada actuaban solos o contaban con protección política, y si su arresto llevará a nuevas detenciones. La historia reciente de Manabí muestra que cada caso destapado ha revelado ramificaciones insospechadas. La sociedad civil y los organismos de derechos humanos exigen respuestas, mientras la provincia sigue esperando que la justicia actúe con la contundencia que el caso amerita.