Defensa de Jáuregui prevé revisión de apelaciones en dos meses

El abogado defensor de César Jáuregui Moreno, Héctor Villasana, confirmó que los recursos de apelación contra las decisiones de vinculación a proceso del exfiscal de Chihuahua están en trámite y podrían resolverse en aproximadamente dos meses. La defensa también impugna la prisión preventiva en un penal de alta seguridad. La información adquiere relevancia pública porque define el calendario inmediato de un caso que involucra señalamientos sobre la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad y porque permite anticipar si la medida cautelar que mantiene a Jáuregui privado de la libertad será revisada.

En entrevista, Villasana explicó que actualmente "están en trámite los recursos de apelación de las decisiones de vinculación a proceso dictadas tanto por el juez de Chihuahua como del Altiplano". Según el defensor, los magistrados tienen un plazo de dos a tres meses para analizar esos recursos, mientras la fiscalía y la defensa cuentan con un plazo de dos meses para presentar datos de prueba que sostengan sus teorías. La defensa de Jáuregui impugna la prisión preventiva en un penal de alta seguridad al considerar que no hay motivos para esa medida.

El caso se relaciona con la investigación sobre el operativo en El Pinal, Morelos, en el que se ha señalado la participación de personas de origen estadounidense. Villasana sostuvo que el reportaje del New York Times sobre Guillermo Zuany Portillo corrobora su posición de que no existe prueba directa de que Jáuregui haya autorizado la presencia de esas personas en el operativo. El abogado afirmó que no hay prueba directa de que el exfiscal haya autorizado la presencia de personas de origen estadounidense en el operativo de El Pinal.

De acuerdo con la versión del defensor, la investigación sugiere que Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, tenía alguna comunicación con agencias norteamericanas, pero que ello no acredita un vínculo con Jáuregui ni una orden suya para que agentes extranjeros participaran en el desmantelamiento de droga. Villasana pidió no confundir que el exfiscal supiera de un operativo en El Pinal con la autorización de personas de origen norteamericano en campo. La defensa sostiene que la comunicación atribuida a Zuany Portillo con agencias extranjeras no acredita una orden de Jáuregui.

La vinculación a proceso es una resolución judicial que sujeta a una persona a un procedimiento penal, pero no equivale a una sentencia ni define por sí sola la responsabilidad. En este caso, las apelaciones buscan revertir esa decisión en dos jurisdicciones: Chihuahua y el Altiplano. La defensa también busca modificar la medida cautelar que mantiene a Jáuregui en un penal de alta seguridad, lo que, de prosperar, cambiaría las condiciones de su reclusión mientras avanza el proceso.

La lectura

El anuncio de Villasana no resuelve el fondo del caso, pero ordena el calendario judicial inmediato. La resolución de las apelaciones en un plazo estimado de dos meses definirá si la vinculación a proceso se mantiene o se revierte. La impugnación de la prisión preventiva añade un segundo frente: si los magistrados revisan la medida cautelar, el exfiscal podría dejar el penal de alta seguridad. El defensor no presentó documentos nuevos sobre el operativo, sino que reiteró su lectura del reportaje periodístico y de la investigación sobre Zuany Portillo. Falta que las autoridades judiciales resuelvan los recursos y que se conozcan los datos de prueba que la fiscalía y la defensa presenten.

Qué sigue

Los magistrados deberán analizar las apelaciones contra las vinculaciones a proceso dictadas en Chihuahua y el Altiplano. En paralelo, la fiscalía y la defensa tienen un plazo de dos meses para presentar datos de prueba. La defensa buscará que se revise la prisión preventiva en el penal de alta seguridad. No se ha informado de una fecha exacta para las resoluciones ni del contenido de las pruebas que se presentarán.