Defensor preso en el Altiplano pide a Sheinbaum revisar su caso y alerta de silenciamiento

Jesús Plácido Galindo escribió una carta desde el penal del Altiplano dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el texto, difundido el domingo 8 de noviembre, el activista mixteco pide que se revise su caso y sostiene que su encarcelamiento responde a su labor de denuncia, no a un delito. La misiva convierte una detención ocurrida en julio en un asunto de interés público: pone frente al gobierno federal la pregunta de si las instituciones de Guerrero están usando la justicia penal contra quienes documentan la violencia y las complicidades con el crimen organizado.

Plácido Galindo tiene 41 años y se identifica como campesino del pueblo ñú saavi (mixteco) de Buenavista, en San Luis Acatlán, Guerrero. Está preso desde el 17 de julio en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, imputado por homicidio calificado. La Fiscalía de Guerrero lo acusa del asesinato de José Pablo Bartolo Xanteco, ocurrido el 30 de octubre de 2021.

El activista afirma que fue encarcelado por denunciar la complicidad de más de doce gobiernos municipales, el estatal y el federal con los cárteles del crimen organizado en Guerrero. En la carta se identifica como delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Su argumento central es una pregunta: “¿Cómo podría yo cometer un crimen si siempre estaba acompañado de policías estatales, Guardia Nacional, Policía Federal, con un botón de pánico y un teléfono satelital?”. Desde 2020 contaba con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y era escoltado por elementos federales.

La detención ocurrió el 17 de julio, cuando viajaba hacia Acapulco para entrevistarse con el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros. Fue interceptado en un retén en Monte Alto, San Marcos, acompañado de su esposa, quien atestiguó cómo decenas de agentes le cortaron el paso, lo arrestaron y esposaron tras confiscarle el teléfono y destruir su botón de pánico. En la carta, Galindo sostiene que Rodríguez Cisneros “cumplió con su amenaza de verme en la cárcel si no dejaba de hacer manifestaciones”.

La defensa cuestiona la solidez del expediente y sostiene que el caso tiene implicaciones políticas. Aron Díaz Salazar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha señalado que los testimonios que sostienen la acusación son débiles. Abel Barrera, fundador de la misma organización, ha relatado que el defensor pulsó en cuatro ocasiones el dispositivo de auxilio y que no hubo reacción institucional. El expediente, por ahora, no ha sido revisado públicamente por una instancia federal ni se conoce una respuesta de la Fiscalía de Guerrero a las acusaciones de motivación política.

La lectura

El caso de Plácido Galindo no es un episodio aislado. En la carta se consigna que el CIPOG-EZ, la organización donde milita, ha sufrido el asesinato de 86 de sus integrantes y la desaparición de otros 26. El propio activista resume el patrón: “Los defensores somos silenciados mediante la cárcel o la desaparición forzada”. La frase no es una consigna abstracta: describe una secuencia verificable en Guerrero, donde quienes denuncian a gobiernos municipales y a grupos criminales enfrentan detenciones, amenazas o desapariciones.

El documento también aborda un video en el que madres indígenas de Alcozacán, comunidad nahua de Chilapa de Álvarez, se dirigieron al presidente Donald Trump para pedir respaldo ante el temor de ser desplazadas. Plácido Galindo se deslinda de esa acción, aunque reconoce que las mujeres forman parte de su organización, y ratifica su confianza en el gobierno de Sheinbaum. Ese gesto no elimina la contradicción de fondo: el dirigente preso pide al mismo gobierno que lo encarceló que revise su caso.

La carta fue dirigida también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la gobernadora Evelyn Salgado, el Congreso de la Unión, medios y defensores. Hasta ahora no se conoce una respuesta pública de esas instancias.

Qué sigue

Falta que la Presidencia, la Secretaría de Gobernación o la Fiscalía de Guerrero confirmen si revisarán el expediente y si responderán a la solicitud de Plácido Galindo. También queda por esclarecer si el Mecanismo de Protección evaluó la destrucción del botón de pánico y la falta de reacción institucional reportada por Tlachinollan. El caso permanece en una zona de disputa: la Fiscalía sostiene una imputación por homicidio; la defensa y el activista afirman que se trata de una represalia por denunciar complicidades. Sin una revisión independiente del expediente, ninguna de las dos lecturas puede darse por cerrada.