Denuncian uso de documentos falsos con firma de Buenrostro para extorsionar a proveedores

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el uso de documentos oficiales falsificados que simulaban investigaciones contra empresarios y proveedores del gobierno para extorsionarlos. La denuncia, presentada el pasado 6 de agosto por el director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad, Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, quedó registrada con la clave FED/CDMX SZS/0003777/2026. El caso expone un mecanismo de extorsión que aprovecha la investidura de una funcionaria federal y la credibilidad de los procedimientos oficiales para generar temor entre quienes contratan con el Estado.

Los documentos apócrifos utilizaban el nombre y la firma de la secretaria Raquel Buenrostro para simular órdenes de investigación contra particulares y hacerles creer que enfrentaban procedimientos por supuestos ilícitos. Según la denuncia, los escritos eran presentados a empresarios y proveedores como supuestas instrucciones oficiales para investigar posibles irregularidades. Con ellos se les hacía creer que estaban bajo indagatoria y se les exigía dinero para detener los procedimientos. La dependencia recibió el 29 de julio una información anónima sobre un oficio que supuestamente había firmado Buenrostro, pero que la propia secretaria desconoció como un documento elaborado por ella.

Uno de los documentos identificados tiene fecha del 4 de junio de 2026 y atribuía a Ulises Lara, entonces fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR, una supuesta orden directa para investigar a proveedores del Gobierno. El oficio señalaba que, si alguno de los empresarios enlistados incurría en conductas contrarias a la legislación, debía iniciarse un procedimiento disciplinario y notificarse a la Fiscalía para que actuara dentro de sus atribuciones. Sin embargo, la supuesta instrucción formaba parte de los documentos que la Secretaría Anticorrupción denunció por falsificación. Lara renunció a la Fiscalía de Asuntos Relevantes el pasado 14 de julio sin mayores explicaciones ni aclaraciones públicas.

El mecanismo de extorsión consistía en mostrar los documentos apócrifos a los proveedores señalados y hacerles creer que existían investigaciones en su contra. Posteriormente, una persona no identificada se comunicaba con los empresarios y ofrecía intervenir ante Ulises Lara para frenar las supuestas indagatorias a cambio de dinero. Algunos proveedores alertaron directamente a Raquel Buenrostro sobre estas advertencias, situación que llevó a la funcionaria a emprender acciones legales.

La denuncia de la Secretaría Anticorrupción ante la FGR busca esclarecer la falsificación de documentos oficiales y deslindar responsabilidades, pero hasta ahora no se ha informado de detenciones ni de imputaciones contra los responsables de la extorsión. El expediente incluye la información anónima recibida y los oficios falsificados, pero la identidad de quienes operaban el esquema y su posible relación con estructuras internas o externas al gobierno no ha sido establecida públicamente.

La lectura

El caso revela un riesgo institucional: la suplantación de la firma de una secretaria de Estado para simular actos de autoridad y extorsionar a particulares. La confianza en la documentación oficial y en los procedimientos de investigación es un activo del Estado que puede ser explotado por redes de extorsión. La denuncia de la propia dependencia afectada es una respuesta institucional necesaria, pero también evidencia la vulnerabilidad de los canales de comunicación entre el gobierno y los proveedores. La mención de Ulises Lara en uno de los documentos apócrifos añade un elemento de opacidad, aunque no implica necesariamente su participación en los hechos; su renuncia a la Fiscalía de Asuntos Relevantes ocurrió semanas después de la fecha del oficio falso y sin explicaciones públicas, lo que deja preguntas abiertas sobre el contexto en el que se produjo.

La FGR tiene ahora la tarea de identificar a los autores materiales e intelectuales de la falsificación y la extorsión, así como de determinar si hubo omisión o colaboración de servidores públicos en el esquema. La denuncia fue presentada por la Secretaría Anticorrupción, pero la investigación penal está en manos de la Fiscalía General, que deberá actuar con independencia y transparencia para no dejar dudas sobre la integridad del proceso.

Qué sigue

La FGR debe integrar la carpeta de investigación FED/CDMX SZS/0003777/2026 y determinar las líneas de indagación. Hasta el momento no se conocen avances públicos sobre identificaciones, citatorios o órdenes de aprehensión. Tampoco se ha informado si los documentos falsificados fueron utilizados en más casos de los reportados o si otros funcionarios fueron suplantados. La Secretaría Anticorrupción no ha detallado cuántos empresarios fueron contactados ni si algunos pagaron las sumas exigidas. La renuncia de Ulises Lara a la Fiscalía de Asuntos Relevantes, ocurrida el 14 de julio, no ha sido explicada públicamente y podría ser relevante para el curso de la investigación, aunque se desconoce si tiene relación con este caso. El desafío para las autoridades es demostrar que la falsificación de documentos oficiales no quedará impune y que los proveedores del gobierno pueden confiar en la veracidad de las comunicaciones institucionales.