SEGURIDAD · HIGH
Familia de Silvia Gómez exige revisar arresto domiciliario a su presunto feminicida
Olegario N. permaneció prófugo seis años y hace un mes obtuvo arresto domiciliario; sus familiares temen que se sustraiga otra vez de la justicia.
Familiares de Silvia Gómez Cervantes se manifestaron en el Centro Integral de Justicia Penal de San Luis Potosí para exigir que se modifique el arresto domiciliario otorgado a Olegario N., presunto responsable del feminicidio cometido en 2017. El imputado estuvo prófugo casi seis años y faltó a una audiencia reciente, según su hermano, quien critica la decisión judicial y el trabajo de la Fiscalía
Familiares de Silvia Gómez Cervantes se manifestaron este miércoles por la tarde en el Centro Integral de Justicia Penal, adyacente al penal de La Pila, en San Luis Potosí, para exigir la modificación de la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a Olegario N., presunto responsable del feminicidio de Silvia, ocurrido en 2017. La protesta, con cartulinas y consignas, no es un episodio aislado: expone la tensión entre el derecho de las víctimas a la justicia y una decisión judicial que, a juicio de la familia, desconoce el riesgo de fuga que ya se materializó durante casi seis años.
Silvia Gómez Cervantes, de 48 años, fue reportada como desaparecida el 9 de junio de 2017 luego de salir de su casa en la Unidad Manuel José Othón. Su cadáver fue localizado el 24 de junio de ese año en la comunidad soledense de Cándido Navarro. Desde entonces, el caso transitó por una ruta larga: el presunto responsable se mantuvo prófugo de la justicia por cerca de seis años hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo capturó y lo puso a disposición de un juez de control. Sin embargo, hace un mes, el juzgador responsable de la causa penal determinó dictar arresto domiciliario en contra del imputado como medida cautelar, a pesar de que este había evadido la acción de la justicia durante un periodo prolongado, según relataron los manifestantes.
La familia sostiene que la decisión judicial no solo es desproporcionada frente a la conducta previa del imputado, sino que ya mostró una señal de riesgo: la semana pasada se realizó una audiencia a la que Olegario N. no se presentó. Así lo refirió Óscar Gómez, hermano de la víctima, entrevistado a las afueras de la sede penitenciaria. "Estuvo mucho tiempo prófugo, lo trajeron aquí al penal de La Pila y le dieron arraigo domiciliario hace un mes. Lo que queremos es justicia, y que vuelva a regresar aquí a la Pila", comentó. El temor explícito de la familia es que el imputado se haya fugado de nueva cuenta.
La protesta también apuntó a la actuación de la Fiscalía General del Estado. Óscar Gómez criticó el trabajo del Ministerio Público y consideró que la concesión judicial del arresto domiciliario impactó psicológicamente en toda la familia, porque dicha decisión no abona a generar condiciones de acceso a la justicia. En ese sentido, el caso de Silvia Gómez Cervantes se inscribe en un patrón más amplio de cuestionamientos a las medidas cautelares en delitos de alto impacto, donde la familia de la víctima queda fuera de la discusión sobre el riesgo procesal y debe recurrir a la movilización pública para intentar revertir una decisión judicial.
La lectura
El hecho central es que un juez de control otorgó arresto domiciliario a un imputado por feminicidio que había estado prófugo casi seis años. Esa decisión, por sí sola, no constituye una prueba de negligencia judicial, pero sí plantea una pregunta pública legítima: ¿qué criterios de riesgo procesal se evaluaron cuando el antecedente inmediato era una sustracción prolongada de la justicia? La familia de la víctima no cuestiona una sentencia, sino una medida cautelar que, a su entender, vuelve a poner en riesgo la comparecencia del imputado y, con ello, la posibilidad de un juicio.
La ausencia de Olegario N. en una audiencia la semana pasada, según el relato de Óscar Gómez, es un dato que no está confirmado por la autoridad judicial ni por la Fiscalía en la evidencia disponible. Si se confirma que el imputado faltó a una audiencia estando bajo arresto domiciliario, el debate dejaría de ser sobre la proporcionalidad de la medida y pasaría a ser sobre su incumplimiento y las consecuencias legales que ello acarrea. Ese es, hoy, el elemento que falta esclarecer.
Qué sigue
La familia exige que Olegario N. regrese al penal de La Pila y que se revise la medida cautelar. Para que esa demanda tenga cauce institucional, la autoridad judicial tendría que valorar si existen elementos nuevos que justifiquen modificar el arresto domiciliario, como la eventual incomparecencia a una audiencia. Hasta ahora, no hay en la evidencia una postura pública del juez de control, de la Fiscalía General del Estado ni de la defensa del imputado sobre la manifestación. La pregunta abierta es si el sistema de justicia de San Luis Potosí revisará de oficio la medida o si la familia deberá sostener la presión en la calle para que el caso no vuelva a diluirse en el tiempo.