FGR desmarca a tres señalados por seguridad del AICM; un investigado sigue en la carpeta

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó por escrito que Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, Óscar Humberto Bristrain Tenorio y Christian Pablo Varela no tienen la calidad de investigados, imputados o víctimas en la carpeta de investigación relacionada con presuntos ilícitos en el sector de seguridad aeroportuaria. La precisión importa porque separa a tres nombres que circularon en el debate público sobre los contratos de vigilancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de la condición jurídica que efectivamente tienen frente al Ministerio Público federal.

El oficio, fechado el 27 de octubre, fue suscrito por Edgar Alejandro Paredes Moreno, investigador de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. En el documento, la Fiscalía añadió que Sainz de la Maza Zúñiga no cuenta con investigación ni carpeta alguna a nivel federal en esa institución. Un oficio previo, del 13 de octubre y firmado por el agente del Ministerio Público Juan Alfredo Sánchez, ya había establecido que esa persona "no tiene calidad de investigado, imputado o víctima" en la carpeta FEITATA-MEX/0000928/2024.

La FGR desmarcó a tres personas señaladas en el debate sobre la seguridad del AICM, pero confirmó que Jorge Enrique Alberts Ponce, alias "El Yori", sí tiene la calidad de investigado por presuntos delitos. Esa distinción es central: una cosa es haber sido mencionado en la discusión pública sobre contratos y otra, muy distinta, estar sujeto a una investigación penal formal. La Fiscalía no informó en los oficios citados cuáles son los delitos que se investigan ni el estado procesal de esa indagatoria.

La dependencia también señaló que Serprosep, la empresa que obtuvo un contrato de la Secretaría de Marina para prestar servicios de vigilancia en el AICM, no es investigada por algún presunto ilícito. La Secretaría de Marina, por su parte, indicó que Serprosep fue constituida originalmente por José Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, y que ambos transmitieron la totalidad de sus acciones a terceros mediante una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de septiembre de 2024, por lo que dejaron de formar parte de la sociedad antes de la contratación.

La Marina sostuvo que no otorgó contratos a empresas investigadas por la FGR y que, de presentarse esa situación, daría vista a los órganos fiscalizadores; también dijo que esperaría una determinación firme de la autoridad jurisdiccional. Esa postura institucional deja abierta la pregunta sobre los controles previos a la asignación de contratos de seguridad en instalaciones estratégicas.

El caso tomó relevancia pública luego de que, en junio de 2026, se difundiera información sobre contratos asignados por la Secretaría de Marina a empresas encargadas de la seguridad de las Terminales 1 y 2 del AICM. Los acuerdos sumaron más de mil 194 millones de pesos y fueron relacionados con compañías cuyos vínculos empresariales estaban bajo escrutinio. La magnitud de esos montos y la naturaleza sensible del servicio —vigilancia en una de las principales puertas aéreas del país— explican por qué la discusión escaló más allá del terreno administrativo.

La lectura

El expediente público permite sostener una conclusión acotada: la FGR hizo una distinción jurídica expresa entre personas mencionadas y personas investigadas. Esa precisión no equivale a una exoneración ni a una absolución; significa que, hasta la fecha de los oficios, esas tres personas no figuran con calidad de investigados, imputados o víctimas en la carpeta citada. La diferencia es relevante en un contexto donde la mención pública de nombres puede producir efectos reputacionales difíciles de revertir.

Al mismo tiempo, la confirmación de que Alberts Ponce sí es investigado mantiene abierto el flanco penal del asunto. La evidencia disponible no permite afirmar qué delitos se le atribuyen, si existe una imputación formal ante un juez ni cuál es la etapa procesal. Tampoco permite vincular los contratos de vigilancia con la investigación penal más allá de la coincidencia de nombres y de la constitución original de Serprosep, que la Marina describió como previa a la contratación.

La lectura institucional que sí se sostiene es que el caso combina tres planos que suelen confundirse: la discusión contractual, la revisión administrativa y la investigación penal. Cada uno tiene autoridades, estándares y tiempos distintos. La FGR habla de una carpeta; la Marina habla de contratación y de una eventual vista a órganos fiscalizadores. Ninguna de las dos instancias informó, en la evidencia disponible, de sanciones administrativas firmes ni de sentencias.

Qué sigue

Queda por esclarecer el contenido y el avance de la investigación contra Alberts Ponce, así como si la carpeta FEITATA-MEX/0000928/2024 involucra a otras personas o empresas además de las mencionadas. También falta conocer si la Secretaría de Marina abrió algún procedimiento administrativo derivado de los contratos por más de mil 194 millones de pesos y si los órganos fiscalizadores recibieron alguna vista.

Para el lector, la distinción es práctica: la calidad de investigado no es una sentencia, y la falta de esa calidad en una carpeta determinada no clausura otras vías de revisión. La evidencia disponible no permite afirmar que el caso esté cerrado ni que las responsabilidades estén deslindadas por completo.