SEGURIDAD · HIGH
FGR investiga extorsión con oficios falsos contra contratistas del AICM
Las empresas Serprosep y Armour King, proveedoras de seguridad del aeropuerto, denunciaron el uso de documentos apócrifos con nombres de funcionarios para exigirles dinero.
La FGR investiga una extorsión contra Serprosep y Armour King, contratistas de seguridad del AICM, mediante un oficio falso que usaba los nombres de Raquel Buenrostro y Ulises Lara para exigir dinero a cambio de frenar revisiones administrativas. La denuncia la presentó la Secretaría de Anticorrupción; la FEMDO confirmó que las empresas no están investigadas, pero el caso expone riesgos de suplant
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un caso de extorsión contra las empresas Serprosep y Armour King, contratistas de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras la presentación de un oficio falso que utilizaba los nombres de funcionarios de alto nivel para exigir dinero a cambio de frenar indagatorias administrativas. El hecho, revelado por el periodista Mario Maldonado, adquiere relevancia pública porque involucra a proveedores estratégicos de una infraestructura crítica y porque muestra cómo documentos apócrifos pueden simular la autoridad del Estado para presionar económicamente a empresas.
El caso se habría desencadenado el pasado 4 de junio, cuando las compañías recibieron un supuesto oficio firmado por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. El documento simulaba revisiones administrativas contra las empresas y habría servido para exigir dinero a cambio de frenar las indagatorias. Según la columna de Maldonado, el nombre de Buenrostro fue utilizado para exigir dinero a empresarios relacionados con las compañías que vigilan el aeropuerto. Tras la aparición de estos documentos, Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director general de Asuntos Penales Estratégicos de la Secretaría de Anticorrupción, presentó una denuncia contra quien resultara responsable.
La investigación comenzó a citar a distintos empresarios vinculados con los contratistas del AICM, lo que generó dudas porque algunos tenían investigaciones en su contra. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) respondió el 13 de octubre que uno de los cuatro empresarios citados sí tenía calidad de investigado en la carpeta consultada. Sin embargo, la misma fiscalía confirmó que las empresas no figuraban como investigadas, lo que las deslinda de los señalamientos en su contra.
El contexto añade complejidad. Antes de que iniciara la investigación, el 8 de junio, diversos reportes periodísticos señalaron que Serprosep y Armour King tenían vínculos con personas señaladas en casos de tráfico de armas. El Grupo Aeroportuario Marina, que controla el AICM, indicó que ambas empresas acreditaron los requisitos para ofrecer servicios de seguridad en el aeropuerto y aseguró que las personas señaladas de Serprosep habían traspasado sus acciones a terceros en septiembre de 2024, antes de que las compañías obtuvieran los contratos con el gobierno. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad cuestionó esa explicación y sostuvo que las actas públicas consultadas no acreditaban la desvinculación de las personas señaladas. Pese a estas controversias, la FEMDO confirmó que las empresas no figuraban como investigadas.
Los contratos de vigilancia del aeropuerto siguen vigentes hasta mayo de 2027 y las contrataciones descritas superaban los 1,194 millones de pesos, según Maldonado. La magnitud de los recursos y la continuidad de los servicios convierten el caso en un asunto de seguridad aeroportuaria y de integridad en la contratación pública.
La lectura
El episodio revela un patrón de suplantación de identidad institucional para obtener beneficios económicos. No se trata solo de un fraude aislado: el uso de nombres de funcionarios de alto nivel —Buenrostro y Ulises Lara, entonces fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR— para simular autoridad y presionar a proveedores del Estado sugiere que los extorsionadores conocían los procedimientos administrativos y las estructuras de poder. La aparición del nombre de Lara abre una segunda línea de investigación, debido a que el exfiscal renunció el 14 de julio en medio de reportes sobre una investigación de contrainteligencia que habría detectado presuntas extorsiones y otros vínculos irregulares; Lara rechazó los señalamientos. Corresponde a la FGR identificar quiénes utilizaron esos nombres y hasta dónde llegó la maniobra.
Qué sigue
La FGR deberá determinar la identidad de los autores del oficio falso, el grado de conocimiento que tenían de las indagatorias administrativas y si existió una red dedicada a extorsionar a contratistas del AICM. También queda por esclarecer la relación entre este caso y las investigaciones previas sobre los contratistas, así como el alcance de la segunda línea que involucra a Ulises Lara. La vigilancia del aeropuerto seguirá en manos de las mismas empresas hasta 2027, lo que mantiene la presión sobre las autoridades para garantizar la transparencia en las contrataciones y la seguridad de la infraestructura.