Fiscalía de Chihuahua dice que a Maru Campos le ocultaron la operación de agentes de EU

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua salió a responder por escrito a una de las preguntas más delicadas que ha dejado la revelación de una presunta colaboración clandestina entre agencias estadounidenses y autoridades locales: quién sabía y quién autorizó. Su respuesta fue categórica: no existe en la carpeta de investigación ningún elemento que acredite que la gobernadora Maru Campos conociera o autorizara la participación de personas extranjeras en actividades operativas de la Fiscalía. Más aún, la dependencia sostuvo que la evidencia apunta en la dirección contraria: que esa información le fue ocultada a la titular del Ejecutivo estatal.

El pronunciamiento no surgió de la nada. Llegó después de que una investigación periodística internacional documentó la presunta intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua durante más de seis meses, con capacitación a policías, acompañamiento en despliegues armados y asesoría en decisiones tácticas desde 2025. El nombre que aparece en el centro de esa versión es el de Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, señalado por testigos de intentar ocultar la participación de los estadounidenses. Él ha defendido su actuación.

Lo que dice el expediente

La Fiscalía estatal no respondió con descalificaciones generales, sino con el detalle de su carpeta. El expediente del operativo realizado en abril en el municipio de Morelos, en la comunidad de El Pinal, reúne 150 declaraciones de 86 personas, además de documentos, dictámenes periciales y pruebas técnicas, y ninguno de esos elementos, afirma, involucra a la mandataria. La institución añadió un dato procesal relevante: un juez de control consideró probable esa circunstancia al dictar auto de vinculación a proceso contra uno de los implicados.

Ese respaldo judicial es, por ahora, el ancla más sólida de la versión oficial, pero también su límite. Un auto de vinculación no es una sentencia ni agota la investigación: el caso se encuentra en su etapa complementaria, dentro del plazo fijado por el órgano jurisdiccional. La Fiscalía precisó además que los señalamientos difundidos en medios provienen de una persona con orden de aprehensión vigente —Zuany Portillo— y que sus dichos no forman parte del proceso penal. Sobre la adscripción e identidad de los extranjeros, identificados en la carpeta únicamente como ciudadanos estadounidenses, dijo que no comentará documentos que no le hayan sido exhibidos legalmente.

La institución también tomó distancia de las versiones que circularon fuera del tribunal y subrayó que no fijará posturas sobre declaraciones vertidas fuera del expediente. La Fiscalía afirma mantener colaboración abierta con la Fiscalía General de la República, coordinación que, según su comunicado, busca garantizar el debido proceso y la certeza jurídica sobre los hechos ocurridos en la región de Morelos.

La lectura

El comunicado cumple una función política precisa: separar a la gobernadora del flanco más vulnerable del caso, la eventual autorización de operaciones extranjeras en territorio mexicano, un asunto que toca soberanía y que ya escaló al Senado, donde se pidió aclarar quién autorizó la incursión, y a la FGR, que acusa al exfiscal estatal César Jáuregui de presunta traición a la patria. La estrategia institucional consiste en trasladar la responsabilidad operativa hacia el exfiscal Zuany y presentar a la mandataria como receptora de información deliberadamente ocultada. Es una lectura plausible con la evidencia disponible, pero no está cerrada: la carpeta sigue en integración y las pruebas sobre la cadena de mando podrían ampliarse.

Hay además una zona que la Fiscalía dejó explícitamente sin responder: la identidad y adscripción de los agentes, y los documentos que sustentan la versión periodística. Sin esos elementos, la discusión pública seguirá dependiendo de filtraciones y declaraciones fuera de tribunal.

Qué sigue

La investigación complementaria definirá si la hipótesis del ocultamiento se sostiene en la etapa de juicio o si aparecen indicios de conocimiento previo en niveles superiores. En paralelo, el Senado y la FGR mantienen abiertos sus propios frentes sobre la autorización de la operación extranjera, y la situación jurídica de Zuany Portillo —con orden de aprehensión vigente— condiciona la credibilidad de las versiones que se cruzan en el caso. Lo que falta esclarecer es concreto: quién autorizó, quién sabía y qué documentos lo prueban.