Homicidios caen 50% en 2026, pero la violencia se concentra en 7 estados

El Gobierno Federal, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó su informe de seguridad con corte a octubre de 2026, un documento que busca consolidar la narrativa de éxito en materia de combate al crimen organizado y la delincuencia común. La cifra central es contundente: los homicidios dolosos han caído un 50% en el periodo analizado, descendiendo de una media de 86.9 diarios en septiembre de 2024 a 43.4 diarios en octubre de 2026. Este dato, destacado en las redes oficiales y en la comunicación política del equipo de seguridad, se presenta como el indicador principal de la efectividad de las estrategias implementadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo la dirección de Omar García Harfuch.

Sin embargo, el periodismo de datos y el análisis territorial desmontan la homogeneidad de este éxito. Al desglosar la información por entidad federativa, emerge un contraste preocupante: la violencia no ha desaparecido, se ha concentrado. Siete estados absorben el 52.5% de los homicidios registrados a nivel nacional. Este grupo de focos rojos incluye al Estado de México, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Morelos. En estas entidades, la dinámica delictiva sigue operando con alta intensidad, lo que sugiere que las políticas de seguridad han tenido un efecto limitado en las regiones donde la presencia de cárteles y estructuras criminales es más arraigada.

El caso de Guanajuato y el Estado de México es particularmente crítico. A pesar de los esfuerzos institucionales, estas entidades mantienen tasas de violencia por encima de la media nacional, lo que cuestiona la capacidad de las estrategias actuales para desarticular las economías ilegales locales. Por su parte, Baja California y Sinaloa, históricamente afectados por la violencia fronteriza y el narcotráfico, muestran que la contención de la violencia homicida no ha logrado estabilizar la percepción de inseguridad en la población, la cual sigue vinculada a otros delitos como extorsión y secuestro.

Más allá de las cifras de homicidios, el contraste de los datos oficiales revela focos críticos que no aparecen en el titular principal. Colectivos de derechos humanos y especialistas en seguridad señalan la persistencia de la crisis de personas desaparecidas como un tema pendiente que no se resuelve con la reducción de muertes. La búsqueda de los más de 100,000 desaparecidos en México sigue siendo una deuda histórica del Estado, y la reducción de homicidios no necesariamente implica una mejora en la capacidad de las autoridades para localizar a las víctimas de desaparición forzada.

Además, existe una preocupación técnica y política sobre la reclasificación ministerial en las fiscalías locales. Diversos expertos advierten que la forma en que se registran y clasifican los delitos puede estar inflando artificialmente las cifras de éxito en la investigación. Si los delitos graves se reclasifican como menores o si se archivan expedientes sin una resolución real, las estadísticas oficiales podrían reflejar una mejora en la eficiencia policial que no se traduce en justicia para las víctimas. Este fenómeno de "contabilidad criminal" ha sido señalado en ocasiones anteriores como un riesgo para la transparencia de los datos de seguridad.

La administración de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch enfrenta el desafío de comunicar estos avances sin ignorar las desigualdades territoriales. La caída del 50% en homicidios es un dato que debe ser celebrado si se verifica con auditorías independientes, pero no puede servir como excusa para descuidar las regiones que siguen siendo zonas de conflicto armado no internacional. La seguridad pública no es un juego de sumas cero donde el éxito en un estado implica el fracaso en otro; requiere una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la violencia.

Para el ciudadano común, el mensaje es claro: la estadística nacional puede mejorar, pero la experiencia diaria en estados como Guanajuato, Sinaloa o el Estado de México sigue siendo de alta vulnerabilidad. El gobierno federal deberá explicar cómo planea extender los beneficios de esta reducción de homicidios a las entidades que aún concentran la mayor parte de la violencia. De lo contrario, el informe de seguridad corre el riesgo de ser percibido como un ejercicio de comunicación política más que como una herramienta real de política pública.

Lo que observaremos a continuación es la reacción de los gobiernos estatales de los focos rojos ante estos datos nacionales. Si la violencia se ha desplazado o concentrado, es probable que veamos un aumento en la presión política sobre las autoridades locales para que rindan cuentas no solo sobre homicidios, sino sobre desapariciones y reclasificaciones de delitos. La transparencia en la metodología de conteo será la próxima batalla entre el gobierno federal y la sociedad civil.